El Gobierno de José Antonio Kast se prepara para anunciar un fuerte incremento en el precio de los combustibles, exacerbado por la inestabilidad en Medio Oriente, mientras simultáneamente ajusta el Mecanismo de Estabilización de Precios (Mepco) para reducir el subsidio estatal. La medida, que se oficializó este lunes a través de un decreto publicado en el Diario Oficial, busca mitigar el impacto de los shocks internacionales, pero anticipa un alza significativa en los precios para los consumidores.
El decreto, firmado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, modifica el cálculo del precio de paridad de importación de gasolina automotriz, petróleo diésel vehicular y gas licuado de petróleo, extendiendo el período de cálculo a cuatro semanas, en lugar de las dos semanas anteriores. Este cambio, que entrará en vigor este jueves 26 de marzo, implica que el precio de los combustibles reflejará un promedio más amplio de los precios internacionales, incluyendo períodos anteriores al reciente recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente.
La modificación del Mepco no se relaciona con el plazo de información de las variaciones de precios al consumidor, que sigue siendo de tres semanas y requiere una modificación legislativa para ser alterada. El ajuste se centra en el cálculo del precio de paridad, un componente crucial del Mepco que determina la rapidez con la que los shocks externos se incorporan al sistema. Al ampliar el período de cálculo a cuatro semanas, el decreto busca incorporar precios de febrero, previos al aumento significativo del crudo derivado del conflicto, lo que, en teoría, amortiguaría parcialmente el alza.
Sin embargo, expertos advierten que este efecto será limitado y que la alza en los precios será considerable. El Mepco funciona como un sistema de estabilización que combina promedios, bandas de referencia y ajustes tributarios a través del impuesto específico a los combustibles para suavizar el impacto de las fluctuaciones internacionales. El núcleo del sistema reside en el artículo 2° de la ley que lo crea (N° 20.765), donde se construye un precio de referencia intermedio utilizando promedios móviles basados en tres variantes: 𝑛 (semanas hacia atrás del precio del crudo), 𝑠 (semanas hacia atrás de los precios de los derivados del petróleo) y 𝑚 (meses hacia adelante de precios futuros).
Estos parámetros son fijados por decreto y deben tener una vigencia mínima de cuatro semanas. Los precios se mantienen dentro de una banda de ±5%, actuando como una zona de estabilidad para evitar variaciones bruscas. Un componente clave es el precio de paridad de importación, que representa el costo de importar el combustible a Chile y se calcula como un promedio reciente de precios internacionales, incluyendo transporte, seguros y tipo de cambio. Este parámetro, conocido como ‘t’ en la fórmula del Mepco, es el que ha sido modificado por el decreto de este lunes, fijándolo en su valor máximo permitido de cuatro semanas.
El artículo N° 3 de la ley introduce el impuesto específico variable, que se ajusta semanalmente para compensar las diferencias entre el precio base y el precio observado, con la restricción de que el precio al consumidor solo puede variar cada 21 días y dentro de umbrales acotados (2,4% para gasolinas o 0,25 UTM/m³ para el diésel).
Jorge Hermann, director de Hermann Consultores, explica que el cambio de parámetros amortiguará el alza al incorporar precios de febrero, pero señala que faltan otros decretos para un cálculo más preciso. Estos incluyen uno de la Comisión Nacional de Energía (CNE) sobre los cálculos de precios de la banda del Mepco y otro del Ministerio de Hacienda con el valor definitivo del impuesto específico a los combustibles. Con estos tres documentos, que se espera sean publicados este miércoles, ENAP podrá informar la variación de precios. Hermann anticipa una alza "relevante" y "poco habitual", resultado de la reducción del subsidio fiscal.
Juan Ortiz, economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC UDP), destaca que en las últimas semanas se han aplicado "importantes subsidios" estatales a través del Mepco para mantener acotado el precio mayorista, con alzas de $30 por litro de combustibles y $25/$26 para el diésel. Sin embargo, advierte que las condiciones actuales podrían impedir que el precio de paridad, más el componente variable inicial, se ubiquen dentro de la banda de precio de referencia, lo que resultaría en una variación del precio mayorista "mucho más amplia".
Ortiz explica que el nuevo cálculo reducirá el precio de paridad, disminuyendo el costo fiscal del Mepco, pero a costa de una mayor alza en el valor al público. En resumen, el ajuste del Mepco, aunque busca mitigar el impacto de la crisis internacional, inevitablemente se traducirá en un aumento significativo de los precios de los combustibles para los consumidores chilenos.
La decisión del gobierno se produce en un contexto de creciente preocupación por la inflación y el impacto de la guerra en Medio Oriente en la economía global. El anuncio de un paquete de ayudas para los grupos más vulnerables se espera en los próximos días, aunque los detalles aún no han sido revelados. La situación plantea un desafío considerable para el gobierno de Kast, que deberá equilibrar la necesidad de controlar la inflación con la protección de los sectores más afectados por el alza de los combustibles.
Además de los combustibles, fuentes internas del Ministerio de Hacienda indican que se están re-analizando proyectos de infraestructura clave, como la ampliación del aeropuerto de Santiago y las iniciativas en Viña del Mar, Chillán y Maule, en busca de posibles ajustes presupuestarios. La incertidumbre económica y la presión fiscal podrían llevar a la postergación o reducción de algunos de estos proyectos.
La reacción de los mercados y la opinión pública a los anuncios del gobierno será crucial en las próximas semanas. Expertos mantienen posturas divergentes, algunos prefieren esperar para evaluar el impacto real de las medidas, mientras que otros advierten sobre "señales de ajuste" que podrían indicar una política económica más restrictiva.
