Santiago, Chile – La policía civil chilena se encuentra en estado de shock tras la abrupta solicitud de remoción de la prefecta general Consuelo Peña, subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, por parte de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert. El hecho, revelado a fines de la semana pasada, ha generado un terremoto interno y ha levantado interrogantes sobre las motivaciones detrás de esta decisión, que podría marcar un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado en el país.
La prefecta Peña, la mujer de más alto rango en la institución, se encontraba desplegada en un operativo policial conjunto con Carabineros en Arica, específicamente en el cerro Chuño, cuando recibió la noticia. Su vasta experiencia en investigaciones complejas y su reconocida legitimidad dentro de la PDI, producto de resultados positivos en la gestión del crimen organizado, no fueron suficientes para evitar la solicitud de su remoción por parte de la ministra Steinert, apenas diez días después de asumir el cargo.
Fuentes internas confirman que la decisión apunta a un llamado a retiro, un acto administrativo que, debido a la ausencia de Peña en Santiago, tendrá efectos concretos este lunes. La medida ha provocado un profundo malestar en las filas policiales, ya que no se han aclarado las razones que motivaron a la ministra a solicitar su remoción. A pesar de las consultas realizadas por La Tercera al equipo de Comunicaciones del Ministerio de Seguridad, no se obtuvo respuesta al cierre de esta edición.
La situación es aún más inusual considerando que los movimientos en los altos mandos de las policías suelen ocurrir a fines de diciembre, como parte de una reorganización ordinaria. Un cambio a mitad de año solo se justifica, según fuentes conocedoras del tema, por la existencia de un hecho de gravedad que amerite la solicitud de renuncia. Hasta el momento, no se han notificado incidentes de tal magnitud que justifiquen la remoción de la prefecta Peña, lo que ha generado especulaciones sobre las verdaderas motivaciones de la ministra Steinert.
Entre las hipótesis que circulan, se menciona la posibilidad de que la decisión esté relacionada con diferencias previas entre Steinert y Peña, que se remontan a los tiempos en que la ministra ejercía como fiscal regional de Tarapacá. Se habla de desacuerdos en torno a traslados de oficiales en esa zona, que eran cercanos a la ex fiscal. Otra línea de investigación apunta a la reactivación de un incidente del pasado, ocurrido en marzo del año pasado, cuando la prefecta Peña denunció haber encontrado un paquete con droga perteneciente a su hijo en su domicilio en Valdivia.
El Ministerio Público abrió una investigación por narcotráfico, en la que el hijo de Peña fue citado como testigo. La PDI llevó a cabo una investigación interna que determinó que la prefecta no tenía antecedentes que la involucraran en el caso, lo que permitió que su continuidad en el alto mando no fuera cuestionada en 2025. Sin embargo, la ministra Steinert parece haber aprovechado este episodio para justificar su solicitud de remoción.
La decisión de Steinert ha abierto un flanco que podría complicar su gestión al frente del Ministerio de Seguridad. La ley orgánica de la cartera establece que la ministra no puede solicitar antecedentes de investigaciones penales en curso y que sus facultades se limitan al asesoramiento al Presidente en la conformación del alto mando. Los nombramientos, al ser realizados mediante Decreto Supremo, son de resorte presidencial, por lo que las renuncias deben ser solicitadas directamente por el Presidente José Antonio Kast.
Fuentes consultadas por La Tercera aseguran que, al menos hasta el viernes, no existían indicios de que el Presidente Kast haya instruido a la ministra Steinert a solicitar la remoción de la prefecta Peña. Además, se señala que el llamado a retiro, en este caso, podría estar dentro de las facultades del director de la PDI, Eduardo Cerna. No obstante, la PDI emitió un comunicado público confirmando el paso a retiro de Peña, lo que ha intensificado la controversia.
La noticia de la remoción de Peña comenzó a circular públicamente el sábado, gracias a una publicación en la red social X del senador Iván Flores (DC). En declaraciones a este medio, el senador expresó su preocupación por la fortaleza de la institución policial en la lucha contra el crimen organizado. “Me preocupa porque se toma una decisión tan equivocada, sin justificación real, y por lo tanto uno puede pensar cualquier cosa, como incluso que esto significa un ablandamiento de la lucha contra el crimen organizado”, afirmó Flores.
El senador añadió que este tipo de decisiones “genera vulnerabilidad al interior de la administración del Estado. Para esto se requiere a los mejores, y a la mejor de la PDI la están cortando de esta manera”. Flores emplazó al gobierno a transparentar las razones detrás de la remoción, sugiriendo que podría tratarse de un error de principiante por parte de la ministra Steinert. “Cualquier explicación administrativa que se pueda dar de este despido no es creíble. Las causas son tremendamente triviales, injustificadas, injustas y rascas. Hoy se coloca en precario la gestión más exitosa del alto mando de la PDI desde el retorno a la democracia. Que me desmientan si quieren”, concluyó el senador.
La remoción de la prefecta Peña ha generado un clima de incertidumbre en la PDI y ha puesto en tela de juicio la independencia de la policía civil frente a las decisiones políticas. La falta de transparencia en la justificación de la medida ha alimentado las especulaciones y ha levantado interrogantes sobre el futuro de la lucha contra el crimen organizado en Chile. La oposición ha exigido al gobierno una explicación clara y contundente sobre los motivos que llevaron a la ministra Steinert a solicitar la remoción de una de las figuras más destacadas de la PDI. El caso promete generar un debate profundo sobre el rol de la policía civil en la administración del Estado y la necesidad de proteger su autonomía frente a las presiones políticas.
