Ciudad de México – Vecinos y representantes de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) de las colonias Granada y Ampliación Granada, en la alcaldía Miguel Hidalgo, han alzado la voz contra lo que consideran un proceso viciado y excluyente en la posible implementación de parquímetros en su zona. Las acusaciones apuntan directamente a la administración de Mauricio Tabe, a quien señalan de priorizar la opinión de residentes de nuevos desarrollos habitacionales, marginando a los habitantes históricos y a la mayoría de las COPACO legítimamente constituidas.
La controversia se centra en las mesas de trabajo que la alcaldía ha realizado para recabar la opinión de los vecinos sobre el proyecto de parquímetros. Según los denunciantes, estas mesas han estado dominadas por la participación de personas que viven en condominios y edificios de reciente construcción, dejando de lado a los residentes que han construido comunidad en la zona durante años. Esta situación, argumentan, genera serias dudas sobre la representatividad del proceso y la legitimidad de cualquier supuesto respaldo vecinal al proyecto.
“Nos preocupa profundamente la forma en que se está llevando a cabo esta consulta”, declaró Hilda Escalona Reza, vecina y vocera del grupo inconforme. “Se ha priorizado la voz de quienes llegaron recientemente a la colonia, dejando de lado a quienes hemos vivido aquí por años y conocemos las necesidades reales de la comunidad. No se ha consultado a los habitantes históricos, a quienes han construido esta comunidad y cuya voz es fundamental en cualquier decisión que afecte nuestro espacio público”.
La inconformidad se extiende a la falta de convocatoria y participación de la mayoría de las COPACO de la zona. Los representantes de estas comisiones señalan que no fueron informadas ni tomadas en cuenta en el proceso de consulta, lo que vulnera los principios de participación ciudadana y pone en entredicho la transparencia de la administración municipal.
“Una COPACO no puede asumir la voz de toda la comunidad, especialmente cuando existen elementos que apuntan a su cercanía con intereses vinculados a desarrollos inmobiliarios”, advirtió Escalona Reza. “Esto genera dudas razonables sobre la imparcialidad del proceso y nos hace preguntarnos si realmente se está buscando el beneficio de todos los vecinos o si se están favoreciendo intereses particulares”.
La acusación de favoritismo hacia los desarrolladores inmobiliarios es particularmente grave, ya que sugiere que la implementación de los parquímetros podría estar motivada por la necesidad de generar ingresos para financiar proyectos de infraestructura que beneficien a los nuevos desarrollos, en detrimento de las necesidades de la comunidad existente.
Los vecinos y representantes de las COPACO insisten en que su postura no es de rechazo absoluto al diálogo ni a la posibilidad de implementar parquímetros en la zona. Sin embargo, exigen que cualquier decisión en materia de movilidad se construya mediante procesos legítimos, transparentes e incluyentes, en los que participen todas las voces de la comunidad.
“No estamos en contra de buscar soluciones para mejorar la movilidad en la zona, pero exigimos que se haga de manera justa y equitativa”, afirmó Escalona Reza. “Queremos que se nos escuche, que se tomen en cuenta nuestras opiniones y que se construyan soluciones que respondan al interés colectivo, no a los intereses de unos pocos”.
Ante esta situación, los vecinos y representantes de las COPACO han anunciado que solicitarán formalmente a la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) la instalación de una mesa de trabajo, con el objetivo de que se escuche de manera integral a la comunidad, se garantice un proceso representativo y se construyan soluciones que respondan al interés colectivo.
Este caso pone de manifiesto la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones que afectan a las comunidades locales. La falta de transparencia, la exclusión de ciertos grupos y la posible influencia de intereses particulares pueden socavar la confianza de los ciudadanos en sus autoridades y generar conflictos sociales.
La alcaldía Miguel Hidalgo aún no ha emitido una respuesta oficial a las acusaciones. Sin embargo, la presión de los vecinos y representantes de las COPACO está aumentando, y se espera que la administración de Mauricio Tabe tome medidas para abordar las preocupaciones planteadas y garantizar un proceso de consulta más justo y transparente.
Este incidente se suma a una serie de controversias que han surgido en los últimos meses en relación con la implementación de políticas de movilidad en la Ciudad de México. En otras alcaldías, también se han registrado protestas y denuncias por la falta de participación ciudadana y la priorización de intereses particulares.
La situación en Miguel Hidalgo subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y garantizar que las autoridades municipales escuchen y tomen en cuenta las opiniones de todos los vecinos, especialmente de aquellos que han sido históricamente marginados. Solo así se podrá construir una ciudad más justa, equitativa y democrática.
La experiencia de las colonias Granada y Ampliación Granada sirve como un llamado de atención para otras comunidades de la Ciudad de México. Es fundamental que los ciudadanos se organicen, se informen y participen activamente en la toma de decisiones que afectan su vida cotidiana. La participación ciudadana es la clave para construir una ciudad más habitable y sostenible para todos.
