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Dos hombres detenidos en el sur de Quito por presunto abuso sexual en local comercial

Una alerta ciudadana llevó a la Policía hasta un establecimiento de La Michelena, donde una mujer adulta habría sido víctima de un delito de abuso sexual

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Dos hombres detenidos en el sur de Quito por presunto abuso sexual en local comercial
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La Policía Nacional detuvo a Wladimir Querido y Juan Carlos Acosta por el presunto abuso sexual de una mujer adulta en un local comercial del sur de Quito. La captura se produjo el pasado sábado 25 de julio tras una alerta ciudadana que permitió la rápida intervención de los agentes en el sector de la avenida Michelena. Durante el operativo, las autoridades constataron que uno de los implicados tenía una boleta de captura vigente. Como parte de la evidencia, fueron incautados dos teléfonos celulares que serán analizados técnicamente para esclarecer los hechos. La víctima ya interpuso la denuncia formal y el caso se encuentra bajo la responsabilidad de la Fiscalía, entidad encargada de coordinar la instrucción fiscal y definir la situación jurídica de los aprehendidos.

En un operativo desplegado en el sur de la ciudad de Quito, efectivos de la Policía Nacional lograron la aprehensión de dos ciudadanos presuntamente implicados en un delito de abuso sexual contra una mujer adulta. El incidente tuvo lugar en un establecimiento comercial situado en la intersección de la avenida Michelena y la calle Sargento Rafael Grau, un sector donde la vigilancia policial se ha mantenido activa para prevenir este tipo de hechos delictivos.

La intervención de las autoridades fue posible gracias a una alerta ciudadana, la cual permitió que los uniformados llegaran con prontitud al lugar de los hechos. De acuerdo con los reportes oficiales, el procedimiento se llevó a cabo aproximadamente a las 21:30 del sábado 25 de julio de 2026. En ese momento, agentes pertenecientes al Distrito Eloy Alfaro se encontraban realizando patrullajes preventivos en la zona cuando fueron notificados sobre una posible agresión que estaba ocurriendo en el interior del negocio mencionado.

Al ingresar al inmueble, los servidores policiales localizaron a una mujer adulta que, según las primeras indagaciones y la situación encontrada, habría sido víctima de un delito sexual. Ante la gravedad de la situación, los agentes procedieron a poner a la víctima a buen recaudo de manera inmediata. Siguiendo los protocolos institucionales establecidos para el manejo de casos de violencia sexual, la mujer recibió atención inmediata para garantizar su integridad física y psicológica en los primeros momentos posteriores al suceso.

Posteriormente, la víctima procedió a interponer la denuncia formal ante las autoridades competentes, iniciando así el proceso legal correspondiente para el esclarecimiento de los hechos y la búsqueda de justicia. Este paso es fundamental para que la Fiscalía pueda avanzar en la instrucción fiscal y recopilar las pruebas necesarias para el juicio.

Durante el operativo de intervención dentro del local comercial, la Policía procedió a la detención de dos hombres, quienes fueron identificados plenamente como Wladimir Querido y Juan Carlos Acosta. Ambos fueron aprehendidos por su presunta participación en la agresión sexual reportada. Tras la detención, los uniformados realizaron una verificación de los antecedentes de los sospechosos a través del sistema policial.

Durante esta revisión, los agentes constataron que uno de los detenidos contaba con una boleta de captura vigente emitida por una autoridad judicial. No obstante, el reporte policial no precisó cuál de los dos individuos era el sujeto de la orden de captura, ni detalló la causa legal o el delito por el cual había sido requerida su detención previa, dejando este punto pendiente de resolución en el ámbito judicial.

Una vez efectuadas las capturas, los aprehendidos fueron informados de sus derechos constitucionales, conforme lo dicta la ley ecuatoriana. Acto seguido, fueron trasladados a un centro de salud para recibir una valoración médica obligatoria, procedimiento estándar que busca registrar el estado físico de los detenidos al momento de su ingreso al sistema judicial. Posteriormente, quedaron a órdenes de la autoridad competente, quien será la encargada de definir su situación jurídica y determinar si dictará medidas cautelares mientras avanza la investigación.

En cuanto a la recolección de pruebas, la Policía Nacional procedió a la retención de dos teléfonos celulares que se encontraban en posesión de los sospechosos al momento de la detención. Estos dispositivos han sido ingresados como indicios bajo una estricta cadena de custodia, con el objetivo de evitar cualquier alteración de la información. Dichos equipos serán sometidos a análisis técnicos especializados para determinar si contienen datos relevantes que ayuden a reconstruir los hechos.

Finalmente, el caso ha quedado en manos de la Fiscalía, organismo que deberá conducir la investigación para establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió la presunta agresión. La entidad judicial analizará las pruebas recabadas y los testimonios para determinar el grado de participación y la responsabilidad penal de cada uno de los aprehendidos en este delito.

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