Casi dos años y tres meses después de que estallara el caso Metástasis, y un año después de que se levantaran las restricciones en su contra, Mayra Carolina Salazar Merchán volvió a comparecer ante la Corte Nacional de Justicia. Esta vez no lo hizo como procesada, sino para solicitar que se ejecute una disposición judicial que, según afirma, no se ha cumplido. En un escrito presentado ante la Sala Especializada de lo Penal, pidió que se ordene nuevamente el levantamiento de la prohibición de enajenar bienes que pesaba en su contra.
De acuerdo con el documento, esa medida fue levantada el 21 de marzo de 2025, luego de que se verificara el cumplimiento íntegro de las obligaciones derivadas de su sentencia. Sin embargo, sostiene que, pese a que la disposición fue notificada en dos ocasiones, las instituciones correspondientes no han ejecutado la orden. Como consecuencia, la restricción sobre sus bienes, que le impide venderlos o transferirlos, se mantiene vigente. En su escrito, Salazar hace énfasis en el tiempo transcurrido desde la emisión de la providencia sin que se haya dado cumplimiento.
Por ello, solicitó que se disponga de forma inmediata la ejecución de la orden y que se oficie de manera expresa a los registros de la propiedad de Guayaquil y Daule para que procedan con el levantamiento de la prohibición. Además, pidió que se entregue a su abogado patrocinador copias certificadas de los oficios dirigidos a esas instituciones, con el fin de realizar las gestiones administrativas necesarias para hacer efectiva la decisión judicial. Salazar también solicitó que su petición sea tramitada con prioridad, al tratarse, según expone, del cumplimiento de una disposición previamente emitida por la misma Sala.
El caso Metástasis, en el que Mayra Salazar fue sentenciada por delincuencia organizada, reveló una red de corrupción judicial vinculada al narcotráfico. Esta investigación se originó tras el análisis de los teléfonos de Leandro Norero, cuyos chats fueron extraídos luego de su muerte, suscitada el 3 de octubre de 2022 en la cárcel de Cotopaxi. La revelación de estos chats expuso una trama de coimas, favores y protección a figuras del crimen organizado dentro del sistema judicial ecuatoriano, sacudiendo los cimientos de la administración de justicia.
Salazar, quien se desempeñaba como relacionista pública de la Corte del Guayas al momento de su arresto, fue una de las figuras clave en la investigación. Su testimonio y la evidencia recolectada la vincularon directamente con la recepción de sobornos y la facilitación de procesos judiciales a cambio de dinero. La sentencia impuesta a Salazar marcó un hito en la lucha contra la corrupción en el país, aunque muchos consideran que la justicia aún tiene un largo camino por recorrer para desmantelar por completo las redes de influencia ilícita.
La solicitud de Salazar ante la Corte Nacional de Justicia pone de manifiesto las dificultades que enfrentan los ciudadanos para hacer valer sus derechos, incluso después de haber cumplido con las obligaciones impuestas por una sentencia judicial. La demora en la ejecución de la orden de levantamiento de la prohibición de enajenar bienes genera incertidumbre y afecta la capacidad de Salazar para reconstruir su vida y administrar su patrimonio.
La situación de Salazar también plantea interrogantes sobre la eficiencia del sistema judicial ecuatoriano y la necesidad de agilizar los procesos de ejecución de las decisiones judiciales. La falta de coordinación entre las diferentes instituciones y la burocracia excesiva pueden obstaculizar el cumplimiento de las sentencias y prolongar la situación de vulnerabilidad de los ciudadanos.
Actualmente, Mayra Salazar estaría fuera del país. Ella transmite parte de su estilo de vida a través de su cuenta de Instagram, en la que tenía, hasta el cierre de esta edición, más de 10 mil seguidores. Sus publicaciones muestran un estilo de vida aparentemente tranquilo, aunque la sombra del caso Metástasis sigue persiguiéndola. La controversia generada por sus publicaciones en redes sociales ha sido objeto de debate público, con algunos sectores de la sociedad que consideran que Salazar debería mostrar mayor arrepentimiento por sus acciones y otros que defienden su derecho a la privacidad y a la reconstrucción de su vida.
El caso de Mayra Salazar es un recordatorio de que la lucha contra la corrupción es un proceso complejo y prolongado que requiere de la participación de todos los actores de la sociedad. La transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de las instituciones son fundamentales para prevenir y combatir la corrupción y garantizar la justicia para todos los ciudadanos. La resolución de esta nueva solicitud ante la Corte Nacional de Justicia será un indicador importante de la voluntad del sistema judicial para cumplir con sus obligaciones y garantizar el respeto de los derechos de los ciudadanos, incluso aquellos que han sido condenados por delitos. La sociedad ecuatoriana observa atentamente el desarrollo de este caso, esperando que se haga justicia y que se envíe un mensaje claro de que la corrupción no quedará impune.
