El secretario jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería, se encuentra bajo el escrutinio público tras acusar a la Corte Constitucional de intentar influir en el dictamen del acuerdo bilateral entre Ecuador y los Emiratos Árabes Unidos. La denuncia, realizada en una entrevista, ha desatado una crisis política y un llamado a la transparencia por parte de la propia Corte.
Herrería afirmó que una funcionaria de la Corte, “a nombre de los jueces”, lo contactó para advertirle sobre posibles consecuencias negativas en el análisis del acuerdo si no cesaba sus críticas al organismo. Esta acusación, rápidamente amplificada por canales de comunicación gubernamentales y medios afines, ha generado una ola de indignación y ha reavivado la tensión entre el Ejecutivo y el poder judicial.
La declaración de Herrería coincide con una escalada de ataques gubernamentales contra la Corte Constitucional, recordando incidentes anteriores como la movilización convocada por el presidente Daniel Noboa en agosto de 2025, en respuesta a la no aprobación de ciertas leyes consideradas urgentes. Esta nueva confrontación plantea interrogantes sobre la independencia judicial y la posible instrumentalización política de la justicia.
Ante la gravedad de las acusaciones, la Corte Constitucional ha respondido con firmeza, exigiendo a Herrería que presente pruebas concretas que respalden sus afirmaciones. A través de una carta dirigida al presidente Noboa, Tania Fernanda Coyago y Álex Gustavo Flores, miembros del colectivo ‘Va por ti, Ecuador’, solicitan que se le pida al secretario jurídico que demuestre la existencia de la llamada amenazante.
La petición es clara y específica: Herrería debe proporcionar registros de llamadas entrantes y salientes desde y hacia la Corte Constitucional en un período determinado (desde el 1 de enero de 2026 hasta la fecha actual). Además, se le exige la identificación del número telefónico utilizado para realizar la comunicación, así como registros de agenda, bitácoras o cualquier otro documento interno que pueda corroborar el contacto.
La solicitud de pruebas ha sido calificada como “facilísima” por observadores políticos, dada la disponibilidad de registros telefónicos y documentales. Sin embargo, la falta de respuesta o la incapacidad de Herrería para presentar evidencia sólida podría socavar su credibilidad y poner en tela de juicio la veracidad de sus acusaciones.
La situación ha generado un debate nacional sobre los límites de la crítica al poder judicial y la necesidad de proteger la independencia de los jueces. Expertos en derecho constitucional advierten que las acusaciones infundadas pueden dañar la imagen de la Corte y erosionar la confianza ciudadana en las instituciones.
La Corte Constitucional, por su parte, ha reafirmado su compromiso con la transparencia y la imparcialidad, asegurando que analizará el acuerdo bilateral con Ecuador y los Emiratos Árabes Unidos de acuerdo con la Constitución y la ley. Sin embargo, la sombra de la sospecha lanzada por Herrería ha complicado el proceso y ha generado un clima de desconfianza.
El colectivo ‘Va por ti, Ecuador’ ha expresado su preocupación por la posible injerencia del Ejecutivo en el trabajo de la Corte y ha instado al presidente Noboa a tomar medidas para garantizar la independencia judicial. Asimismo, han llamado a la ciudadanía a estar atenta al desarrollo de los acontecimientos y a exigir transparencia a las autoridades.
La respuesta de Herrería a la solicitud de pruebas será crucial para determinar el rumbo de esta crisis política. Si logra presentar evidencia convincente, podría confirmar sus acusaciones y desencadenar una investigación exhaustiva sobre las presuntas prácticas de presión por parte de la Corte. Sin embargo, si no puede respaldar sus afirmaciones, podría enfrentar consecuencias legales y políticas.
El caso ha captado la atención de la comunidad internacional, con organizaciones de derechos humanos y defensores de la independencia judicial expresando su preocupación por la situación en Ecuador. La transparencia y el respeto al debido proceso son fundamentales para garantizar la legitimidad de las instituciones y la confianza ciudadana en el sistema de justicia.
La tensión entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional se produce en un contexto de desafíos económicos y sociales para Ecuador. El país enfrenta una crisis fiscal, altos niveles de pobreza y desigualdad, y una creciente inseguridad ciudadana. La estabilidad política y la independencia judicial son esenciales para abordar estos problemas y construir un futuro mejor para todos los ecuatorianos.
La próxima semana se espera que el presidente Noboa se pronuncie sobre el tema y defina las acciones a seguir. La ciudadanía ecuatoriana observa con atención el desarrollo de los acontecimientos, esperando una resolución que garantice la transparencia, la justicia y el respeto a las instituciones democráticas. La credibilidad del gobierno y la independencia del poder judicial están en juego.
