Santiago, Chile – El gobierno del Presidente José Antonio Kast ha entrado en una fase de intensa actividad política, implementando una estrategia de “copamiento” de la agenda nacional que ha dejado a la oposición desorientada y ha generado tensiones tanto dentro como fuera del oficialismo. La semana ha estado marcada por una serie de medidas paralelas – auditorías, retiro de decretos, anuncios económicos – que, según fuentes internas, buscan ocupar todos los frentes simultáneamente y forzar una reacción constante del resto de los actores políticos.
El Presidente Kast ha mantenido un perfil relativamente bajo, pero el retiro de diversos decretos ha sido suficiente para encender la alarma en distintos sectores. El mundo ambiental ha anunciado movilizaciones en respuesta a la eliminación de protecciones para áreas naturales, mientras que sindicatos como la CUT y la ANEF han reaccionado ante la incertidumbre generada por las medidas económicas. Las organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por la decisión del Ejecutivo de no adherir a una declaración sobre derechos LGBTIQ+ en la Organización de Estados Americanos (OEA), reactivando la agenda de diversidad.
La oposición, tanto en el Congreso como fuera de él, ha mostrado dificultades para responder a la ofensiva del gobierno. La avalancha de anuncios ha dejado a los partidos en una situación de constante reacción, evidenciando una falta de liderazgo y coordinación. El oficialismo, tras un acuerdo con el Partido por la Democracia (PPD), se ha apropiado de la mayoría de las comisiones de la Cámara de Diputados, con la excepción de la Comisión de Minería, que quedó en manos del PPD, un movimiento que ha sido interpretado como una estrategia para controlar el debate legislativo.
Sin embargo, la calma interna en el gobierno no está garantizada. La guerra en Irán ha puesto al Ministro de Hacienda bajo una intensa presión, dada la vulnerabilidad de la economía chilena a los shocks externos. El anuncio de una posible modificación al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) ha generado inquietud tanto en el Palacio de La Moneda como en el Congreso, ya que cualquier medida que afecte el bolsillo de los ciudadanos podría desencadenar protestas sociales. La decisión de implementar estos cambios a través del Parlamento o por decreto es un punto de debate crucial.
Otro tema pendiente es la postura del gobierno frente a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. La exmandataria realizó una visita inesperada a La Moneda, pero la decisión del Ejecutivo sobre si apoyará o no su postulación sigue siendo un misterio, reflejando la incertidumbre que caracteriza la política nacional en este momento.
La estrategia de “copamiento” implementada por el gobierno de Kast tiene sus raíces en modelos políticos experimentados en Estados Unidos. Un exalumno del Leadership Institute, un centro de formación de liderazgo con sede en Washington, recordó que cursos sobre la apropiación de la agenda fueron una parte fundamental de la formación en ese instituto, siendo implementados por primera vez por Ronald Reagan en 1980 y posteriormente replicados por Donald Trump. Según el exalumno, este modelo, que busca la aniquilación del oponente político, ha sido adaptado al contexto chileno por el Presidente Kast.
El exalumno relató que, hace 15 años, la estrategia parecía inviable en Chile, un país acostumbrado a la negociación y al pacto entre caballeros. Sin embargo, el triunfo de Kast en las elecciones presidenciales ha demostrado que este modelo puede ser efectivo en el contexto político actual. Una fotografía publicada por el exdiputado Gonzalo Arenas, mostrando a Kast junto a otros miembros del Leadership Institute, ha reforzado la idea de que la estrategia de “copamiento” es una parte integral del plan de gobierno.
Analistas políticos advierten sobre los riesgos de esta estrategia. Existe la preocupación de que las medidas implementadas por el gobierno dificulten la construcción de puentes con la oposición, que la falta de claridad en la comunicación genere confusión en los ministerios y que el ritmo acelerado de acción termine por desestabilizar la administración. La principal preocupación, sin embargo, es el temor a que la calle despierte y se produzcan protestas sociales.
El primer indicio de esta preocupación se manifestó con el caso de la ranita de Darwin. El retiro del plan de protección de esta especie provocó una reacción inesperada, obligando al gobierno a dar marcha atrás y devolver el decreto a la Contraloría General de la República. Esta decisión, aunque positiva para la conservación, también evidenció la capacidad de movilización de la sociedad civil y la necesidad de considerar el impacto político de las medidas implementadas.
Sin embargo, el retiro del decreto no solo afectó a las áreas protegidas. También puso en pausa normas que limitan las emisiones tóxicas de la industria y regulaciones clave para la gestión del agua, como el Decreto Supremo N° 6, que establece los límites de descarga de residuos líquidos a cuerpos de agua. El gobierno corrigió su error en el caso de la ranita, pero la verdadera pregunta es si sostendrá o no el conjunto de normas que limitan la actividad contaminante, ya que ahí se encuentra la tensión de fondo entre el crecimiento económico y la protección del medio ambiente.
Internamente, dentro de Chile Vamos, también existen disconformidades. Algunos miembros de la UDI y RN han expresado su malestar por la falta de consideración en los nombramientos, la demora en la distribución de seremías, la falta de información sobre el alza de los combustibles y los planes de reconstrucción habitacional. Estas críticas se suman a la “falta de prolijidad” en la instalación del gobierno en las regiones, como la designación de Pedro Marileo en Arauco, una decisión que ha sido cuestionada por su historial de defensa de la plurinacionalidad y sus vínculos con grupos que han atacado a Carabineros.
Mientras el Ministro de Hacienda intenta proyectar una imagen de firmeza, algunos sectores del gobierno advierten sobre el riesgo de que las medidas económicas afecten el bolsillo de los ciudadanos. La falta de respuesta a las interpelaciones parlamentarias por parte de los propios aliados del gobierno es una señal de alarma, indicando que la administración podría enfrentar un zafarrancho antes de consolidarse en el poder.
El clima político en Chile se puede medir tanto por el precio de la bencina como por las frases que emanan del Congreso. La instalación de las comisiones legislativas en la Cámara de Diputados ha generado declaraciones polémicas que reflejan el tono y las prioridades de los nuevos legisladores. El diputado Álvaro Carter, por ejemplo, habló de “recortes” para “florecer” y de un “país más pobre, pero más feliz”, mientras que Agustín Romero, presidente de la Comisión de Hacienda, predijo un aumento de $300 por litro en el precio de los combustibles.
La oposición, por su parte, se encuentra en una situación de desarticulación, sin un liderazgo claro y sin capacidad para articular una respuesta coherente a la ofensiva del gobierno. La estrategia de “copamiento” ha dejado al sector en una situación de desventaja, evidenciando las debilidades internas y la falta de coordinación. Un informe de coyuntura elaborado por el Frente Amplio reconoce estas debilidades y llama a la oposición a no reaccionar a cada polémica y a enfocarse en disputar el sentido común sobre lo que está ocurriendo en el país.
La situación política en Chile es compleja y volátil. El gobierno de Kast ha implementado una estrategia audaz que ha desestabilizado a la oposición y ha generado tensiones en diversos sectores de la sociedad. El futuro del país dependerá de la capacidad del gobierno para gestionar estas tensiones y construir consensos, así como de la capacidad de la oposición para superar sus divisiones y ofrecer una alternativa viable.
