El gobierno de José Antonio Kast ha encendido las alarmas en el mundo municipal con la propuesta de eliminar las contribuciones para adultos mayores en su primera vivienda, medida enmarcada dentro de su Plan de Reconstrucción Nacional. Si bien la iniciativa ha sido recibida con beneplácito por el objetivo de aliviar la carga tributaria de los adultos mayores, los alcaldes, incluso los oficialistas, advierten sobre el riesgo de desfinanciar a los municipios, especialmente aquellos que dependen en gran medida del Fondo Común Municipal (FCM).
La propuesta, que busca eliminar gradualmente el impuesto territorial para personas naturales respecto de su primera vivienda, comenzando por los adultos mayores, se fundamenta en la idea de que es “injusto” que este grupo etario continúe pagando contribuciones. El gobierno asegura que la disminución en los ingresos municipales será compensada a través de una combinación de transferencias desde el Fisco, racionalización de los presupuestos municipales y una mejora en la gestión de cobro de derechos de aseo. Sin embargo, esta promesa de compensación no ha logrado disipar las preocupaciones de los alcaldes, quienes temen que la realidad sea muy distinta.
Catalina San Martín, alcaldesa de Las Condes, fue una de las primeras en expresar su inquietud, advirtiendo que el gobierno “no se equivoque: esto no puede financiarse vaciando los municipios”. Su advertencia refleja el temor generalizado de que la eliminación de las contribuciones, sin un mecanismo de compensación robusto y sostenible, pueda poner en riesgo la capacidad de los municipios para financiar servicios esenciales como seguridad, salud, educación y desarrollo social.
La preocupación se extiende a lo largo del espectro político. Maximiliano Luksic, alcalde de Huechuraba, y Felipe Alessandri, de Lo Barnechea, han reiterado la importancia de las contribuciones para las arcas municipales. En una carta conjunta publicada en El Mercurio, los ediles argumentan que la discusión no debe limitarse a una elección entre mantener el sistema actual o eliminar el impuesto por completo. En su lugar, proponen una modernización del sistema que otorgue más certeza a los contribuyentes, especialmente en relación con su vivienda principal, y que establezca una base de contribución más estable, vinculada al valor de adquisición reajustado por la UF o el IPC.
“No es eliminar contribuciones, sino hacerlas más justas, previsibles y sostenibles”, afirman los alcaldes en su misiva. Subrayan la necesidad de municipios fuertes, con recursos para invertir, compensar desigualdades y desarrollar sus territorios, pero también un sistema tributario que no confunda la plusvalía estimada con la liquidez disponible.
Felipe Alessandri, en declaraciones a El Mostrador, señaló la importancia de analizar modelos como el de California, que fija el impuesto en base al valor de compra de la vivienda y limita sus alzas en el tiempo, evitando aumentos desproporcionados. “Ese tipo de enfoques pueden ser un buen punto de partida, pero siempre adaptados a la realidad chilena y asegurando que los municipios sigamos teniendo los recursos para responder a nuestros vecinos”, añadió.
La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, enfatizó la importancia del FCM, señalando que es el que “sostiene a las comunas más pobres del país”. Por lo tanto, el gobierno debe encontrar la forma de reemplazar esos ingresos en caso de eliminar las contribuciones. “Abolir el impuesto sin diseño puede ser pan para hoy y hambre para mañana, y los que van a sufrir las consecuencias son los vecinos que dependen de los servicios municipales”, advirtió.
José Manuel Palacios, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcalde de La Reina, propuso abordar una reforma más profunda que permita mantener o incluso aumentar la recaudación municipal, sin afectar a los adultos mayores. Sugiere capturar la plusvalía al momento de la compraventa de las propiedades, en lugar de mantener un esquema que se percibe como confiscatorio.
Desde la oposición, el alcalde de San Bernardo, Christopher White, advirtió que el FCM representa en promedio el 40% de los presupuestos municipales, pero en algunas comunas alcanza hasta el 80%. “El impuesto de contribuciones permite que los municipios del Chile menos favorecidos puedan invertir en seguridad, en ayuda social, en recuperación del espacio público, en salud, en deporte, en cultura. Es decir, es un instrumento fundamental para combatir la desigualdad”, declaró. Si bien reconoce la justicia de eliminar las contribuciones para la primera vivienda de los adultos mayores, advierte que ampliar la medida tendría un impacto perjudicial en las comunas con menos recursos.
Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal, enfatizó la necesidad de un debate más profundo sobre el financiamiento municipal en términos estructurales, que debe incluir la discusión sobre las contribuciones. Considera que el gobierno debe tomar en cuenta esta perspectiva si quiere dar una discusión real y de cara a la ciudadanía.
El gobierno planea aprobar la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda durante el primer semestre de 2026, para que entre en vigor a partir del segundo semestre, beneficiando inicialmente a los adultos mayores. Sin embargo, el éxito de esta iniciativa dependerá en gran medida de la capacidad del gobierno para convencer a los municipios y al Congreso de que la compensación propuesta es suficiente y sostenible.
El debate está abierto y promete ser intenso. La tensión entre el deseo de aliviar la carga tributaria de los adultos mayores y la necesidad de garantizar el financiamiento de los municipios plantea un desafío complejo para el gobierno de Kast. La clave estará en encontrar un equilibrio que permita avanzar hacia una mayor justicia social sin comprometer la capacidad de los municipios para brindar servicios de calidad a sus vecinos. La falta de diálogo con los municipios, según denuncian los alcaldes, complica aún más la situación y podría conducir a un estancamiento legislativo.
