El Servicio de Administración Tributaria (SAT), bajo la dirección de Antonio Martínez Dagnino, ha despojado de su autorización para recibir donativos a más de 100 organizaciones de la sociedad civil, además de dar de baja a otras 13, generando una profunda preocupación en el sector y encendiendo alertas sobre un posible retroceso en la participación ciudadana y la crítica constructiva al gobierno. La medida, revelada a través de un documento oficial de la dependencia, se justifica en el incumplimiento de requisitos legales para mantener la autorización de donatarias, pero analistas y representantes de las organizaciones afectadas denuncian un posible sesgo político y un intento de limitar su capacidad de acción.
La justificación oficial del SAT se centra en que las organizaciones “no reúnen los requisitos relativos a la autorización para recibir donativos deducibles conforme a las disposiciones legales vigentes”. De acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), aquellas organizaciones que no logren recuperar su autorización en un plazo de 12 meses estarán obligadas a destinar todo su patrimonio a otra donataria autorizada, lo que en la práctica podría significar su desaparición o una drástica reducción de su capacidad operativa.
Entre las organizaciones afectadas se encuentran nombres de gran relevancia en el ámbito social y académico, como Mexicanos Primero, dedicada a la promoción del derecho a la educación; México Evalúa, especializada en el análisis de políticas públicas y la medición de la impunidad; y el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), enfocado en el desarrollo económico y la competitividad del país. La inclusión de estas organizaciones en la lista ha levantado sospechas sobre la intención real detrás de la medida, dado su historial de análisis crítico y propuestas alternativas a las políticas gubernamentales.
Mexicanos Primero, por ejemplo, ha publicado desde 2009 más de 20 estudios sobre el estado de la educación en México, incluyendo investigaciones como “(Mal) Gasto: Estado de la Educación en México”, que expuso la ineficiencia y opacidad en el manejo del presupuesto educativo, y “Ahora es cuando (Metas 2012-2024)”, un documento que proponía una hoja de ruta para transformar la educación básica en el país. México Evalúa, por su parte, ha destacado por su informe anual “Hallazgos”, que monitorea la consolidación del Sistema de Justicia Penal y evalúa las políticas de seguridad nacional, así como por su trabajo en la prevención de la corrupción. El Imco, con sus investigaciones sobre economía, mercado laboral, energía y género, ha sido un referente en el debate sobre el desarrollo económico del país.
La raíz del problema, según explican diversas fuentes, se encuentra en la reciente Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, publicada en mayo de 2023, y su reglamento interior, publicado en noviembre de 2024. Estas normativas limitaron la validez de las constancias emitidas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a través del Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (Reniecyt), generando un vacío legal que dificulta la acreditación de las organizaciones que realizan actividades de investigación científica y/o tecnológica. La nueva legislación no prevé un mecanismo claro para que estas organizaciones puedan acreditar su actividad, lo que ha llevado al SAT a revocarles la autorización para recibir donativos.
Las organizaciones afectadas han manifestado su disposición a resolver los trámites necesarios ante el SAT, pero denuncian la falta de claridad en los requisitos y la lentitud en la respuesta de la autoridad. Rechazan las acusaciones de incumplimiento fiscal y advierten que la medida no solo afecta su capacidad de recibir donativos, sino también su credibilidad ante la sociedad y su capacidad para llevar a cabo su trabajo.
Saskia Niño de Rivera, activista y cofundadora de Reinserta, lamentó que el gobierno no reconozca la importancia de la sociedad civil organizada y su papel en la generación de soluciones a los problemas del país. “Es evidente que el gobierno no puede hacer todo, y para generar comunidad necesitamos la participación de la sociedad civil. Desafortunadamente, en el sexenio pasado hubo restricciones cuyo objetivo era que el gobierno entregara directamente dinero a las personas, cosa que no soluciona el problema, y se difamó a las organizaciones de la sociedad civil”, declaró. Niño de Rivera enfatizó la necesidad de mejorar los procesos de transparencia, pero rechazó la idea de “cancelar” a las organizaciones.
Michael Chamberlin, activista, calificó la medida como un “cierre democrático” y advirtió que atenta contra el derecho a la participación ciudadana y el escrutinio público. “Si este gobierno se dice de acuerdo con la democracia participativa, debe incentivar esta forma de participación y no inhibirla. Si está de acuerdo con la democracia participativa debe estar abierto a la crítica y al escrutinio público”, afirmó. Chamberlin señaló que la reducción de las posibilidades de donación a las organizaciones de la sociedad civil es una tendencia que se ha acentuado en los últimos años y que representa un peligro para la salud de la democracia.
Carlos Torres, especialista en ONG y académico de la UNAM, consideró que la medida del SAT exhibe a tres organizaciones que han sido críticas con las políticas de la administración federal pasada y actual. “Esto es muy relevante porque estas tres organizaciones enfrentarán dificultades de financiamiento, ya que muchos de los donantes no querrán seguir manteniendo los apoyos”, explicó. Torres advirtió que la medida podría tener un efecto disuasorio sobre otras organizaciones y limitar la capacidad de la sociedad civil para participar en el debate público.
La situación plantea serias interrogantes sobre el futuro de la sociedad civil en México y el compromiso del gobierno con la transparencia, la participación ciudadana y el respeto a la diversidad de opiniones. La medida del SAT, más allá de las cuestiones administrativas, parece reflejar una estrategia más amplia de control y limitación de los espacios de crítica y disidencia, lo que podría tener consecuencias negativas para la calidad de la democracia y el desarrollo del país. El debate sobre el papel de la sociedad civil y su financiamiento está lejos de concluir, y la resolución de este conflicto será crucial para definir el futuro de la participación ciudadana en México.
