El Gobierno central ha desatado una controversia legal y política al intentar tomar el control de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil (AAG) mediante un oficio ministerial que, según expertos, viola principios fundamentales del derecho público ecuatoriano. La medida, calificada como un “asalto” por analistas, ha generado preocupación en la ciudad y ha encendido las alarmas sobre una posible centralización excesiva del poder.
El conflicto se originó con el envío de un oficio por parte del Ministerio de Infraestructura y Transporte a la AAG, ordenando una “adecuación estatutaria” en un plazo de tan solo cinco días para que el ministerio asuma la administración de la autoridad aeroportuaria. El documento, descrito como “elemental” en su redacción y argumentación, se basa en una interpretación del artículo 261, numeral 10, de la Constitución, que otorga al Gobierno central competencia exclusiva sobre los “aeropuertos”.
Sin embargo, la interpretación del ministerio ha sido duramente criticada por juristas, quienes señalan que ignora el artículo 260 de la Constitución, que permite el ejercicio concurrente de competencias entre los diferentes niveles de gobierno. Además, argumentan que el ministerio está excediendo sus facultades al intentar imponer una decisión tan específica sin una base legal sólida.
“En el derecho público, solo se puede hacer lo que está expresamente permitido en una norma”, explica un abogado constitucionalista que prefirió mantener su anonimato. “Lo que está ordenando el Ministerio de Infraestructura y Transporte es un fruto de la fantasía, porque no hay norma que autorice de manera concreta a este ministerio a tomar decisiones tan específicas sobre el funcionamiento de otra institución”.
La acción del Gobierno central viola, según los expertos, los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, consagrados en el artículo 22 del Código Orgánico Administrativo (COA). Estos principios exigen que el Estado respete las expectativas razonables que ha generado en el pasado, y en este caso, la AAG ha gestionado el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de manera exitosa durante más de un cuarto de siglo, respetando el ejercicio de la competencia concurrente con el Gobierno central.
El cambio repentino de política, sin una justificación clara y motivada, socava la certeza y previsibilidad que son esenciales para el buen funcionamiento del Estado de Derecho. El artículo 22 del COA establece que el Gobierno central puede cambiar de política, pero debe hacerlo de forma “motivada”, es decir, debe poner en evidencia los hechos relevantes que justifican el cambio.
En el oficio ministerial, no se menciona ningún hecho relevante cometido por la AAG que justifique la intervención, ni se explica cómo la medida se ajusta a la norma constitucional citada. Esta falta de motivación, según los críticos, convierte la decisión en un acto de discrecionalidad arbitraria, violatorio del principio de juridicidad, contenido en el artículo 14 del COA.
La situación se agrava aún más por la percepción de que el Gobierno central está actuando de manera sesgada. Si bien podría aplicar su nueva política centralizadora a la gestión de los aeropuertos de Quito y Cuenca, se ha enfocado exclusivamente en Guayaquil, lo que ha generado sospechas de que la ciudad es el verdadero objetivo de esta operación.
“Quieren hacer de Guayaquil su botín”, afirma un líder empresarial local. “Esta medida no tiene ninguna justificación técnica ni legal, es simplemente una forma de castigar a la ciudad por su autonomía y su éxito”.
La Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil ha respondido a la orden del Ministerio de Infraestructura y Transporte solicitando una aclaración y argumentando que la medida es ilegal e inconstitucional. La AAG ha anunciado que defenderá su autonomía y su derecho a gestionar el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, y ha advertido que no permitirá que el Gobierno central la someta a su control sin una base legal sólida.
El conflicto ha generado una ola de críticas de la oposición política, que acusa al Gobierno central de utilizar tácticas autoritarias para debilitar a los gobiernos locales y centralizar el poder en sus manos. Los opositores han anunciado que presentarán una denuncia ante la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General del Estado para investigar la legalidad de la orden del Ministerio de Infraestructura y Transporte.
La situación es especialmente delicada en un momento en que Guayaquil se enfrenta a importantes desafíos, como el colapso del puente Gonzalo Icaza Cornejo y los problemas de infraestructura y servicios públicos. La intervención del Gobierno central en la gestión del aeropuerto podría afectar negativamente la economía de la ciudad y obstaculizar su desarrollo.
El futuro de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil y del aeropuerto José Joaquín de Olmedo está en juego. La decisión del Gobierno central ha abierto una crisis institucional que podría tener consecuencias graves para la ciudad y para el país. La comunidad guayaquileña espera que las autoridades competentes actúen con prontitud y transparencia para resolver este conflicto y garantizar el respeto a la autonomía y a los derechos de la ciudad.
