José Domingo Pérez Gómez, ex fiscal provincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios, ha sido removido de su cargo tras una decisión unánime de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). La JNJ determinó que Pérez Gómez no logró alcanzar la “convicción positiva” necesaria para renovar la confianza en su desempeño, poniendo fin a una etapa crucial en la lucha contra la corrupción en el Perú.
La decisión, comunicada formalmente a la Fiscalía, abre un nuevo capítulo en el caso de un fiscal que se convirtió en figura central en las investigaciones de alto perfil, incluyendo el escándalo Odebrecht y el caso Cócteles. La JNJ fundamentó su decisión en una evaluación exhaustiva del desempeño de Pérez Gómez, señalando que, si bien no se encontraron faltas directas, no se evidenció la “mesura, respeto al marco normativo y plena dedicación al servicio de justicia” requeridos para mantener la confianza institucional.
Este desenlace se produce en un contexto de profundos cambios dentro del Ministerio Público. En enero pasado, el entonces fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, disolvió los equipos especiales Lava Jato, Los Cuellos Blancos, Eficcop y Eficavip, una medida que significó la salida de Rafael Vela Barba, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, y la exclusión de Pérez Gómez de las investigaciones del caso Odebrecht.
Posteriormente, la Junta Nacional de los Fiscales (JNF) dispuso el apartamiento preventivo de Pérez Gómez por seis meses, como parte de un proceso disciplinario en su contra por presuntas infracciones administrativas en el caso Cócteles. Esta medida le impidió continuar ejerciendo funciones fiscales, exacerbando una situación que ya era tensa para el fiscal.
Pérez Gómez, en declaraciones previas, había expresado su preocupación por lo que consideraba un constante “maltrato” en su contra, insinuando la posibilidad de renunciar al Ministerio Público si la situación persistía. “Mi futuro es impugnar. Soy un fiscal que se ve afectado porque tampoco va a recibir su remuneración y tampoco puedo ejercer mi profesión”, declaró en una entrevista a RPP. “Queda claro, como alguna entrevista pasada que usted me formulaba, cuáles eran las, digamos, aquellos aquellas incidencias que podrían llevar a tomar una decisión de renunciar al Ministerio Público. Bueno, podría darse este supuesto en caso vea que la situación de maltrato al que me están sometiendo de como represalia se extiende”.
La controversia en torno a Pérez Gómez se intensificó aún más con sus acusaciones directas contra Keiko Fujimori, líder de la oposición. En una entrevista en el programa ‘La verdad a fondo’, Pérez Gómez afirmó haber sido “amenazado” por Fujimori, quien, según sus declaraciones, habría solicitado su encarcelamiento e incluso estaría coordinando con una Fiscalía supuestamente bajo la influencia de Tomás Gálvez.
“La señora Fujimori ha sido bien clara en su última entrevista de que me iré a la cárcel… Esperemos que este próximo abril no sea, lamentablemente, la confirmación de lo que ocurrió durante los 90, en donde el fraude se impuso sobre la voluntad de la mayoría y, por el contrario, lo que pueda ocurrir sea la apertura democrática a la decencia y que los valores se recuperen en nuestro país”, manifestó el exintegrante del equipo especial Lava Jato.
La salida de Pérez Gómez del Ministerio Público plantea interrogantes sobre el futuro de las investigaciones de corrupción en el Perú. Su participación en casos de gran envergadura, como Odebrecht y Cócteles, lo convirtió en un actor clave en la búsqueda de justicia y transparencia. La decisión de la JNJ, aunque fundamentada en criterios técnicos, ha sido interpretada por algunos como una señal de retroceso en la lucha contra la corrupción, especialmente en un momento en que el país enfrenta desafíos significativos en materia de gobernabilidad y rendición de cuentas.
La Fiscalía, ahora, deberá tomar las acciones correspondientes tras la comunicación formal de la JNJ. Se espera que se designe un nuevo fiscal provincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios, quien deberá continuar con las investigaciones en curso y garantizar la integridad del proceso judicial.
El caso de José Domingo Pérez Gómez se suma a una serie de controversias que han afectado al Ministerio Público en los últimos meses, generando incertidumbre sobre su independencia y capacidad para investigar y sancionar la corrupción de manera efectiva. La decisión de la JNJ, sin duda, marcará un antes y un después en la lucha contra la corrupción en el Perú, y sus consecuencias se sentirán en los próximos años. La pregunta que queda en el aire es si su salida representa un sacrificio político o una decisión basada en criterios estrictamente técnicos y legales. La opinión pública, y la comunidad jurídica, estarán atentas a los próximos acontecimientos para determinar el verdadero alcance de esta polémica remoción.
