La Contraloría General de la República ha instruido un sumario administrativo tras confirmar la intervención del jefe de asesores de la exministra de Salud, Ximena Aguilera, en el proceso de atención médica de su madre en el Hospital del Salvador. La investigación, desatada por denuncias de posible privilegio en la atención, revela comunicaciones previas al ingreso de la progenitora de Aguilera con altas autoridades del hospital, lo que podría constituir una infracción al principio de probidad administrativa.
El caso, que inicialmente generó controversia a principios de enero tras la publicación de La Tercera sobre la rápida cirugía de cadera de la madre de Aguilera –realizada apenas 10 horas después de su ingreso a urgencia–, escaló rápidamente a una potencial acusación constitucional y críticas desde diversos sectores políticos. La rápida atención, en un sistema de salud pública notoriamente sobrecargado, levantó sospechas de favoritismo y la posible postergación de otros pacientes con necesidades urgentes. Incluso, se denunció que un paciente grave habría fallecido como consecuencia de la supuesta priorización de la atención a la madre de la exministra.
La investigación de la Contraloría, basada en un informe reservado de 32 páginas solicitado por el diputado UDI Daniel Lilayu, detalla cómo Manuel Nájera De Ferrari, jefe de asesores de Aguilera, se contactó con el director del Hospital del Salvador, Jorge Zajjur Castro (quien se encontraba de vacaciones), la directora subrogante, María Elena Sepúlveda Maldonado, y el jefe de la Unidad de Emergencia, Allan Mix Vidal. Nájera De Ferrari no solo se comunicó telefónicamente, sino que también se presentó personalmente en la dirección del hospital, informando a la directora subrogante sobre la inminente llegada de la ministra y, por ende, de su madre.
Estas “coordinaciones internas”, según el informe de la Contraloría, podrían haber influido en la celeridad con la que se atendió a la paciente de 87 años. El ente fiscalizador considera que estas acciones podrían infringir el artículo 62 de la Ley N° 18.575, que establece las normas sobre probidad administrativa y la imparcialidad en el ejercicio de funciones públicas.
El informe de la Contraloría es contundente al señalar que no existen antecedentes que justifiquen la atención prioritaria brindada a la madre de Aguilera en comparación con otros pacientes que enfrentaban situaciones similares. “No se advierten motivos que justifiquen la atención preferente de la paciente, por lo que la situación descrita no se condice con el derecho a la igualdad ante la ley, garantizado en el artículo 19, N° 2, de la Constitución Política de la República”, se afirma en el documento.
Para dimensionar la gravedad de la situación, la Contraloría destaca las largas esperas que enfrentan otros pacientes en el Hospital del Salvador. El tiempo promedio de espera para pacientes con diagnósticos similares a la madre de Aguilera asciende a casi 41 horas, con casos extremos que superan las 123 horas de espera por una cama básica. Esta disparidad en los tiempos de atención refuerza las sospechas de trato preferencial y la posible violación del principio de igualdad.
Ante los hallazgos de la Contraloría, el director del Hospital del Salvador, Jorge Zajjur, reconoció la existencia de las comunicaciones entre su exjefe de asesores y las autoridades del recinto. Sin embargo, Zajjur negó categóricamente que estas comunicaciones hayan resultado en un trato preferencial para la madre de Aguilera. “No se logra advertir que las comunicaciones descritas hayan justificado o provocado una atención preferente, toda vez que no existió instrucción alguna en tal sentido y, más relevante aún, porque la paciente no recibió una atención distinta o prioritaria respecto del resto de los usuarios”, declaró el director.
Esta defensa, sin embargo, no ha logrado disipar las dudas generadas por el informe de la Contraloría. La investigación revela una clara intervención externa en el proceso de atención médica, lo que plantea serias interrogantes sobre la independencia y la imparcialidad del sistema de salud pública.
El sumario administrativo instruido por la Contraloría busca determinar las responsabilidades administrativas correspondientes a los funcionarios involucrados en este caso. La investigación podría derivar en sanciones disciplinarias para aquellos que hayan infringido las normas de probidad administrativa y hayan comprometido el principio de igualdad en el acceso a la salud.
Este escándalo ha reabierto el debate sobre los privilegios en el sistema de salud chileno y la necesidad de garantizar un acceso equitativo a la atención médica para todos los ciudadanos. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para restaurar la confianza en las instituciones públicas y asegurar que los recursos se utilicen de manera justa y eficiente.
La oposición política ha aprovechado este caso para criticar al gobierno y exigir una investigación exhaustiva de todas las denuncias de favoritismo en el sistema de salud. Se ha solicitado la comparecencia de la exministra Aguilera ante el Congreso para que explique su participación en este asunto y aclare las circunstancias en las que se produjo la intervención de su jefe de asesores.
El futuro de este caso es incierto, pero una cosa es clara: la Contraloría ha puesto de manifiesto una situación preocupante que exige una respuesta contundente por parte de las autoridades competentes. La ciudadanía espera que se haga justicia y que se establezcan mecanismos para prevenir que este tipo de situaciones se repitan en el futuro. La credibilidad del sistema de salud y la confianza en las instituciones públicas están en juego.
