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El gobierno uruguayo lanzó una ambiciosa agenda de reformas microeconómicas destinadas a impulsar la competitividad y mejorar el clima de negocios en el país. El anuncio, realizado en una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva, fue encabezado por el Presidente Yamandú Orsi y el Ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y promete una transformación significativa en la forma en que las empresas operan en Uruguay.
Si bien Uruguay goza de una reputación sólida en términos de estabilidad macroeconómica, reglas claras y seguridad jurídica, las autoridades reconocen que existen áreas de mejora cruciales. El Presidente Orsi enfatizó que la agilidad, los costos y la eficiencia de los controles son desafíos que deben abordarse para posicionar a Uruguay como un país más dinámico y atractivo para la inversión y el desarrollo. “Debemos simplificar procesos, reducir cargas y modernizar nuestra infraestructura para que las empresas puedan crecer y generar empleo”, declaró el mandatario.
El proyecto de ley de competitividad e innovación, que será presentado al Parlamento antes del 31 de mayo, se estructura en torno a cuatro ejes principales: comercio exterior, regulación de la competencia, innovación y agilización de trámites. Esta estructura integral busca abordar las diversas áreas que impactan en la competitividad del país, desde la facilitación del comercio internacional hasta la promoción de la innovación y la eliminación de barreras burocráticas.
El Ministro Oddone detalló que la propuesta ya ha sido presentada a cámaras empresariales, universidades y analistas, y que se abrirá un proceso de diálogo con consultoras y sindicatos para asegurar una amplia participación y consenso en la elaboración de la legislación. Además, el Gobierno habilitó un período para recibir aportes del sector privado hasta el 24 de abril, con el objetivo de enriquecer el proyecto con la experiencia y las perspectivas de los actores clave. “Queremos construir una ley que sea fruto del diálogo y que responda a las necesidades reales de las empresas”, afirmó Oddone.
Uno de los aspectos más destacados de la iniciativa es el potencial ahorro estimado de unos 20 millones de dólares anuales en el comercio exterior. Este ahorro se logrará a través de una serie de medidas que simplificarán los trámites y reducirán los costos asociados al comercio internacional. Entre estas medidas se encuentra la sustitución de certificados por declaraciones en importaciones y exportaciones, lo que simplificará aproximadamente 25.000 trámites anuales. Esta medida, en particular, representa un alivio significativo para las empresas que realizan operaciones de comercio exterior, ya que les permitirá ahorrar tiempo y recursos.
Además, el proyecto de ley contempla la digitalización total de la documentación aduanera, eliminando el uso de papel en unas 400.000 operaciones al año. Esta medida no solo reducirá los costos administrativos, sino que también contribuirá a la sostenibilidad ambiental al disminuir el consumo de papel. La digitalización de los trámites aduaneros también permitirá una mayor eficiencia y transparencia en el proceso de despacho de mercaderías.
El paquete de medidas también incluye la adopción de buenas prácticas internacionales, como la posibilidad de diferir el pago de obligaciones dentro del mismo mes del despacho mediante garantías. Esta medida reducirá la necesidad de financiamiento para las empresas, ya que les permitirá gestionar mejor su flujo de caja. Al diferir el pago de las obligaciones, las empresas podrán invertir sus recursos en otras áreas de su negocio, como la investigación y el desarrollo.
Otro cambio relevante será la optimización de los controles aduaneros, estableciendo que las inspecciones más rigurosas se apliquen únicamente en función de criterios de riesgo. Esta medida evitará demoras innecesarias en el despacho de mercaderías, lo que beneficiará a las empresas que cumplen con las regulaciones. Al enfocarse en los riesgos reales, los controles aduaneros serán más eficientes y efectivos.
Asimismo, se prevén beneficios para los operadores económicos calificados, quienes contarán con menores exigencias en los controles y mayor rapidez en la devolución de tributos. Esta medida incentivará a las empresas a cumplir con las regulaciones y a adoptar buenas prácticas, lo que contribuirá a un ambiente de negocios más transparente y confiable.
El Gobierno también impulsará medidas específicas para el transporte ferroviario, mediante la simplificación de los mecanismos de control aduanero, con el objetivo de reducir costos logísticos. Esta medida es especialmente importante para las empresas que utilizan el transporte ferroviario para el transporte de mercancías, ya que les permitirá reducir sus costos y mejorar su eficiencia.
El Ministro Oddone enfatizó que la mejora de la competitividad no debe depender de variables macroeconómicas como el tipo de cambio, sino de intervenciones específicas que corrijan distorsiones en distintos sectores. “No podemos controlar el tipo de cambio, pero sí podemos controlar la burocracia, los costos y la eficiencia de nuestros procesos”, afirmó Oddone.
El Gobierno confía en que esta agenda de reformas logrará respaldo parlamentario y se convierta en ley, y se muestra optimista sobre la capacidad del sistema político para alcanzar acuerdos en torno a estas reformas. La aprobación de esta legislación representaría un paso importante para el desarrollo económico de Uruguay, atrayendo inversión, generando empleo y mejorando la calidad de vida de sus ciudadanos. La iniciativa busca posicionar a Uruguay como un país competitivo y atractivo para la inversión en un contexto global cada vez más exigente, sentando las bases para un crecimiento sostenible y equitativo.
