La defensa de Romina Celeste Papasso, exmilitante del Partido Nacional y denunciante pública contra el exsenador Gustavo Penadés, ha presentado un contundente escrito ante las autoridades judiciales para impugnar la incautación de su teléfono celular. El dispositivo fue retenido el pasado 19 de febrero, cuando Papasso intentaba ingresar a Uruguay y fue detenida en Colonia, en cumplimiento de una orden judicial. La incautación se enmarca dentro de una investigación por una denuncia de acoso sexual interpuesta por un recluso de la Cárcel de Rocha contra la propia Papasso, durante su tiempo de privación de libertad por la formulación de una denuncia falsa contra Yamandú Orsi.
El escrito de la defensa argumenta que la incautación es improcedente y una violación a la privacidad de Papasso, considerando que el teléfono no tiene relación alguna con los hechos denunciados. Según la exmilitante, la investigación había sido archivada tras su declaración ante la Fiscalía, lo que agrava la sensación de agravio por la medida tomada.
“Me causa agravio que se haya incautado mi teléfono, ya que es totalmente improcedente y violatorio de mi privacidad, dado que mi dispositivo no guarda relación alguna con una presunta situación que se habría dado cuando estaba privada de libertad en Rocha, con otro preso, donde nos encontrábamos sin teléfonos celulares”, señala el texto presentado por su equipo legal.
La defensa de Papasso ha elevado argumentos contundentes, destacando la naturaleza personal del contenido almacenado en el teléfono. La exmilitante ha revelado públicamente que su dispositivo contiene imágenes íntimas, debido a su dedicación a actividades relacionadas con su cuerpo. Este punto, aunque delicado, se presenta como un elemento clave para demostrar la irrelevancia del teléfono en la investigación por acoso sexual.
Además, Papasso subraya su papel como denunciante en el caso contra el exsenador Penadés, donde funcionarios policiales fueron condenados por manipular información. Este antecedente, según su defensa, refuerza la idea de que la incautación podría ser una forma de intimidación o una estrategia para obstaculizar su participación en procesos judiciales.
El escrito detalla que el teléfono fue un regalo de su padre al salir de prisión y que éste continúa pagándolo en cuotas, lo que lo convierte en un bien ajeno al presunto delito que se investiga. Por lo tanto, la defensa solicita la revocación de la incautación y la devolución inmediata del dispositivo a Papasso.
En un giro inesperado, Papasso también ha revelado la identidad del denunciante en el caso de acoso sexual: un joven de 24 años que cumplía condena por venta de drogas. La información policial indica que el hombre recuperó su libertad tras cumplir su pena y actualmente reside en La Paloma. Esta revelación podría tener implicaciones significativas en la investigación, ya que el pasado del denunciante podría ser relevante para evaluar la credibilidad de su acusación.
La situación ha generado un intenso debate en los círculos políticos y sociales uruguayos. La incautación del teléfono de Papasso ha sido criticada por algunos sectores como una medida desproporcionada y una violación a sus derechos fundamentales. Otros, sin embargo, argumentan que las autoridades deben tener la libertad de investigar todas las posibles pistas en un caso de acoso sexual, independientemente de la identidad de la víctima o del denunciante.
El caso también ha reabierto el debate sobre la protección de la privacidad en la era digital y la necesidad de establecer límites claros en la recopilación y el uso de datos personales por parte de las autoridades. La revelación de que el teléfono de Papasso contiene imágenes íntimas ha generado preocupación sobre la posibilidad de que esta información sea utilizada de manera indebida o divulgada públicamente.
La defensa de Papasso ha anunciado que continuará luchando por la devolución del teléfono y que explorará todas las vías legales disponibles para proteger sus derechos. Se espera que el caso genere un precedente importante en materia de privacidad y protección de datos en Uruguay.
La Fiscalía, por su parte, aún no ha emitido una declaración oficial sobre el caso. Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación han confirmado que se están evaluando los argumentos presentados por la defensa de Papasso y que se tomará una decisión en los próximos días.
El desenlace de este caso podría tener implicaciones significativas para la reputación de Papasso, para la investigación del caso de acoso sexual y para el debate sobre la privacidad y los derechos digitales en Uruguay. La atención pública se centra ahora en la decisión que tomará la Fiscalía y en las posibles consecuencias que esta medida tendrá para todas las partes involucradas. La controversia subraya la complejidad de equilibrar la necesidad de investigar delitos con la protección de los derechos individuales en una sociedad cada vez más digitalizada.
