La morosidad en los edificios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la Provincia de Buenos Aires ha alcanzado un preocupante 19%, revelando que casi dos de cada diez departamentos mantienen deudas por los gastos de mantenimiento, según un reciente relevamiento realizado por la plataforma ConsorcioAbierto. Este incremento, que rompe con la estabilidad cercana al 17% observada durante años, pone en jaque las finanzas de los consorcios y expone la creciente dificultad de los propietarios para afrontar los crecientes costos de vida y, por ende, las expensas.
El aumento de la morosidad no es un fenómeno aislado, sino un reflejo directo de la compleja situación económica que atraviesa el país. La inflación persistente, la devaluación de la moneda y la pérdida del poder adquisitivo han impactado significativamente en las finanzas de los hogares, obligando a muchos propietarios a priorizar gastos esenciales y postergar el pago de las expensas. Esta situación se agrava aún más por el incremento generalizado de los costos de los servicios básicos, los materiales de construcción y la mano de obra, que se traducen en aumentos constantes de las expensas mensuales.
La plataforma ConsorcioAbierto, especializada en la gestión y administración de consorcios, realizó un exhaustivo análisis de la situación en CABA y la Provincia de Buenos Aires, recopilando datos de cientos de edificios y unidades funcionales. Los resultados del relevamiento confirman la tendencia al alza de la morosidad, evidenciando un panorama cada vez más complejo para los administradores de consorcios y los propietarios en general.
La carga de la deuda recae, inevitablemente, sobre los propietarios que sí cumplen con sus obligaciones. Cuando un número significativo de unidades funcionales se encuentra en mora, el consorcio se ve obligado a cubrir el déficit con los fondos provenientes de los pagos de los propietarios solventes. Esto genera un círculo vicioso, ya que los aumentos de expensas necesarios para compensar la deuda morosa pueden, a su vez, dificultar el pago para otros propietarios, incrementando aún más la morosidad.
Las consecuencias de esta situación son múltiples y pueden afectar gravemente el funcionamiento y el mantenimiento de los edificios. La falta de fondos puede impedir la realización de reparaciones necesarias, el pago de servicios básicos como la limpieza, la seguridad y el mantenimiento de ascensores, y la ejecución de proyectos de mejora. Esto puede deteriorar la calidad de vida de los residentes y, en última instancia, afectar el valor de las propiedades.
La situación es particularmente preocupante en la Provincia de Buenos Aires, donde los intereses por mora promedian el 6,1% mensual, superando el 4,8% registrado en CABA. Esta diferencia se debe, en parte, a las particularidades de la legislación provincial y a las políticas de cada consorcio. Sin embargo, en ambos casos, los intereses por mora representan una carga adicional para los propietarios morosos, dificultando aún más su capacidad para ponerse al día con sus obligaciones.
Los administradores de consorcios se enfrentan a un desafío cada vez mayor para gestionar la morosidad y garantizar el funcionamiento adecuado de los edificios. Algunas de las estrategias que se están implementando incluyen la negociación con los propietarios morosos, la implementación de planes de pago flexibles, la búsqueda de alternativas para reducir los costos de los servicios y la optimización de la gestión financiera del consorcio.
Sin embargo, estas medidas no siempre son suficientes para revertir la tendencia al alza de la morosidad. En muchos casos, los administradores se ven obligados a recurrir a acciones legales para reclamar las deudas, lo que puede generar conflictos y costos adicionales.
La situación exige una respuesta integral que involucre a todos los actores involucrados: propietarios, administradores de consorcios, autoridades gubernamentales y entidades financieras. Es necesario implementar políticas públicas que promuevan la estabilidad económica, protejan el poder adquisitivo de los ciudadanos y faciliten el acceso al crédito para los propietarios que se encuentren en dificultades financieras.
Asimismo, es fundamental fortalecer la regulación de los consorcios y promover la transparencia en la gestión financiera, para garantizar que los fondos se utilicen de manera eficiente y responsable. La educación financiera de los propietarios también es clave, para que puedan comprender sus derechos y obligaciones y tomar decisiones informadas sobre la gestión de sus expensas.
En definitiva, la creciente morosidad en los edificios de CABA y la Provincia de Buenos Aires es un síntoma de la crisis económica que atraviesa el país y un llamado de atención sobre la necesidad de implementar políticas públicas que protejan a los propietarios y garanticen la sostenibilidad de los consorcios. La situación actual exige una acción urgente y coordinada para evitar que el problema se agrave y ponga en riesgo el patrimonio de miles de familias. La estabilidad de los edificios, y por ende, la calidad de vida de sus habitantes, depende de ello.
