La creciente militarización de la seguridad pública en América Latina, lejos de ser una solución a la escalada de violencia que azota la región, se revela como un factor que agrava la situación, según un exhaustivo análisis publicado recientemente por el Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, con el apoyo de Open Society Foundations. El informe, titulado “¿Qué funciona para reducir homicidios en América Latina y el Caribe?”, examina 65 evaluaciones de impacto provenientes principalmente de Brasil, Colombia y México, y arroja conclusiones alarmantes sobre la efectividad de las estrategias militares en la lucha contra el crimen organizado.
Durante años, gobiernos latinoamericanos, presionados por las elevadas tasas de homicidio –las más altas del mundo– y el costo político que esto implica, han recurrido a la militarización como una respuesta rápida y aparentemente contundente. Sin embargo, la evidencia recopilada por los investigadores sugiere que esta estrategia no solo es ineficaz, sino que también contraproducente, alimentando un ciclo de violencia y socavando las instituciones democráticas.
El Consorcio Latinoamericano sobre Militarización, Seguridad Ciudadana y Democracia ha advertido consistentemente sobre los peligros de esta tendencia, señalando sus efectos negativos en los derechos humanos, el Estado de derecho y el debilitamiento de las instituciones civiles. La militarización, según el consorcio, está intrínsecamente ligada a políticas de seguridad punitivas que buscan concentrar el poder y consolidar regímenes autoritarios. La reciente cumbre promovida por el expresidente Trump, con el objetivo de crear una coalición militar para el hemisferio occidental bajo el nombre de “Escudo de las Américas”, es un claro ejemplo de esta inclinación.
El estudio brasileño se centró en dos tipos principales de intervenciones militares: el despliegue de tropas en labores de patrullaje y la estrategia de “descabezamiento” de grupos criminales, que implica la captura o eliminación de sus líderes. Los resultados fueron contundentes en ambos casos.
En relación con el patrullaje militar, el análisis de dos programas específicos –el Plan Fortaleza en Cali, Colombia, y la militarización del combate al narcotráfico en México bajo el gobierno de Felipe Calderón– reveló un aumento de la violencia en las áreas intervenidas. En Cali, se observó un incremento de homicidios en zonas aledañas a las patrulladas por militares, mientras que en México, la tasa de homicidios aumentó en 10 por cada 100.000 habitantes en las zonas donde se desplegó el ejército. Estos hallazgos sugieren que la presencia militar, en lugar de disuadir el crimen, puede generar un efecto rebote, desplazando la violencia a áreas vecinas o intensificando la confrontación entre grupos criminales.
La estrategia de descabezamiento, por su parte, también fue calificada como contraproducente. Dos evaluaciones realizadas en México demostraron que los homicidios tendían a aumentar en los periodos posteriores a la muerte o captura de líderes criminales, tanto en los estados donde ocurrieron estos eventos como, especialmente, en los estados de origen de dichos líderes. Este fenómeno se explica por las luchas internas por el poder que se desatan tras la neutralización de un líder, generando una espiral de violencia entre facciones rivales.
El caso mexicano, en particular, es un ejemplo paradigmático del fracaso de la “guerra contra las drogas”, iniciada por Felipe Calderón en 2005 y continuada por Andrés López Obrador. Desde entonces, el país ha visto el surgimiento de carteles más sofisticados, con mayor poder de fuego y acceso a tecnologías avanzadas. México, según analistas, ha cambiado radicalmente como consecuencia de este proceso.
Guadalupe Correa-Cabrera, profesora de la Universidad George Mason y experta en violencia en México, sostiene que la militarización ha desembocado en una “guerra contra el pueblo”, con consecuencias devastadoras para los derechos humanos. Correa denuncia violaciones, desapariciones forzadas y la represión de movimientos sociales como efectos perversos de esta estrategia.
Ante este panorama desalentador, el informe enfatiza la necesidad de adoptar respuestas alternativas, contundentes, creativas y de carácter civil a la inseguridad en América Latina. Estas respuestas deben ser compatibles con la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos, y deben abordar las causas estructurales de la violencia, como la desigualdad social, la pobreza y la falta de oportunidades.
La Washington Office on Latin America (WOLA) advierte que enviar al ejército estadounidense a combatir a los carteles no logrará nada que la “guerra contra las drogas” no haya intentado ya, sin efectos duraderos y con un enorme costo en vidas humanas. El problema, según WOLA, no reside en las herramientas utilizadas, sino en la incapacidad de los gobiernos para gestionar la criminalidad de manera eficiente y eficaz.
La militarización de la seguridad pública en América Latina no es una solución, sino un agravante. La evidencia científica lo demuestra. Es hora de que los gobiernos de la región reconozcan este hecho y adopten estrategias integrales y de carácter civil que aborden las causas profundas de la violencia y fortalezcan las instituciones democráticas. La seguridad ciudadana no se logra con balas, sino con políticas públicas que promuevan la justicia social, la igualdad de oportunidades y el respeto a los derechos humanos.
