La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, ha revelado este martes la existencia de “algo irregular” en el trámite del hábeas corpus presentado por Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre y candidato presidencial prófugo de la justicia, con el objetivo de anular la orden de 24 meses de prisión preventiva en su contra en el caso ‘Los Dinámicos del Centro’. Esta revelación ha generado una profunda crisis institucional y ha puesto en tela de juicio la transparencia y la celeridad con la que se ha estado manejando el caso.
Pacheco Zerga, en una entrevista con el diario El Comercio, detalló que sus observaciones surgieron a raíz de la polémica generada por la rapidez con la que se programó la audiencia del recurso, la cual se llevó a cabo la semana pasada. La presidenta del TC expresó su sorpresa ante la celeridad del proceso, especialmente considerando que personas con impedimentos para participar activamente en la campaña electoral deberían tener su situación legal aclarada antes de las elecciones.
Según Pacheco, el magistrado Pedro Hernández, ponente del caso, fue quien le propuso que el recurso se ingresara a audiencia la semana pasada, lo que la sorprendió, ya que no recordaba haber sido informada previamente sobre la inclusión del caso en la agenda del pleno. “Entran tantas causas, y dijeron que ya estaba el proyecto de comisión”, señaló.
La situación se agravó cuando, tras el malestar público por la premura en el trámite, Pacheco solicitó un informe preliminar sobre el recorrido del expediente. Fue entonces cuando detectó la irregularidad: el coordinador de la comisión encargada de evaluar el caso no había autorizado el proyecto de ponencia, es decir, no había visado el documento, lo que indicaba que no cumplía con los criterios establecidos por el TC.
“En este caso, lo que yo he visto que consta en nuestro sistema es que el coordinador de esa comisión no autorizó, o sea no visó ese proyecto, porque había sido coordinado directamente con un despacho”, explicó Pacheco. “Entonces, yo y el doctor Gutiérrez dijimos ‘este es un proyecto […] que ha venido de comisión’, porque siempre estamos seguros de que eso viene con criterios del tribunal. Al darme cuenta de eso, digo ‘en esto, hay que ir hasta el fondo’”.
La presidenta del TC enfatizó que el proyecto de ponencia continuó su trámite a pesar de no contar con el visto bueno del coordinador de la comisión, lo que, según ella, era una clara señal de que no se ajustaba a la jurisprudencia del TC. “Si un magistrado normalmente hace una cosa así, de decir ‘quiero que salga en este sentido o en el otro’, los asesores hacen caso al magistrado, eso es lo normal. Pero, claro, el coordinador dice ‘puede ser que lo que el magistrado haya sugerido esté de acuerdo con la jurisprudencia’ y no hay problema. Pero si considera que no es así, pues no le pone el viso”.
Pacheco no descartó que la responsabilidad por esta irregularidad pueda recaer en algún miembro del TC, aunque se mostró cautelosa al señalar que es necesario investigar a fondo para determinar si se trató de una acción directa de un magistrado o de una intervención de alguien que creía estar actuando correctamente. “No quiero adelantar opinión de lo que no conozco con claridad, si ha sido acción directa de un magistrado, si ha sido alguien que intervino y que pensaba que esto era lo correcto, no tengo idea. Pero lo que sí quiero es que las cosas se hagan conforme a la jurisprudencia del tribunal y si en algún momento nos apartamos es porque damos razones suficientes”.
Además, la presidenta del TC anunció que se revisará el mecanismo de asignación de ponencias a los magistrados para garantizar la transparencia y la imparcialidad en el proceso. “También quiero revisar a fondo si se están cumpliendo las reglas para la asignación de las ponencias dentro del tribunal. [Eso] es aleatorio, lo hace el sistema, tiene que ser inmediato prácticamente. Quiero ver qué cosa ha pasado, cómo ha sido todo. Yo creo que será de interés de todos los magistrados, porque todos queremos que las cosas se hagan transparentes y como corresponde”.
Ante esta situación, Pacheco considera que la votación del caso Cerrón debe ser suspendida hasta que se aclaren las irregularidades detectadas. “La audiencia ya fue la semana pasada. Lo que toca ahora es la votación. A mi modo de ver, el caso de Cerrón no debería votarse hasta que no se aclare cómo han sucedido los hechos. Por transparencia y por legitimidad institucional. Todos queremos que el tribunal actúe como corresponde y yo creo que los demás magistrados estarán de acuerdo. Si hay una cosa irregular, vamos a ir hasta el fondo a ver qué ha pasado, cómo ha pasado y aclarar”.
La investigación, según Pacheco, se realizará con premura, pero no de forma apresurada. La próxima sesión del TC está programada para el 31 de este mes, después de dos semanas dedicadas al trabajo de las salas especializadas.
Finalmente, la presidenta del TC se refirió a la situación legal de Cerrón, señalando que, si bien no puede adelantar opinión sobre si se debe anular la orden de prisión preventiva, es fundamental que los ciudadanos cumplan con los mandatos judiciales, a menos que se demuestre que son arbitrarios. “Cualquier caso que hayamos tenido en el tribunal donde se haya podido decir que fue inmotivada una prisión preventiva, a mi modo de ver, no reúne las características que tiene la presencia de este señor, porque hay que ver dos factores para dar prisión preventiva. Uno es el pedido de fuga y el otro es la obstrucción a la justicia”.
Pacheco también destacó el comportamiento inusual de Cerrón durante su condición de prófugo, señalando la gran cantidad de mensajes que ha publicado en redes sociales, incluyendo llamados a desestabilizar a las autoridades. “El caso del señor Cerrón es muy particular. No he visto hasta ahora en el tribunal el caso de un señor que esté prófugo que haga la cantidad de tuiters que hace, que dice que hay que sacar al general de la Policía, que no se qué. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. A la hora que se analice, son factores que es normal que el tribunal analice y decida”.
La revelación de Pacheco ha desatado una ola de críticas y llamados a la transparencia en el sistema judicial, y se espera que la investigación arroje luz sobre las posibles responsabilidades en este caso que ha puesto en entredicho la credibilidad del Tribunal Constitucional.
