La Asamblea Nacional ha cerrado todas sus oficinas de participación ciudadana a nivel nacional, reubicando a su personal en otras entidades públicas, según reveló su presidente, Jorge Herrera, durante la reciente sesión de la Comisión de Prespresupuesto. La medida, que ha generado controversia y cuestionamientos sobre su legalidad y transparencia, ha sido justificada por Herrera como una decisión de “sensibilidad social” para proteger a empleados con situaciones familiares complejas, pero diputados de la oposición y expertos legales advierten sobre posibles irregularidades administrativas y conflictos de interés.
La diputada Janine Prado, de la bancada Vamos, fue quien inicialmente planteó las interrogantes sobre el destino de las oficinas y sus trabajadores. “¿Cuántas (oficinas) siguen abiertas hasta la fecha?”, preguntó Prado. La respuesta de Herrera fue contundente: “Ninguna”. Ante la insistencia de la diputada sobre el paradero del personal, Herrera explicó que muchos han sido reasignados a instituciones públicas, un número reducido a juntas comunales y alcaldías, buscando evitar la percepción de favoritismo. “Y esos funcionarios le rinden informes a los directores provinciales de las diferentes instituciones que representan”, añadió.
Las oficinas clausuradas, según se ha revelado, han sido cedidas a fundaciones dedicadas a la atención de jóvenes y niños, aunque los detalles de los convenios que formalizan estas cesiones aún están en proceso de elaboración, según informó Herrera. Prado, sin embargo, considera que la situación plantea un problema administrativo serio, ya que la Asamblea continúa pagando los salarios de trabajadores que ahora prestan servicios en entidades donde el Legislativo no tiene supervisión directa. Su propuesta es clara: si el personal trabaja en otras instituciones, deberían ser trasladados formalmente a sus planillas.
Herrera defendió la decisión argumentando la necesidad de proteger a los empleados, muchos de los cuales pertenecen a la carrera legislativa y enfrentan dificultades económicas y de salud. Relató una anécdota personal, describiendo el caso de una funcionaria que viajó desde una provincia distante para ser atendida por él, revelando una situación familiar precaria con una hija enferma y la custodia de una niña pequeña. “Yo nada más me eché para atrás y pensé: ‘Dios, ¿por qué me ponen estas pruebas?’”, confesó el diputado, justificando así la decisión de permitir que los funcionarios permanezcan en sus provincias y trabajen desde instituciones locales.
A pesar de las justificaciones, la medida no ha contado con el apoyo unánime dentro del hemiciclo. Benicio Robinson hijo, suplente de su padre, lamentó la desaparición de estos espacios, describiéndolos como “la voz latente en la comunidad” y advirtiendo sobre posibles intentos de eliminar estas estructuras para favorecer a ciertos grupos. Por otro lado, Luis Eduardo Camacho, del partido Realizando Metas, cuestionó la decisión, recordando que la participación ciudadana es un instrumento fundamental para la transparencia y preguntándose por qué la Asamblea decide cerrar estos espacios.
La falta de claridad sobre el número exacto de funcionarios afectados también ha generado preocupación. En mayo de 2025, el contralor Anel Flores reveló que en Chitré, provincia de Herrera, había 36 funcionarios en estas oficinas, preguntándose sobre sus funciones. Información obtenida por la diputada Prado a través de solicitudes de acceso a la información indica que en Veraguas había 59 personas.
Expertos legales, como Rodrigo Noriega, advierten sobre interrogantes legales y administrativas. Según Noriega, la eliminación de estas oficinas debió formalizarse mediante un instrumento jurídico, como una resolución de la junta directiva o del pleno, que definiera el destino del personal. Cuestionó la situación de los funcionarios de carrera legislativa que ahora prestan servicios en otras entidades, argumentando que están obligados a dar sus servicios en la Asamblea Nacional. Además, advirtió sobre posibles conflictos de interés, ya que la Asamblea tiene la función de fiscalizar la ejecución del presupuesto y las políticas públicas del Ejecutivo, y la presencia de personal legislativo en otras entidades podría comprometer esa función.
Noriega también señaló que el esquema podría generar problemas administrativos, ya que los funcionarios deberían responder tanto a la Asamblea, que paga sus salarios, como a las instituciones donde trabajan, lo que exige controles formales de asistencia y desempeño. Más allá del debate político, el abogado considera que el tema revela un posible exceso de personal en la planilla legislativa, sugiriendo que la Asamblea podría tener más empleados de los necesarios y estar buscando fórmulas para mantenerlos en la planilla.
La situación plantea serias dudas sobre la transparencia y la eficiencia de la gestión pública, y exige una investigación exhaustiva para determinar si la decisión de cerrar las oficinas de participación ciudadana y reubicar a su personal se ajusta a la ley y a los principios de la administración pública. La falta de información clara y la justificación basada en argumentos de “sensibilidad social” no son suficientes para disipar las sospechas de irregularidades y posibles conflictos de interés. La ciudadanía exige respuestas claras y una rendición de cuentas transparente sobre el destino de los recursos públicos y el futuro de los funcionarios afectados.
