La reciente aprobación de la reforma constitucional que tope las pensiones de exfuncionarios públicos ha sacado a la luz una red de beneficios extraordinarios que durante años han disfrutado altos mandos de diversas dependencias gubernamentales y paraestatales. La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno reveló una lista de pensiones “exorbitantes” que ahora serán ajustadas a la mitad del salario de la presidenta de la República, equivalente a $67,145 pesos netos mensuales. Sin embargo, el impacto de esta medida llega tarde para aquellos que ya se beneficiaron de un sistema que, según críticos, fomentó la corrupción y la desigualdad.
La lista expuesta por la Secretaría revela que en 2025, cuatro exfuncionarios de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y Petróleos Mexicanos (Pemex) percibieron pensiones superiores al millón de pesos netos mensuales. El caso más llamativo es el de Jorge Evodio Chapa de la Torre, exfuncionario de LyFC, quien recibió un total de $1,077,533 pesos al mes. Le siguen Édgar Velázquez Butrón, también de LyFC, con $1,037,341 pesos mensuales, y Kenneth Sydney Smith Jacobo, quien percibía $1,037,291 pesos mensuales. Por parte de Pemex, Carlos Arturo Sanchez Magaña se embolsaba $1,107,361 pesos cada mes.
Pero la lista de pensiones millonarias no se detiene ahí. Nueve extrabajadores de LyFC y Pemex estuvieron muy cerca de alcanzar el millón de pesos mensuales. En LyFC, seis jubilados recibían entre $919,513 y $980,526 pesos netos al mes, mientras que en Pemex, tres extrabajadores percibían entre $972,627 y $987,979 pesos mensuales. Estas cifras, consideradas inaceptables por muchos sectores de la sociedad, evidencian la falta de transparencia y control en la asignación de recursos públicos.
El escándalo de las pensiones doradas se extiende a otras dependencias gubernamentales. El exsecretario de Relaciones Exteriores y de Hacienda durante el sexenio de Ernesto Zedillo, José Ángel Gurría, recibió una pensión de $120,685 mensuales por su breve paso como director de Nacional Financiera (Nafin) entre diciembre de 1993 y abril de 1994. Este caso, en particular, ha generado indignación debido a la corta duración de su gestión en el banco de desarrollo, lo que cuestiona la justificación de una pensión tan elevada.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) también figura en la lista con pensiones significativas. José Luis Lupercio Pérez fue el beneficiario de una pensión mensual de $451,251 pesos, seguido por Carlos Víctor Manuel Carreto Y Fern, con $433,440 pesos mensuales. En el sector bancario, Fernando Villarreal y Puga Colmenares recibió $284,940 al mes en Bancomext, mientras que Marco Antonio Ubaldo Gómez percibía $240,125 en Banrural. Germán Humberto Sandoval Faz se llevó $214,172 mensuales de Banobras, y Carlos Enrique Sales Gutiérrez obtuvo $209,581 de Nafin.
La aprobación de la reforma constitucional que limita las pensiones de los exfuncionarios públicos ha sido recibida con aplausos por organizaciones de la sociedad civil y partidos de oposición, quienes han denunciado durante años la opacidad y el derroche en el sistema de pensiones. Sin embargo, algunos críticos argumentan que la reforma es insuficiente y que no aborda el problema de fondo, que es la falta de rendición de cuentas y la impunidad.
La reforma establece que las pensiones de los exfuncionarios públicos no podrán exceder el 80% del salario más alto que hayan percibido durante su trayectoria en el servicio público. Además, se prohíbe la acumulación de pensiones y se establece un mecanismo de revisión periódica para garantizar el cumplimiento de la ley.
A pesar de la aprobación de la reforma, aún quedan muchas interrogantes pendientes. ¿Cómo se aplicará la reforma a aquellos que ya están recibiendo pensiones millonarias? ¿Se investigarán los casos de corrupción y conflicto de interés que permitieron la asignación de estos beneficios extraordinarios? ¿Se fortalecerán los mecanismos de control y transparencia para evitar que este tipo de situaciones se repitan en el futuro?
La respuesta a estas preguntas será crucial para determinar si la reforma constitucional realmente logrará poner fin a las pensiones doradas y restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. La sociedad mexicana espera que las autoridades tomen medidas contundentes para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y transparente, y que aquellos que hayan abusado de su cargo sean llevados ante la justicia. El caso de las pensiones exorbitantes es un claro ejemplo de la necesidad de una reforma integral del sistema de pensiones y de una mayor rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos. La lucha contra la corrupción y la impunidad debe ser una prioridad para el gobierno y para la sociedad en su conjunto.
