El proyecto de ley que propone la devolución anticipada de fondos del ROP, presentado por el diputado Óscar Izquierdo, ha generado un debate intenso en el ámbito económico y político costarricense. Si bien la idea de “devolverle su plata” al trabajador suena atractiva a primera vista, un análisis profundo revela potenciales consecuencias negativas para la economía nacional, el sistema de pensiones y el bienestar futuro de los jubilados. La propuesta, que permitiría a los pensionados entre 2021 y 2030 retirar la totalidad de su cuenta individual del ROP en cuatro cuotas trimestrales, ha sido criticada por expertos que advierten sobre la falta de visión a largo plazo y la potencial erosión del ahorro nacional.
El argumento central de la oposición a este proyecto radica en la naturaleza fundamental del ROP. A diferencia de una cuenta de ahorros tradicional, el ROP está diseñado como un mecanismo de capitalización individual cuyo objetivo es complementar la pensión del IVM durante la vejez, garantizando un flujo de ingresos mensual sostenido a lo largo de los años de retiro. La propuesta, por el contrario, transformaría ese ingreso sostenido en un pago único fraccionado en tres años, socavando el propósito original del fondo.
Un aspecto crucial a considerar es la composición actual del ROP, que asciende a ¢12,54 billones, representando cerca del 25% del PIB. De este total, un 70% corresponde a rendimientos de inversión generados durante décadas, lo que significa que la mayor parte del dinero en las cuentas individuales no proviene directamente de los aportes de los trabajadores, sino del crecimiento del mercado de capitales. Al permitir retiros masivos, se comprometería la capacidad del fondo para seguir generando rendimientos y, por ende, para cumplir con su función de complementar las pensiones futuras.
La experiencia en economía del comportamiento, respaldada por investigaciones de figuras como Kahneman y Thaler, sugiere que las personas tienden a subestimar el valor futuro del dinero que reciben de manera anticipada, consumiéndolo más rápido de lo previsto y sobreestimando su capacidad de sustituir ese ingreso en la vejez. En Costa Rica, donde el endeudamiento de los hogares ha aumentado significativamente en los últimos años, existe un alto riesgo de que una parte sustancial de los fondos liberados se destine a cancelar deudas de consumo, en lugar de ser invertidos para asegurar un futuro financiero más sólido.
Más allá del impacto individual, el proyecto de ley podría tener efectos sistémicos negativos en la economía costarricense. El ROP es el mayor inversionista institucional del país, financiando infraestructura, bonos del Estado y proyectos de largo plazo. Una salida masiva de fondos comprimiría la disponibilidad de capital de largo plazo, elevando el costo del crédito para hogares, empresas y el gobierno. Además, la reducción del ROP afectaría la capacidad del Estado para financiar sus déficits a través de la emisión de bonos soberanos, aumentando el costo de la deuda pública y afectando los precios de los activos financieros.
Otro riesgo importante es el potencial impacto inflacionario. Un retiro masivo y acelerado de fondos de pensiones inyectaría una demanda adicional en una economía que podría no tener la capacidad productiva para absorberla sin consecuencias sobre los precios. El Banco Central de Costa Rica podría verse obligado a mantener tasas de interés más altas por más tiempo del deseable, afectando el crédito, la inversión y el crecimiento económico.
Además, el proyecto ignora las presiones actuariales estructurales que enfrenta el IVM, derivadas del envejecimiento de la población y la disminución de la relación entre contribuyentes y pensionados. El ROP fue diseñado, en parte, para aliviar esa presión, complementando el sistema básico de pensiones. Al vaciar las cuentas individuales, se debilitaría el segundo pilar del sistema de pensiones y se aumentaría la dependencia del sistema público, generando un costo fiscal diferido que el proyecto no analiza.
El proyecto de ley tampoco considera el impacto sobre la tasa de pobreza en adultos mayores ni evalúa el costo fiscal potencial de una mayor demanda sobre el Régimen No Contributivo. Tampoco ofrece mecanismos para asegurar que los fondos retirados se destinen a fines que mejoren genuinamente el bienestar futuro de los pensionados, en lugar de simplemente aliviar presiones de deuda presentes.
La experiencia de Chile, con los retiros del 10% de las AFP durante la pandemia, sirve como una advertencia. Si bien los retiros fueron justificados por la emergencia y respaldados por encuestas, terminaron alimentando la inflación, deprimiendo el ahorro previsional y debilitando el mercado de capitales. Costa Rica no tiene ninguna razón para pensar que el experimento tendría un desenlace diferente.
En conclusión, si bien la propuesta de devolver los fondos del ROP puede parecer atractiva en un primer momento, un análisis exhaustivo revela potenciales consecuencias negativas para la economía costarricense, el sistema de pensiones y el bienestar futuro de los jubilados. Es fundamental que tanto el Legislativo como el Ejecutivo estén a la altura de las circunstancias y consideren cuidadosamente los riesgos antes de tomar una decisión que podría tener efectos devastadores a largo plazo. La solución a los problemas de endeudamiento y la insuficiencia de las pensiones no puede ser vaciar el único mecanismo de ahorro obligatorio de largo plazo que tiene el trabajador costarricense. De lo contrario, se corre el riesgo de adelantar la pobreza en lugar de asegurar un futuro digno para los jubilados.
