Bogotá, Colombia – La salud financiera de Colombia se encuentra en una situación crítica tras revelarse que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) cerró 2025 con una cartera irrecuperable que asciende a la alarmante cifra de $16,6 billones. Este monto, que supera los ingresos generados por muchas reformas tributarias, pone en riesgo la liquidez y la estabilidad fiscal del Estado colombiano, generando preocupación en el ámbito económico y político nacional.
La cartera irrecuperable representa únicamente la porción de deuda que ha sido oficialmente catalogada como incobrable, mientras que el total de obligaciones tributarias pendientes alcanza los $47,7 billones. De esta última cifra, una parte significativa se encuentra aún en proceso de cobro o en litigio, pero el resto ha sido provisionado debido a la complejidad de su recuperación. La magnitud de este problema trasciende lo meramente contable, como lo señala Lisandro Junco, exdirector de la Dian, quien enfatiza que se trata de obligaciones tributarias que, por diversas razones, ya no son recuperables para el Estado.
El deterioro de la cartera, según Junco, se debe principalmente a dos factores clave: las prescripciones legales y los litigios tributarios que la Dian ha perdido. La prescripción ocurre cuando la entidad no logra cobrar las deudas dentro del plazo establecido por la ley, mientras que las derrotas en los litigios implican que los contribuyentes no están obligados a pagar las sumas reclamadas. En esencia, este saldo negativo representa recursos que ya no ingresarán a las cuentas fiscales, impactando directamente el presupuesto nacional y limitando la capacidad del Gobierno para financiar programas sociales y económicos prioritarios.
Christian Quiñonez, exsubdirector operativo de Fiscalización y Liquidación Tributaria de la Dian, coincide con este diagnóstico, pero añade que la gestión de cobro de la entidad no ha sido lo suficientemente eficiente en el contexto de la actual situación fiscal. Quiñonez explica que la prescripción de las deudas es un reflejo de la actuación tardía de la Dian, que cuenta con un plazo de cinco años para realizar el cobro de los impuestos adeudados. En muchos casos, la entidad no actuó a tiempo, lo que resultó en la pérdida de importantes sumas de dinero.
Además, Quiñonez critica que la Dian ha priorizado el cobro de las deudas recientes en detrimento de las cuentas que se encontraban en riesgo de prescripción. Asimismo, señala que la falta de un soporte jurídico sólido ha llevado a la Dian a perder numerosos litigios tributarios, lo que ha contribuido al aumento de la cartera irrecuperable. La combinación de estos factores ha generado una situación insostenible para las finanzas públicas colombianas.
Las repercusiones inmediatas de esta cifra son significativas. El monto de $16,6 billones en cartera irrecuperable supera lo que suelen recaudar las reformas tributarias recientes, lo que representa una pérdida sustancial para la política fiscal. Considerando una cartera tributaria total de $47,7 billones, el deterioro implica recursos que ya no podrán destinarse a prioridades sociales o económicas, como la salud, la educación o la infraestructura. Este fenómeno reduce la capacidad del Gobierno para cumplir con sus compromisos, especialmente en un momento en que la caja del Estado enfrenta mínimos históricos.
Ante este escenario, Quiñonez propone avanzar en reformas estructurales que faciliten la recuperación de la cartera y saneen las finanzas públicas. En lugar de insistir en reformas tributarias o medidas de emergencia económica, sugiere darle trámite a la ley de recuperación económica que se encuentra en curso en el Congreso desde el año pasado. Esta ley, según el experto, podría haber evitado la pérdida de los $16 billones que ahora se consideran incobrables.
Además, Quiñonez recomienda redirigir los esfuerzos hacia las deudas más próximas a prescribir y promover procesos de conciliación que eviten la salida definitiva de recursos fiscales. La modificación de la estrategia administrativa y legislativa es esencial para evitar que nuevas sumas se tornen incobrables y dejen de aportar al presupuesto nacional.
La presión sobre la liquidez estatal se ha intensificado en los últimos meses. El Banco de Bogotá reportó un desplome en el saldo de los depósitos de la Dirección del Tesoro Nacional en el Banco de la República, pasando de $15,2 billones a cerca de $6,4 billones entre el 23 y el 27 de febrero. Este fue el registro más bajo para febrero en la historia reciente de Colombia, en medio de un esfuerzo récord de emisión de deuda interna por $22,6 billones durante ese mes.
El Ministerio de Hacienda emitió TES de largo plazo por $15,6 billones, colocó $3,4 billones en subastas y $3,6 billones de TES de corto plazo. A pesar de estas medidas, la caja cerró con una caída del 41% frente a febrero de 2025, cuando sumaba $10,9 billones. Enero ya marcaba un mínimo, con $9,7 billones, y el saldo del primer bimestre apenas alcanzó $15 billones, lo que ha encendido la preocupación por la liquidez del Estado.
La situación exige una respuesta urgente y coordinada por parte del Gobierno y la Dian. Es fundamental fortalecer la gestión de cobro, mejorar la eficiencia en la tramitación de los litigios tributarios y evitar la prescripción de las deudas. Asimismo, es necesario implementar reformas estructurales que permitan sanear las finanzas públicas y garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo. De lo contrario, Colombia podría enfrentarse a una crisis económica de consecuencias impredecibles. La transparencia y la rendición de cuentas son cruciales para recuperar la confianza de los ciudadanos y asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y responsable.
