La candidata al Senado por Alianza para el Progreso, Marisol Espinoza, defendió la contratación de la modelo e influencer Suheyn Cipriani en la Presidencia del Congreso de la República, minimizando la controversia y asegurando que su incorporación estuvo ligada a labores de carácter social y no a funciones directas dentro del ámbito parlamentario. Sus declaraciones, realizadas a la emisora RPP, buscan contrarrestar una reciente investigación periodística que ha puesto en tela de juicio la transparencia del proceso y la validez de la experiencia laboral acreditada por la influencer.
Espinoza, quien ostentó el cargo de Vicepresidenta de la República, argumentó que Cipriani fue contratada para apoyar actividades sociales y obras de bien común, y no para desempeñar tareas administrativas o de asesoría dentro del despacho del entonces presidente del Congreso, Eduardo Salhuana. “Concretamente el caso de la señorita Suheyn, ella fue contratada en el despacho… no en el despacho, sino para temas de carácter social. Ella, por lo que tengo entendido, tenía y creo que está presentando su documentación”, afirmó la candidata.
La exvicepresidenta insistió en que, según la información que maneja, Cipriani no tuvo ningún encuentro previo con Salhuana antes de ser contratada. “No se reunió con el doctor Salhuana, sino al año siguiente fue contratada, pero en el despacho donde trabajan para hacer obras de bien común, de bien social”, añadió Espinoza, intentando desvincular la contratación de cualquier tipo de favoritismo o influencia política.
Sin embargo, estas declaraciones contrastan con los hallazgos de una exhaustiva investigación realizada por el diario El Comercio, que reveló que el 3 de abril de 2025, el propio Eduardo Salhuana solicitó formalmente la incorporación de Cipriani como personal de confianza para la Presidencia del Congreso. Los documentos a los que tuvo acceso el medio demuestran que la solicitud fue presentada con carácter urgente y que, apenas 24 horas después, Cipriani fue designada como auxiliar bajo la modalidad de confianza, percibiendo una remuneración mensual de S/4.500.
La investigación de El Comercio también puso en evidencia inconsistencias en la documentación presentada por Cipriani para acreditar su experiencia laboral. La influencer adjuntó un certificado que indicaba que se había desempeñado como administradora de la empresa TYC Brasil S.A.C. entre noviembre de 2020 y febrero de 2024. No obstante, una revisión exhaustiva de los registros laborales y de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos no arrojó evidencia alguna de aportes previsionales ni registros de pagos que respalden el supuesto vínculo laboral de Cipriani con dicha empresa durante el período indicado.
Esta discrepancia ha generado fuertes críticas y cuestionamientos sobre la veracidad de la información proporcionada por Cipriani y la diligencia debida realizada por la Presidencia del Congreso al momento de su contratación. La oposición ha exigido una investigación exhaustiva para determinar si se cometieron irregularidades y si la contratación de la influencer se realizó siguiendo los procedimientos establecidos por la ley.
La defensa de Espinoza, aunque intenta justificar la contratación como una iniciativa social, no ha logrado disipar las dudas y la controversia en torno al caso. La falta de transparencia en el proceso y las inconsistencias en la documentación presentada por Cipriani han alimentado las sospechas de que la contratación se realizó por motivos políticos o personales, y no por una necesidad real de contar con los servicios de una influencer para actividades sociales.
La situación ha generado un debate público sobre la idoneidad de contratar personal de confianza sin una experiencia profesional comprobada y sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la administración pública. Diversos analistas políticos han señalado que este tipo de casos socavan la confianza de la ciudadanía en las instituciones y contribuyen a la percepción de que la política es un espacio reservado para los privilegiados y los allegados al poder.
El caso Cipriani también ha puesto en el foco la creciente influencia de las redes sociales y los influencers en la política peruana. La contratación de personal con un alto perfil mediático, aunque pueda generar visibilidad y atención pública, plantea interrogantes sobre la profesionalización de la administración pública y la necesidad de priorizar la competencia y la experiencia sobre la popularidad y la influencia en las redes sociales.
La investigación de El Comercio ha revelado además que la contratación de Cipriani no fue un caso aislado. El medio ha identificado otros casos de personal contratado bajo la modalidad de confianza en la Presidencia del Congreso sin contar con la experiencia o la formación académica requerida para desempeñar las funciones asignadas. Esta práctica, según denuncian los críticos, se ha convertido en una forma de clientelismo político y de favorecer a personas cercanas al poder, en detrimento de la meritocracia y la transparencia.
Ante la creciente presión pública y las exigencias de la oposición, se espera que el Congreso de la República inicie una investigación parlamentaria para esclarecer las circunstancias de la contratación de Cipriani y determinar si se cometieron irregularidades. La investigación deberá analizar la documentación presentada por la influencer, entrevistar a los responsables de la contratación y evaluar si se cumplieron los procedimientos establecidos por la ley.
El resultado de esta investigación podría tener importantes consecuencias políticas, tanto para los involucrados en la contratación de Cipriani como para la imagen del Congreso de la República. La ciudadanía espera que se haga justicia y que se establezcan mecanismos para evitar que este tipo de situaciones se repitan en el futuro. La transparencia, la meritocracia y la rendición de cuentas son principios fundamentales para fortalecer la democracia y garantizar la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
