El bufete de abogados Barci de Moraes, cuya socia es Viviane Barci de Moraes, esposa del ministro Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal (STF), ha divulgado detalles sobre los servicios de consultoría y representación legal prestados al Banco Master entre febrero de 2024 y noviembre de 2025. La información, publicada originalmente por O Globo, ha generado un intenso debate sobre posibles conflictos de interés, a pesar de las vehementes negaciones del bufete.
El contrato, que preveía pagos mensuales de 3,5 millones de reales (aproximadamente 700.000 dólares al tipo de cambio actual), ascendía a un total de 129 millones de reales (unos 25,8 millones de dólares) a lo largo de tres años. La relación contractual finalizó en noviembre de 2025, coincidiendo con la liquidación del Banco Master por orden del Banco Central de Brasil, lo que añade una capa adicional de escrutinio a la situación.
Según la nota emitida por Barci de Moraes, el bufete movilizó un equipo de 15 abogados y contrató los servicios de tres firmas especializadas en consultoría, todas ellas trabajando bajo la coordinación del bufete principal. La magnitud del equipo asignado al caso sugiere la complejidad y el volumen de trabajo involucrados en la prestación de servicios al Banco Master.
La nota detalla una intensa actividad de reuniones de trabajo, con un total de 94 encuentros. De estas, 79 se llevaron a cabo de forma presencial en la sede del Banco Master, con una duración promedio de tres horas cada una. Estas reuniones se centraron en el análisis exhaustivo de documentación y la discusión de cuestiones jurídicas que involucraban a las superintendencias de Compliance y Corporativa, así como a la gerencia de Compliance del banco.
Además de las reuniones presenciales, se realizaron 13 encuentros con la presidencia del Banco Master. Dos de estas reuniones tuvieron lugar en la sede del bufete, mientras que las 11 restantes se llevaron a cabo por videoconferencia, con una duración promedio de dos horas. También se registraron dos reuniones virtuales entre el equipo jurídico del banco y el equipo legal del bufete.
El resultado de esta intensa actividad se tradujo en la producción de 36 informes y opiniones legales que abarcaron una amplia gama de temas, incluyendo aspectos previdenciarios, contractuales, laborales, regulatorios, compliance, protección de datos y crédito. Esta diversidad de temas sugiere que el bufete proporcionó una asesoría legal integral al Banco Master.
Uno de los equipos jurídicos del bufete se dedicó a la elaboración de opiniones legales para el Departamento de Compliance del banco. Su trabajo incluyó la revisión de la Política de Captação para el Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) y la revisión del Programa de Compliance con el objetivo de obtener el Selo Pro-Ética, una certificación que reconoce las buenas prácticas en materia de ética y transparencia. Esta tarea implicó una revisión exhaustiva de la estructura del departamento, del Código de Ética y Conducta, y la elaboración de políticas específicas sobre temas como las relaciones con el Poder Público, las licitaciones, los conflictos de intereses y las partes relacionadas.
Otro equipo se centró en áreas de carácter penal y administrativo, realizando análisis consultivos y estratégicos de investigaciones policiales, acciones penales, investigaciones civiles y acciones civiles públicas de interés para el Banco Master y sus directivos. Muchos de estos casos eran de carácter confidencial. Además, este equipo participó activamente en la defensa del banco en una acción penal iniciada el 17 de octubre de 2024 y en una investigación policial federal en la que se presentó una habilitación el 8 de abril de 2024.
En un intento por disipar cualquier duda sobre una posible influencia del ministro Alexandre de Moraes en la relación contractual, la nota enfatiza que el bufete "nunca condujo ninguna causa para el Banco Master en el ámbito del STF (Supremo Tribunal Federal)". Esta declaración busca dejar claro que no hubo ninguna intervención directa del ministro en los asuntos legales del banco.
El bufete también destaca su trayectoria de casi dos décadas prestando servicios de alta calidad a grandes clientes, combinando una visión jurídica sólida con un enfoque estratégico. Además, señala que entre sus socios se encuentran dos de los hijos del ministro Alexandre de Moraes, lo que inevitablemente genera preguntas sobre la posible influencia familiar en la obtención y ejecución del contrato.
La divulgación de estos detalles ha provocado una ola de críticas y llamados a una investigación exhaustiva por parte de la oposición política y de organizaciones de la sociedad civil. Se argumenta que la relación contractual entre el bufete de la esposa del ministro y el Banco Master, que posteriormente fue liquidado, plantea serias dudas sobre la transparencia y la imparcialidad del sistema judicial.
La liquidación del Banco Master por parte del Banco Central añade un elemento de sospecha a la situación. Algunos analistas sugieren que la asesoría legal proporcionada por el bufete podría no haber sido suficiente para evitar la crisis financiera del banco, o incluso que podría haber contribuido a ella.
El bufete Barci de Moraes ha defendido la legalidad y la ética de sus servicios, argumentando que actuó de manera profesional y transparente en todo momento. Sin embargo, la controversia persiste y es probable que siga generando debate en los próximos días y semanas. La presión pública y la demanda de una investigación independiente podrían obligar a las autoridades competentes a tomar medidas para esclarecer los hechos y determinar si hubo alguna irregularidad en la relación contractual entre el bufete y el Banco Master.
