El Gobierno Regional de La Libertad, bajo la administración de César Acuña, activó una costosa campaña publicitaria nacional utilizando fondos estatales poco antes de que el entonces gobernador renunciara para postular a la Presidencia de la República en las elecciones generales del 2026. La investigación, revelada por el programa “Cuarto Poder”, expone una estrategia cuidadosamente orquestada para posicionar la gestión de Acuña en las principales plataformas digitales y medios de comunicación del país, coincidiendo con el inicio de la campaña electoral.
La investigación periodística detalla cómo la gestión de Acuña buscó contratar a una empresa especializada en medios digitales para impulsar su imagen en Facebook, Instagram, YouTube y otras plataformas sociales. Las bases de la contratación incluían criterios de segmentación geográfica que abarcaban Lima, La Libertad y las principales ciudades del Perú, un claro indicio de la intención de llegar a un público nacional en plena temporada electoral.
Tres meses antes de anunciar su renuncia, el Gobierno Regional de La Libertad estableció un comité de selección con el objetivo de contratar los servicios de planificación y ejecución de campañas digitales en redes sociales. La finalidad pública declarada era “fortalecer la comunicación institucional y la transparencia de la gestión pública, posicionando las principales obras, proyectos y servicios implementados por el gobierno regional de La Libertad”. Sin embargo, la temporalidad de la contratación – septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025 – coincide sospechosamente con el inicio de la campaña electoral, levantando interrogantes sobre la verdadera motivación detrás de la inversión.
Para este servicio, se destinaron 479.000 soles, una suma considerable que incluía un presupuesto específico de 370.000 soles para pautas publicitarias en plataformas digitales como Facebook, Instagram, YouTube y Google Ads. Este último punto es crucial, ya que revela que la inversión pública no se limitaba a informar, sino que estaba dirigida a posicionar la imagen de César Acuña y su gestión.
La firma del contrato se produjo días después de la renuncia de Acuña, lo que generó complicaciones en la ejecución del proyecto, ya que el cronograma original no podía cumplirse. Ante esta situación, se reestructuró el acuerdo, se redefinieron los plazos y se redujo el presupuesto a la mitad. Finalmente, la estrategia digital se aplicó solo en noviembre y diciembre de 2025.
Durante esos 47 días, una avalancha de anuncios y videos promocionando las acciones del Gobierno Regional de La Libertad inundaron Instagram, Facebook y YouTube. Además, anuncios promocionando la gestión de Acuña Peralta comenzaron a aparecer en las principales páginas web de medios de comunicación. La inversión diaria en pauta digital ascendió a 5.286 soles, sumando un total de 185.000 soles solo en promoción de publicaciones.
La estrategia cumplió su objetivo de alcanzar un amplio público a nivel nacional, incluyendo Lima Metropolitana, La Libertad y otras regiones del país. La mayor parte de la inversión se concentró en Facebook e Instagram, donde se destinaron 118.800 soles, aproximadamente el 60% del presupuesto total. YouTube recibió 59.700 soles, mientras que el resto se destinó a motores de búsqueda para ampliar el alcance.
Los resultados de la campaña fueron medibles semanalmente, y algunos de los videos difundidos lograron cifras impresionantes en redes sociales, superando los 3 millones de interacciones y alcanzando más de 2 millones de visualizaciones.
Mariano López, gerente general de GM Marketing SAC, la empresa ganadora de la licitación, se negó a proporcionar detalles adicionales sobre la campaña, sugiriendo que los resultados podían solicitarse directamente al Gobierno Regional de La Libertad.
Ante las acusaciones, César Acuña se pronunció a través de sus redes sociales, afirmando que la investigación relacionada con este proceso ya se encuentra en conocimiento del Ministerio Público desde fines de mayo de 2025. Defendió la legalidad de la licitación, asegurando que se desarrolló “estrictamente de acuerdo con las normas vigentes, cumpliendo los procedimientos administrativos establecidos y bajo criterios de total transparencia”.
Acuña también enfatizó que la responsabilidad de la ejecución del plan recaía en las gerencias regionales de Imagen y Administración, y que todos los contenidos publicitarios fueron debidamente reportados al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), cumpliendo con la ley de Publicidad Estatal en época electoral.
Sin embargo, el candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP) no dudó en criticar al programa “Cuarto Poder”, acusándolo de pretender “instalar cuestionamientos que solo contribuyen a generar confusión en la opinión pública y terminan siendo utilizados por sectores de la oposición política para desestabilizar una candidatura que cuenta con el respaldo ciudadano”.
Este caso plantea serias interrogantes sobre el uso de fondos públicos con fines proselitistas y la posible vulneración de la ley electoral. La investigación periodística de “Cuarto Poder” ha puesto en el centro del debate la ética y la transparencia en la gestión pública, especialmente en un contexto electoral. La respuesta del Ministerio Público y el Jurado Nacional de Elecciones serán cruciales para determinar si se han cometido irregularidades y si César Acuña ha utilizado indebidamente los recursos del Estado para impulsar su campaña presidencial. La ciudadanía espera una investigación exhaustiva y transparente que esclarezca los hechos y garantice la integridad del proceso electoral.
