Guayaquil, 8 de marzo de 2026 – El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, enfrenta una escalada en su situación legal tras recibir una segunda orden de prisión preventiva en el marco del caso Triple A, una investigación por presunta comercialización irregular de combustibles. El mandatario local fue trasladado este domingo desde la cárcel de Cotopaxi hasta la cárcel del Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena, generando una ola de reacciones y acusaciones cruzadas en el panorama político ecuatoriano.
El traslado, confirmado por su abogado, Ramiro García, ha sido calificado como una violación a los derechos del alcalde Álvarez. “Una vez iniciada la audiencia de juzgamiento en el caso Triple A, se traslada al Alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez a la cárcel del Encuentro, donde estará totalmente aislado e incomunicado y por tanto, sin contacto con su defensa técnica. Otra violación a sus derechos”, denunció García a través de su cuenta en la red social X.
Álvarez ya se encontraba recluido en la cárcel de Cotopaxi desde el 12 de febrero de 2026, tras la emisión de una primera orden de prisión preventiva en el denominado caso Goleada. Esta investigación se centra en presuntas acusaciones de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. Con la adición de la segunda orden de prisión preventiva, la situación legal del alcalde se complica aún más.
Previo a la confirmación del traslado, el abogado García había manifestado a EXPRESO que no habían sido notificados formalmente sobre la medida. Sin embargo, David Norero, exsecretario del Concejo Municipal y actual colaborador en la defensa del alcalde, difundió en su cuenta de X un mensaje presuntamente escrito por Álvarez, revelando detalles sobre las razones detrás del traslado.
“Me trasladan a Santa Elena invocando un supuesto ‘plan contra mi vida’ basado en informes reservados”, cita la publicación. En el mensaje, Álvarez defiende la integridad de la organización política RC5 y califica la acción como un intento de acusación política sin pruebas concretas. La referencia a “informes reservados” ha desatado un debate sobre la transparencia y el uso de información confidencial en el proceso judicial.
La controversia no se ha limitado al ámbito legal. El expresidente y líder del movimiento Revolución Ciudadana, Rafael Correa, ha intervenido en el debate a través de su cuenta en X, cuestionando duramente el traslado del alcalde Álvarez. “¡Sinvergüenzas! ¿Puede alguien todavía creerle al drogo pelafustán y a sus «informes secretos»?”, escribió Correa, utilizando un lenguaje confrontacional.
Correa también aprovechó la oportunidad para criticar al gobierno del presidente Daniel Noboa, señalando la recurrencia de “informes secretos” en su administración. “¿Recuerdan los «informes secretos» del Cartel de los Soles?”, preguntó, haciendo alusión a un caso de corrupción ocurrido durante su propio gobierno. “Creo que Daniel Noboa necesita la maldad tanto como de la droga: no pasa un día sin que haga algo perverso. ¡Fuerza, Aquiles!”, concluyó el expresidente.
El Tribunal del caso Triple A justificó la nueva orden de prisión preventiva argumentando que el alcalde Álvarez alteró el dispositivo electrónico que debía portar como parte de las medidas cautelares alternativas. Los magistrados consideraron que las presentaciones periódicas del alcalde ante las autoridades resultaban ineficaces para garantizar el cumplimiento de las medidas impuestas. Por ello, ordenaron oficiar al Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI) y a la Comandancia de la Policía Nacional para ejecutar la medida de privación de la libertad.
Esta decisión marca un punto de inflexión en el caso Triple A, intensificando la presión sobre el alcalde Álvarez y su equipo legal. La acusación de haber manipulado el dispositivo electrónico sugiere una falta de cooperación con la justicia y podría tener consecuencias significativas en el desarrollo del proceso judicial.
El caso Triple A se suma a la lista de investigaciones que involucran al alcalde Álvarez, quien ha sido objeto de escrutinio público desde su elección. El caso Goleada, con sus acusaciones de delincuencia organizada y lavado de activos, ya había generado una fuerte controversia en Guayaquil y a nivel nacional. La acumulación de investigaciones y las medidas cautelares impuestas han debilitado la posición política del alcalde y han puesto en tela de juicio su gestión al frente del municipio.
El traslado a la cárcel del Encuentro, conocida por su régimen de máxima seguridad, ha generado preocupación entre los defensores del alcalde Álvarez, quienes temen por su integridad física y su capacidad para ejercer sus derechos. La incomunicación impuesta por las autoridades dificulta la defensa del alcalde y alimenta las sospechas sobre la transparencia del proceso judicial.
La situación del alcalde Álvarez ha polarizado aún más el panorama político ecuatoriano, con acusaciones mutuas entre el gobierno, la oposición y los diferentes actores involucrados. El caso Triple A y el caso Goleada se han convertido en símbolos de la lucha contra la corrupción y la impunidad, pero también en herramientas políticas para atacar a los adversarios.
La noticia continúa en desarrollo, y se espera que en los próximos días se revelen nuevos detalles sobre la investigación y el proceso judicial que enfrenta el alcalde de Guayaquil. La comunidad internacional observa con atención la evolución de este caso, que podría tener implicaciones importantes para la democracia y el estado de derecho en Ecuador. La incertidumbre sobre el futuro político de Álvarez y el impacto de estas investigaciones en la ciudad de Guayaquil son temas centrales en el debate público.
