Siete años después del brutal asesinato del empresario estadounidense William Sean Creighton Kapko, dueño de la casa de apuestas en línea 5Dimes, Costa Rica enfrenta una creciente amenaza: las criptomonedas se han convertido en el método predilecto para el lavado de dinero y la financiación del crimen organizado, desde el narcotráfico hasta la pornografía infantil. La falta de regulación en este ámbito ha puesto al país en el radar del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que evaluará en noviembre si Costa Rica merece ser incluida en su lista gris, lo que tendría graves consecuencias para su reputación y economía.
El caso de Kapko, secuestrado en 2019 y asesinado tras el pago de un rescate incompleto en Bitcoin, es un claro ejemplo de cómo las criptomonedas pueden facilitar actividades criminales. Los secuestradores exigieron $5 millones en criptomonedas, y aunque la familia solo pudo reunir $950.800 (13,3 bitcoins al tipo de cambio actual), el uso de esta moneda digital les permitió operar con relativa impunidad. La investigación, que tardó un año en confirmar la identidad del cuerpo exhumado en Quepos, reveló la sofisticación de la banda criminal y su capacidad para aprovechar las lagunas legales en torno a las criptomonedas.
A pesar de que las transacciones de criptomonedas no son anónimas y pueden ser rastreadas con el marco regulatorio adecuado, la ausencia de leyes específicas en Costa Rica ha creado un paraíso para los delincuentes. Según el fiscal especializado en crimen organizado, Christian Quirós, los narcotraficantes utilizan cada vez más las criptomonedas para convertir sus ganancias ilícitas en activos digitales, dificultando su rastreo por parte de las autoridades. “Hemos detectado que las organizaciones criminales están convirtiendo las ganancias producto de la actividad del narcotráfico en criptomonedas. Así evitan que ese criptoactivo sea fácil de rastrear por parte de las autoridades. También se han detectado en temas de adquisición de pornografía infantil”, explicó Quirós a La Nación.
El uso de criptomonedas también facilita las transacciones internacionales, fortaleciendo los vínculos entre bandas costarricenses y carteles mexicanos o colombianos. La facilidad para mover grandes sumas de dinero sin el riesgo de decomisos ha impulsado su adopción en el mundo del crimen. El operativo “Caso Traición”, ejecutado por el OIJ en noviembre pasado contra el cartel del Caribe Sur, reveló que uno de los involucrados poseía una billetera de criptomoneda con más de 1 millón de tether (USDT), equivalente a casi $1 millón. Otro caso sonado, “Madre Patria”, involucró la movilización de 11,8 millones de euros en bitcoins a través de un punto de intercambio en España, lo que generó una alerta de lavado de dinero por parte de las autoridades españolas.
La capacidad de las autoridades españolas para rastrear las transacciones de criptomonedas y localizar al cabecilla de la banda que asesinó a Creighton, Morales Vega, demuestra que la trazabilidad es posible con la cooperación internacional y las herramientas adecuadas. El OIJ solicitó a la Guardia Civil española estudiar la trazabilidad de los bitcoins recibidos por los secuestradores, y los investigadores encontraron dos monederos virtuales donde la organización intentó ocultar el dinero, así como direcciones IP de San José vinculadas a las transacciones.
Sin embargo, en Costa Rica, la falta de regulación dificulta la investigación y la persecución de estos delitos. El abogado especialista en derecho informático, Adalid Medrano, señala que los delincuentes utilizan las criptomonedas pensando que tienen privacidad absoluta, pero en realidad sus billeteras se exponen cuando utilizan entidades financieras formales. El problema es que “no tenemos adónde tocar la puerta”, afirma, ya que las casas de cambio no tienen comunicación formal con las autoridades nacionales.
El gobierno de Carlos Alvarado intentó aprobar un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para regular los servicios de cripto, pero no prosperó. Un nuevo proyecto, presentado por el diputado independiente Gilberth Jiménez, fue dispensado de trámites con apoyo unánime de 40 diputados, lo que indica un creciente consenso sobre la necesidad de regular este mercado. La propuesta busca que los operadores de criptomonedas se registren ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y apliquen protocolos estrictos de debida diligencia con sus clientes, manteniendo registros de transacciones que puedan ser solicitados por las autoridades.
La inclusión en la lista gris del GAFI tendría consecuencias negativas para Costa Rica, afectando su reputación y dificultando el acceso a financiamiento internacional. Tomás Soley, superintendente general de Valores (Sugeval), ha expresado la urgencia de que este proyecto se convierta en ley, destacando que cuenta con el apoyo de las cuatro superintendencias y del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
A pesar de que solo el 2% de la población costarricense posee criptomonedas, según un estudio del Banco Central, su uso entre los narcotraficantes es “muy común”, según el fiscal Quirós. La falta de regulación no solo facilita el crimen, sino que también desincentiva la inversión en este sector, ya que la incertidumbre jurídica dificulta el desarrollo de negocios legítimos. La aprobación de una ley que regule las criptomonedas es crucial para proteger a Costa Rica de los riesgos asociados a este mercado y aprovechar sus beneficios potenciales. El caso de William Sean Creighton Kapko es un recordatorio sombrío de las consecuencias de la inacción y la urgencia de abordar esta problemática.
