Costa Rica enfrenta un año de vigencia de la Ley contra la Violencia Vicaria, una legislación crucial que busca abordar una forma insidiosa de maltrato que va más allá de la agresión directa a la mujer. Esta ley, que entró en vigor en enero de 2025, define la violencia vicaria como una acción u omisión cometida por una persona en relación sentimental con una mujer, ya sea actual o pasada, con el objetivo de causarle daño emocional, psicológico o patrimonial a través de la afectación de sus seres queridos, sus bienes o incluso sus mascotas.
El concepto de Violencia Vicaria fue inicialmente descrito por la psicóloga argentina Sonia Vaccaro, quien se centró en el uso de los hijos como instrumentos para herir emocionalmente a las madres. Sin embargo, la definición costarricense amplía el alcance para incluir a otros miembros de la familia, dependientes económicos y animales de compañía, reconociendo la complejidad de las tácticas empleadas por los agresores.
Un caso emblemático que ilustra la necesidad de esta ley ocurrió en Heredia en 2023, donde un hombre intentó matar al hijo de su pareja frente a la madre. En ese momento, el acto no pudo ser juzgado bajo la figura de Violencia Vicaria debido a la ausencia de la legislación específica. Este incidente, y otros similares, impulsaron la creación de la ley que ahora busca proteger a las mujeres de estas formas de agresión indirecta.
La fiscal adjunta contra la Violencia de Género, Debby Garay, explica que la ley cubre un amplio espectro de situaciones. “Principalmente hablamos de hijas e hijos, madres, padres, esas personas que están ligadas por un vínculo de consanguinidad o afinidad con la mujer. Si bien la mujer no es la víctima directa de estos hechos, se causa un grave daño emocional a la mujer víctima, cuyos efectos son permanentes”, afirma Garay.
La motivación detrás de la Violencia Vicaria, según la fiscal, suele ser mantener el control sobre la mujer, ya sea para prolongar una relación sentimental o para evitar que se presenten denuncias. Los agresores recurren a amenazas, reproches, manipulación y el uso de la culpa para intimidar a sus víctimas y mantenerlas bajo su dominio. Incluso, pueden utilizar el sistema legal, como la solicitud de pensiones alimenticias o medidas cautelares, como una forma de acoso y control.
Garay enfatiza la importancia de comprender la naturaleza de la Violencia Vicaria para lograr una “humanización de la violencia”. Pregunta a la sociedad: “¿Cuáles son los elementos que como sociedad debemos detectar y conocer para identificar estas manifestaciones y para dar una orientación correcta o certera a quienes estén sufriendo esta situación?”.
La ley facilita la interposición de denuncias, permitiendo que cualquier persona con conocimiento de un caso de Violencia Vicaria presente una denuncia ante las autoridades. El coordinador de la Fiscalía contra la Violencia de Género, Allan Cortés, aclara que los delitos de agravamiento contra las mujeres son de acción pública, lo que significa que no solo la víctima está legitimada para denunciar. “Cualquier persona que conozca la denuncia de la violencia en el juicio de una mujer, por ser familiar, por ser vecino, por ser amigo. Inclusive, digamos, a nivel laboral, el jefe, sabe, conoce que esa mujer está siendo víctima, de la iglesia, por parte de su pareja, por parte de un compañero de trabajo”, explica Cortés.
En cuanto a las pruebas necesarias para sustentar una denuncia, la ley establece el principio de libertad probatoria, lo que significa que cualquier medio de prueba legalmente obtenido puede ser utilizado para demostrar los hechos delictivos. Esto incluye capturas de pantalla de mensajes, fotografías, videos, testimonios de testigos presenciales y cualquier otra evidencia que pueda corroborar las acusaciones.
Si bien el testimonio de la víctima es fundamental, la ley permite que los casos avancen incluso sin su declaración directa, protegiendo así a las mujeres que temen represalias por denunciar a sus agresores. La Fiscalía se compromete a garantizar la seguridad y el apoyo a las víctimas de Violencia Vicaria, brindándoles asesoría legal y psicológica, así como medidas de protección para evitar que sufran más daños.
La implementación de la Ley contra la Violencia Vicaria representa un paso importante en la lucha contra la violencia de género en Costa Rica. Sin embargo, las autoridades reconocen que aún queda mucho por hacer para sensibilizar a la población sobre esta problemática y garantizar que todas las mujeres tengan acceso a la justicia y a la protección que necesitan. La colaboración entre las instituciones gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad en general es esencial para erradicar la Violencia Vicaria y construir una sociedad más justa e igualitaria.
La fiscalía ha iniciado campañas de concientización dirigidas a la población en general, así como a profesionales que trabajan en áreas relacionadas con la violencia de género, como policías, jueces, fiscales y trabajadores sociales. Estas campañas buscan informar sobre los diferentes tipos de Violencia Vicaria, los derechos de las víctimas y los recursos disponibles para denunciar y recibir apoyo.
Además, se están fortaleciendo los equipos multidisciplinarios que atienden a las víctimas de violencia de género, brindándoles atención integral que incluye asesoría legal, psicológica y social. Se están creando espacios seguros donde las mujeres puedan compartir sus experiencias y recibir el apoyo emocional que necesitan para superar el trauma.
La lucha contra la Violencia Vicaria es un desafío complejo que requiere un enfoque integral y coordinado. Es fundamental que la sociedad costarricense se comprometa a erradicar esta forma de violencia y a proteger a las mujeres y a sus seres queridos. La Ley contra la Violencia Vicaria es una herramienta importante en esta lucha, pero su éxito depende del compromiso y la colaboración de todos.
