El edil nacionalista Federico Paganini impulsa una medida drástica en Montevideo: la prohibición de los cuidacoches no registrados, argumentando una situación de “extrema gravedad” en la capital uruguaya. La propuesta, presentada formalmente a la Intendencia de Montevideo, busca aplicar la Ley de Faltas para retirar de las calles a los aproximadamente 3.000 cuidacoches que operan en la informalidad, calificando su actividad como una “ocupación indebida del espacio público” que, en algunos casos, deriva en violencia hacia los ciudadanos.
Paganini enfatizó que la medida no implicaría un gasto adicional para la Intendencia, ya que la Ley de Faltas ya contempla la sanción por la ocupación ilegal del espacio público. Sin embargo, criticó la actual política de control, señalando que los 6 funcionarios dedicados a esta tarea, con un costo anual de 3 millones de pesos, son “absolutamente insuficientes” para abordar la magnitud del problema. El edil argumenta que la presencia de cuidacoches informales genera inseguridad y coacción, ejemplificando con videos recientes que muestran agresiones a conductores que se niegan a pagar una propina.
La propuesta ha generado un debate complejo, que involucra aspectos sociales, económicos y de seguridad. Sorprendentemente, la iniciativa cuenta con el apoyo de la Asociación de Cuidacoches, representada por Marta Rodríguez. Rodríguez, quien ha abogado por la regulación del sector durante años, coincide en la necesidad de distinguir entre diferentes perfiles dentro del colectivo: “indigentes, personas en situación de calle y malvivientes”. La representante de la asociación denuncia que se tiende a generalizar, englobando a todos en la misma categoría, lo que dificulta la implementación de políticas efectivas.
Rodríguez apunta a una problemática subyacente: la actitud de algunos ciudadanos que, por temor a represalias, prefieren dar dinero a personas que ejercen la extorsión antes que a los cuidacoches que ofrecen un servicio legítimo. “La gente es la que tiene la culpa de que el malviviente exista, porque de repente a mí me niegan 20 pesos y le dan 50 al malviviente porque tienen miedo que les rompa el auto, tiene miedo que les haga algo”, declaró. Esta observación pone de manifiesto una dinámica compleja en la que el miedo y la percepción de inseguridad alimentan la actividad de quienes se aprovechan de la situación.
La realidad de los cuidacoches es diversa. Julio, un trabajador regularizado que opera en la zona de Tres Cruces, relató a Subrayado las dificultades que enfrenta a pesar de contar con el permiso de la Intendencia. “Está complicada la mano”, admitió, reconociendo que la situación económica general afecta la disposición de la gente a dar propinas. Julio, quien vive en un refugio, apenas logra reunir 200 pesos diarios, lo que evidencia la precariedad en la que se encuentran muchos de estos trabajadores. Su testimonio subraya que la regularización no garantiza ingresos estables ni elimina la dependencia de las propinas.
La propuesta de Paganini plantea interrogantes sobre el futuro de los cuidacoches informales y las alternativas que se les ofrecerán. Si bien la prohibición podría mejorar la seguridad y la fluidez del tráfico, también podría agravar la situación de vulnerabilidad de quienes dependen de esta actividad para subsistir. La Intendencia de Montevideo deberá considerar cuidadosamente estos aspectos al evaluar la propuesta y diseñar una estrategia integral que aborde tanto los problemas de seguridad como las necesidades sociales de este colectivo.
La discusión también abre un debate más amplio sobre la informalidad laboral en Uruguay y la necesidad de políticas públicas que promuevan la inclusión social y el acceso a empleos dignos. La situación de los cuidacoches es un reflejo de las desigualdades sociales y la falta de oportunidades que afectan a una parte importante de la población.
Expertos en seguridad urbana consultados por Subrayado advierten que la simple prohibición de los cuidacoches informales no resolverá el problema de la violencia en las calles. Consideran que es necesario fortalecer la presencia policial, mejorar la iluminación y promover la participación ciudadana para crear un ambiente más seguro. Asimismo, sugieren implementar programas de capacitación y reinserción laboral para los cuidacoches que deseen abandonar la informalidad.
La Asociación de Cuidacoches propone la creación de un registro oficial de trabajadores, la asignación de espacios específicos para el estacionamiento y la implementación de tarifas fijas. Estas medidas, según la asociación, permitirían regularizar la actividad, garantizar ingresos dignos y mejorar la calidad del servicio.
El debate sobre los cuidacoches en Montevideo es un ejemplo de la complejidad de los desafíos urbanos y la necesidad de encontrar soluciones que equilibren la seguridad, la justicia social y el desarrollo económico. La decisión que tome la Intendencia de Montevideo tendrá un impacto significativo en la vida de miles de personas y en la imagen de la ciudad.
