La investigación judicial denominada "Caso Dalila" ha puesto al descubierto el funcionamiento interno de una organización criminal que operaba en la zona de Siquirres. Según los hallazgos de las autoridades, esta estructura delictiva implementaba una estrategia basada en la explotación de mujeres en situaciones de vulnerabilidad para lograr el ingreso de sustancias ilícitas a diversos centros penitenciarios del país.
El modus operandi de la banda consistía en la contratación de mujeres a quienes se les ofrecía un pago aproximado de 300.000 colones. El objetivo de este pago era que las mujeres introdujeran drogas en las prisiones, utilizando para ello sus genitales como medio de ocultamiento para evadir los controles de seguridad de los centros penales.
No obstante, las autoridades detallaron que el beneficio económico para la organización criminal era significativamente superior a la remuneración entregada a las mujeres. De acuerdo con las investigaciones, el ingreso de una cantidad relativamente pequeña de sustancias, específicamente unos 250 gramos de cocaína o marihuana, podía generar ganancias de hasta 5 millones de colones para la estructura criminal, evidenciando la alta rentabilidad de este esquema de tráfico interno.
La organización investigada no limitaba sus actividades únicamente al tráfico de narcóticos dentro de las cárceles. Las autoridades judiciales han señalado que esta banda también estaría vinculada con otros delitos de gravedad, entre los que destacan el narcotráfico a mayor escala, el contrabando de cigarrillos y la comisión de diversos homicidios.
Para desmantelar esta red, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) llevó a cabo un despliegue operativo que incluyó la ejecución de 39 allanamientos en diversos puntos estratégicos del territorio nacional. Estas diligencias se extendieron por sectores de Guanacaste, la zona sur y la región del Caribe, abarcando además múltiples centros penitenciarios.
Entre los recintos carcelarios allanados se encuentran La Leticia, el centro penal de Sandoval en Limón, San Sebastián, Terrazas, La Reforma y el centro penal de Liberia. Estos operativos forman parte de una estrategia coordinada para recolectar evidencia y capturar a los integrantes de la organización.
Michael Soto, director interino del OIJ, calificó el proceso como una investigación importante, destacando que existe una gran cantidad de personas detenidas como resultado de estas acciones policiales y judiciales.
En cuanto al avance de las capturas, las autoridades han establecido como meta la detención de 41 personas presuntamente relacionadas con esta estructura criminal. Hasta el momento, se ha logrado la captura de 37 de los sospechosos buscados.
El "Caso Dalila" también engloba la investigación de hechos violentos ocurridos en Siquirres, marcados por una brutalidad extrema. Uno de los casos más impactantes es el asesinato de Rasheed Harim Sánchez Scott, un joven de 22 años. Según los informes, Sánchez Scott fue atraído por dos mujeres y posteriormente encontrado decapitado en el año 2024, dentro de una capilla ubicada en una construcción abandonada.
Finalmente, la investigación ha trascendido el ámbito del crimen organizado común para alcanzar niveles institucionales. El caso también ha puesto bajo la lupa al Ministerio de Justicia, ya que las autoridades investigan la posible implicación de un exdirector y diversos oficiales de dicha entidad en las actividades de la red criminal.
