La crónica policial en los noticieros uruguayos ha mantenido una intensidad constante en los últimos días, reflejando una realidad violenta donde los homicidios se han repetido de forma diaria. La gravedad de la situación quedó evidenciada la semana pasada, que cerró con un saldo de diez personas asesinadas, sumado a la conmoción generada por una masacre previa en la que cinco integrantes de un clan familiar fueron acribillados. Este clima de inseguridad sirve de marco para el reciente informe presentado por el Ministerio del Interior, cuyos datos confirman que el número de homicidios aumentó durante la primera mitad del año.
El Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) del Ministerio del Interior dio a conocer este lunes el Boletín Semestral de Estadísticas Criminales correspondiente al período comprendido entre enero y junio de 2026. Si bien el informe general muestra un descenso del 3,7% en la totalidad de los delitos denunciados, el dato más alarmante se encuentra en los crímenes violentos. El ministro del Interior, Carlos Negro, ya había anticipado días atrás que se produciría un incremento en esta categoría, aunque en aquel momento no había precisado las cifras.
Según el reporte oficial, entre enero y junio de 2026 se contabilizaron 195 homicidios, lo que representa un aumento del 6,6% en comparación con el mismo período de 2025, registrándose 12 casos adicionales. El análisis temporal indica que este crecimiento se concentró principalmente en el segundo trimestre del año, específicamente entre los meses de abril y junio. Mayo se posicionó como el mes más crítico, alcanzando los 38 asesinatos, nueve casos más que en mayo del año anterior. Entre los hechos que impulsaron estas cifras se destacan el ya mencionado quíntuple homicidio y un triple crimen ocurrido en una boca de drogas.
Un punto crítico resaltado por el Ministerio es la creciente dependencia de las armas de fuego para la ejecución de estos crímenes. El informe revela que tres de cada cuatro homicidios fueron cometidos con armas de fuego, elevando el porcentaje al 75%, una cifra considerablemente superior al 64% registrado en el primer semestre del año pasado. En términos numéricos, los crímenes cometidos con armas de fuego ascendieron a 146, lo que supone un incremento del 25%, mientras que los asesinatos cometidos sin el uso de estas armas se redujeron en un 26%.
Diego Sanjurjo, gerente de Estadística y Criminología del Ministerio del Interior, explicó en rueda de prensa que las estrategias implementadas a finales del año pasado dieron resultados positivos durante el primer trimestre de este año, logrando descensos considerables de homicidios en ciertas zonas. Sin embargo, a partir de marzo, se observó un desplazamiento de la violencia hacia zonas aledañas de Montevideo y hacia el departamento de Canelones. En el caso de Canelones, el informe es contundente al señalar que el 70% de los crímenes están asociados al mercado de drogas. Sanjurjo subrayó que la delincuencia se adapta a las estrategias policiales y que la Policía Nacional ya analiza estos cambios para ajustar sus operativos.
En contraste con la tendencia de los homicidios, otros indicadores de violencia mostraron una leve mejoría. Los asesinatos de mujeres por violencia basada en género disminuyeron de 12 a 10 casos, mientras que los crímenes cometidos por parejas o exparejas se mantuvieron estables en ocho. Asimismo, las denuncias por violencia doméstica y delitos asociados bajaron un 1,1%, pasando de 21.575 a 21.434. Por su parte, los delitos sexuales registraron una reducción del 7%, descendiendo de 1.541 a 1.432 denuncias.
En cuanto a los delitos contra la propiedad, la tendencia general fue a la baja. Las rapiñas disminuyeron un 4%, con un total de 7.762 casos frente a los 8.087 del año previo. Los hurtos mostraron una caída significativa del 7,5%, pasando de 53.154 a 49.187 denuncias. El robo de vehículos también bajó un 8,3%, con 6.370 autos hurtados comparado con los 6.943 del mismo periodo de 2025. La reducción más pronunciada en esta categoría se dio en el abigeato, que cayó un 20,1%, pasando de 427 a 341 casos.
La única excepción dentro de los delitos patrimoniales fueron las estafas y fraudes informáticos, que aumentaron al registrarse 14.035 denuncias en 2026 frente a las 13.780 de 2025. El gobierno ha proyectado que esta tendencia al alza en los delitos cibernéticos continuará en el futuro cercano.
