Asunción, Paraguay – Marzo 6, 2026. La jornada de hoy se vio marcada por una serie de operativos policiales de gran envergadura que sacudieron las estructuras del Ministerio Público y revelaron posibles entramados de corrupción y narcotráfico en diferentes puntos del país. Desde la aprehensión del jefe de la Clínica Forense hasta el desmantelamiento de un “aguantadero” en Ciudad del Este, las autoridades paraguayas se encuentran en alerta máxima.
El caso más resonante se centra en la detención de Juan José Augusto Zaldívar Cáceres, de 34 años, jefe de la Clínica Forense del Ministerio Público. Zaldívar fue aprehendido por agentes del Departamento Antisecuestro y Antiextorsión, dependiente de la Dirección Contra el Secuestro y el Terrorismo, en un operativo que tuvo lugar a las 16:00 horas sobre la calle Teresa Lamas Carísino y Mayor Emilio Pastore, en la zona del estacionamiento del Shopping Multiplaza II de Asunción.
La detención se produjo tras una denuncia presentada por un enfermero del Ministerio Público, quien acusó a Zaldívar de exigirle la suma de 15 millones de guaraníes (aproximadamente 2,100 dólares estadounidenses) a cambio de no “tener problemas” por haber presentado un certificado de reposo médico falso. Las autoridades, bajo la dirección del fiscal Federico Delfino, montaron una entrega vigilada para capturar al médico en flagrancia.
El Comandante General Pereira informó que durante la entrega, el denunciante entregó 400 mil guaraníes (aproximadamente 56 dólares estadounidenses) previamente fotocopiados a Zaldívar. Además, se incautó el aparato celular del médico, el cual será analizado en busca de pruebas adicionales que puedan vincularlo a otros actos de corrupción o a una red más amplia de funcionarios involucrados.
Este caso ha generado una ola de indignación en la opinión pública y ha puesto en tela de juicio la integridad de las instituciones encargadas de la justicia en Paraguay. La corrupción en el sistema forense podría comprometer la validez de pruebas cruciales en investigaciones criminales, lo que podría tener consecuencias devastadoras para la administración de justicia.
Paralelamente, en Ciudad del Este, agentes del Comando Tripartito, dependiente de la Dirección Contra el Crimen Organizado, llevaron a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada en el Km 5,500, barrio La Blanca, que funcionaba como un “aguantadero” dedicado a la producción de documentos no auténticos. El operativo, liderado por el Comandante General Rolando Benítez, reveló una sorpresa aún mayor: la presencia de una importante cantidad de drogas y otros elementos relacionados con actividades ilícitas.
Durante el allanamiento, fueron detenidos cuatro sujetos: Rodney Javier Sosa Espino, de nacionalidad uruguaya y con antecedentes penales por hurto, amenaza y violencia doméstica; Walter Alexis Saldívar Samaniego y Óscar Rodrigo Ríos Santacruz, ambos paraguayos; y Víctor Augusto Marques Vieira, de nacionalidad brasileña.
En el interior de la vivienda, los investigadores encontraron una bolsa de polietileno con 250 gramos de supuesta cocaína tipo TUSI, otra bolsa con 670 gramos de la misma sustancia, una bolsa con 803 gramos de una sustancia blanquecina y una bolsa con 900 gramos de otra sustancia blanquecina. Además, se incautaron dos motocicletas marca TAIGA, seis balanzas de precisión, tres máquinas de prensa manual, un gato hidráulico para 32 toneladas, bolsas de polietileno con papelillos tipo algodón color verde agua, dinero en efectivo de diferentes denominaciones, una caja con cartuchos sin percutir, cartuchos de salva y cuatro potes de colorante rosa.
El Comandante Benítez informó que se ha convocado a personal de Antinarcóticos para realizar un análisis exhaustivo de las sustancias encontradas y para determinar su origen y destino. Los detenidos y las evidencias fueron puestos a disposición del fiscal Luis Trinidad, quien ya ha iniciado las investigaciones correspondientes.
En otro orden de acontecimientos, la Policía Nacional se vio obligada a comparecer ante el Senado para dar explicaciones sobre el uso de combustible durante el ejercicio 2024, a raíz de las dudas planteadas por la Contraloría General de la República (CGR) en relación con un monto de 28 mil millones de guaraníes (aproximadamente 3.9 millones de dólares estadounidenses) destinados al consumo de carburante provisto por Petropar.
El Comandante Carlos Benítez, acompañado por el Subcomandante César Silguero Lobos y el Director de Administración y Finanzas, Comisario General José Vera, se presentó ante el Senado para brindar los detalles solicitados. Benítez aseguró que se han proporcionado todas las explicaciones al senador Dionisio Amarilla y a los representantes de la CGR, y que la institución está dispuesta a implementar un plan de mejoramiento en la documentación para garantizar la transparencia en el uso de los recursos.
La Comisario Alicia Agüero, de la Dirección de Administración y Finanzas, explicó que la controversia se debe a la forma en que Petropar emite las facturas, las cuales son genéricas y no especifican la cantidad de combustible ni el monto unitario. Sin embargo, Agüero aseguró que existe otra documentación detallada que respalda las operaciones y que el origen de la duda es meramente formal.
Según la información proporcionada, existe una resolución de la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas (DNIT) que obliga a la especificación de las cargas, pero el sistema de facturación de Petropar no permite cumplir con esta normativa. No obstante, las autoridades ya están trabajando en una solución para evitar inconvenientes futuros, y tanto el Senado como la CGR han sido informados de esta situación.
Estos tres eventos, aunque aparentemente independientes, revelan una preocupante situación de inseguridad y corrupción en Paraguay. La detención del jefe de la Clínica Forense, el desmantelamiento del “aguantadero” en Ciudad del Este y las dudas sobre el uso de combustible por parte de la Policía Nacional son señales de alerta que exigen una respuesta contundente por parte de las autoridades y una mayor transparencia en la gestión de los recursos públicos. La ciudadanía paraguaya espera que estos operativos sean el inicio de una lucha frontal contra la corrupción y el crimen organizado, y que los responsables sean llevados ante la justicia para que respondan por sus actos.
