Garbarino, la histórica cadena de electrodomésticos, ha llegado a su fin. El Juzgado Nacional en lo Comercial N°7 decretó la quiebra de la empresa, poniendo un punto final a una larga y dolorosa agonía que se extendió por más de cuatro años en los tribunales comerciales. La decisión, firmada el 4 de marzo por el juez Fernando D'Alessandro, se produjo tras el fracaso del proceso de salvataje, la última esperanza para rescatar a la compañía y evitar su liquidación.
La resolución judicial constata que Garbarino no logró alcanzar las mayorías necesarias entre sus acreedores para aprobar un acuerdo de reestructuración. Tampoco prosperó la instancia de “cramdown”, un mecanismo legal que permite a terceros presentar propuestas para adquirir la empresa. La única entidad que se había inscripto en el registro de salvataje, la sociedad financiera Vlinder, nunca presentó una propuesta formal, y la propia Garbarino tampoco consiguió el apoyo suficiente para cerrar el proceso.
Este desenlace marca el colapso de uno de los nombres más emblemáticos del retail argentino. Fundada en 1951, Garbarino llegó a dominar cerca del 30% del mercado de electrodomésticos, con una red de más de 300 sucursales en todo el país, fábricas en Tierra del Fuego y negocios asociados como Compumundo y Garbarino Viajes. En su apogeo, la empresa empleaba a más de 5.000 trabajadores.
Sin embargo, una combinación de factores adversos, incluyendo problemas financieros, la caída del consumo, los cambios en los hábitos de compra y las dificultades para acceder a financiamiento, fueron deteriorando progresivamente su estructura. La venta de la compañía en 2020 al empresario Carlos Rosales, quien prometía un plan de rescate, no logró revertir la crisis. En cambio, la empresa continuó reduciendo su operación hasta alcanzar una escala casi testimonial.
Al momento de la quiebra, Garbarino contaba con menos de 20 empleados y solo tres locales activos: una sucursal en la Avenida Cabildo en Belgrano, otra en la calle Uruguay en el centro porteño y un outlet en el barrio de Almagro. Sus ventas mensuales eran mínimas y la empresa carecía de la capacidad financiera para sostener su operación.
Con el decreto de quiebra, la administración de los bienes de Garbarino queda automáticamente desapoderada y pasa a estar bajo el control de la sindicatura designada por el tribunal. El proceso de liquidación judicial comenzará con la identificación y eventual venta de los activos de la empresa, con el objetivo de pagar a los acreedores en la medida de lo posible.
El juez D'Alessandro dispuso mantener la inhibición general de bienes y ordenó notificar a múltiples registros públicos, incluyendo los de propiedad inmueble, automotor y marcas, para detectar cualquier activo a nombre de la empresa. La medida también se extendió a la provincia de Tierra del Fuego, debido a la participación accionaria de Garbarino en las sociedades industriales Tecnosur S.A. y Digital Fueguina S.A., vinculadas históricamente a la producción electrónica en esa provincia.
Además, el tribunal inhabilitó a los directivos de la compañía, incluyendo al presidente Carlos Rosales, la vicepresidenta María Marta Facio y el director Gabriel Rosales, para que no puedan ejercer el comercio durante el plazo previsto por la ley concursal. También se les prohibió salir del país hasta octubre de 2026, fecha prevista para la presentación del informe general de la sindicatura.
El juzgado ordenó cerrar las cuentas bancarias abiertas durante el concurso en el BBVA y transferir cualquier saldo al expediente judicial. También prohibió cualquier pago o entrega de bienes a la empresa sin la autorización del síndico.
En cuanto a los últimos locales de Garbarino, el tribunal ordenó constatar y eventualmente clausurar las sucursales de Belgrano, el centro porteño y Almagro. La sindicatura quedó autorizada a allanar domicilios y requerir fuerza pública para realizar los inventarios y asegurar los bienes que puedan encontrarse en esos establecimientos.
Paralelamente, el juez abrió formalmente el proceso de verificación de créditos, mediante el cual bancos, proveedores, exempleados y otros acreedores deberán presentar sus reclamos para determinar el pasivo final de la quiebra. El plazo para iniciar este trámite vence el 24 de junio de 2026, mientras que los informes clave de la sindicatura se presentarán entre agosto y octubre de este año.
La quiebra de Garbarino representa el final de una era para el retail argentino. La empresa, que en su momento fue un referente en la venta de electrodomésticos y tecnología, sucumbió a una serie de problemas estructurales y a un contexto económico desfavorable. El proceso de liquidación judicial será largo y complejo, y es poco probable que los acreedores puedan recuperar la totalidad de sus créditos. La marca Garbarino, que durante décadas fue sinónimo de calidad y servicio, queda formalmente fuera del mapa corporativo, cerrando un proceso de deterioro que se extendió durante más de cuatro años en los tribunales comerciales. El caso sirve como un duro recordatorio de la fragilidad de las empresas y de la importancia de adaptarse a los cambios del mercado.
