La Corte Suprema de Justicia revirtió la orden de expulsión de un ciudadano dominicano condenado por tráfico de drogas en Arica, debido a la existencia de hijas chilenas producto de su relación. La decisión, que ha generado controversia y debate público, se basa en la protección de los derechos de los menores y el principio de unidad familiar, consagrados en la Constitución Política y en tratados internacionales ratificados por Chile. El fallo, emitido por la Sala Penal de la Corte Suprema, argumenta que la expulsión del padre implicaría una vulneración a los derechos de sus hijas, especialmente a su derecho a conocer y ser criadas por ambos progenitores.
El caso se remonta a 2022, cuando el ciudadano dominicano, cuya identidad no ha sido revelada para proteger la privacidad de las menores, fue detenido en Arica por la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco de una investigación por tráfico de drogas. Tras un juicio, fue condenado a una pena de prisión efectiva y, una vez cumplida, se dictó una orden de expulsión del país, considerando su condición de extranjero y la gravedad de los delitos cometidos. Sin embargo, durante el proceso, se determinó que el condenado tenía dos hijas menores, ambas chilenas por nacimiento, fruto de una relación estable con una mujer residente en Arica.
La defensa del extranjero interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Arica, argumentando que la expulsión del padre vulneraría los derechos de sus hijas, especialmente su derecho a la vida familiar y a la identidad. La Corte de Apelaciones inicialmente rechazó el recurso, considerando que la gravedad de los delitos cometidos por el padre prevalecía sobre los derechos de las menores. No obstante, la defensa apeló a la Corte Suprema, insistiendo en la necesidad de proteger los derechos de las niñas y garantizar su bienestar emocional y psicológico.
La Corte Suprema, tras analizar exhaustivamente el caso y escuchar los argumentos de ambas partes, revocó la decisión de la Corte de Apelaciones y ordenó suspender la orden de expulsión. El fallo, redactado por el ministro Juan Manuel Muñoz, destaca que la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Chile, establece que los niños tienen derecho a conocer y ser criados por ambos padres, y que los Estados deben garantizar el ejercicio de este derecho en la medida de lo posible.
El ministro Muñoz argumenta que la expulsión del padre implicaría una ruptura abrupta de los lazos afectivos con sus hijas, lo que podría tener consecuencias negativas en su desarrollo emocional y psicológico. Además, señala que la Constitución Política chilena protege el derecho a la vida familiar y que la expulsión de un padre no puede ser una medida automática, sino que debe ser ponderada en función de los intereses superiores del niño.
La decisión de la Corte Suprema ha generado una fuerte reacción en la opinión pública y en el ámbito político. Algunos sectores han criticado el fallo, argumentando que se está protegiendo a un delincuente en detrimento de la seguridad ciudadana y de los valores morales de la sociedad. Otros, en cambio, han defendido la decisión, señalando que se está dando prioridad a los derechos de los niños y que la expulsión del padre sería una medida desproporcionada y cruel.
El fiscal regional de Arica, Raúl Gallegos, expresó su preocupación por el fallo, advirtiendo que podría sentar un precedente peligroso y alentar a otros extranjeros a cometer delitos en Chile, confiando en que la Corte Suprema protegerá sus derechos familiares. “Este fallo es preocupante porque podría interpretarse como una señal de impunidad para los extranjeros que cometen delitos en nuestro país”, declaró Gallegos. “Es necesario encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos de los niños y la necesidad de garantizar la seguridad ciudadana”.
Por su parte, la defensora de los derechos de los niños, María José Castillo, celebró la decisión de la Corte Suprema, calificándola como un “triunfo de los derechos humanos”. “Este fallo es un mensaje claro de que los derechos de los niños deben ser siempre la prioridad”, afirmó Castillo. “La expulsión del padre habría sido una tragedia para estas niñas, que tienen derecho a crecer con ambos progenitores”.
El caso ha abierto un debate sobre la necesidad de revisar la legislación chilena en materia de expulsión de extranjeros, especialmente en aquellos casos en que existen hijos menores de edad. Algunos expertos proponen que se establezcan criterios más estrictos para la aplicación de la expulsión, considerando siempre los intereses superiores del niño y la posibilidad de que el padre o la madre puedan cumplir su pena en Chile, en lugar de ser expulsados.
La Corte Suprema ha ordenado que se realice un estudio psicosocial de las niñas para evaluar su situación emocional y determinar las medidas necesarias para garantizar su bienestar. Además, ha solicitado un informe a la Dirección Nacional de Migraciones para analizar la situación legal del padre y determinar si existen otros antecedentes que puedan afectar su derecho a permanecer en Chile.
El futuro del ciudadano dominicano sigue siendo incierto. Si bien la orden de expulsión ha sido suspendida, la Corte Suprema no ha descartado la posibilidad de que se dicte una nueva orden en el futuro, si se determinan circunstancias que justifiquen su aplicación. Por ahora, el padre podrá permanecer en Chile y continuar ejerciendo su rol como padre, aunque seguirá siendo monitoreado por las autoridades policiales. El caso, sin duda, seguirá generando debate y controversia en los próximos meses, y podría tener importantes implicaciones para la política migratoria chilena. La prioridad, según las autoridades, debe ser siempre el bienestar y la protección de los niños, garantizando su derecho a crecer en un entorno familiar estable y seguro.
