El juicio por la supuesta comisión de peculado en la remodelación del Casco Antiguo y la ampliación de la vía Domingo Díaz, ambos proyectos vinculados a la constructora brasileña Odebrecht, continúa sacudiendo los cimientos de la política panameña. Jorge Churro Ruiz, exadministrador de contratos del Ministerio de Obras Públicas (MOP), se convirtió en uno de los testigos clave presentados por la Fiscalía Especial Anticorrupción, ofreciendo un relato detallado de procedimientos inusuales y entregas de información sensible que apuntan a la manipulación de los procesos de contratación.
Ruiz testificó ante la juez Águeda Rentería y la fiscal superior Ruth Morcillo, revelando que conoció a André Rabello, el representante de Odebrecht en Panamá, en la oficina del entonces ministro de Obras Públicas, Federico Suárez. Esta conexión directa entre un funcionario del MOP y el rostro de Odebrecht en el país refuerza las acusaciones de una posible trama de corrupción que involucró a altos funcionarios del gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).
El testigo describió una estrecha colaboración con Suárez en la gestión y supervisión de los proyectos viales más importantes de ese período. Sin embargo, su testimonio se centró en la forma en que se armaban los contratos, revelando prácticas que considera inusuales. Ruiz confesó que Suárez le entregó una memoria USB que contenía los precios para la modalidad de “mejor valor por evaluación separada”, un método de contratación que, según la fiscalía, fue utilizado para favorecer a Odebrecht.
El relato de Ruiz se torna aún más revelador al detallar el proceso de fijación de los precios de los proyectos. Según su declaración, el día antes del acto público de presentación de las ofertas, el ministro Suárez lo citó en su despacho para proporcionarle los precios estimados de los proyectos. Ruiz anotó estos montos, los formalizó en su oficina y los presentó oficialmente en sobres cerrados al día siguiente. Este procedimiento, que implica la predeterminación de los precios antes de la competencia, sugiere una falta de transparencia y una manipulación del proceso de licitación.
La declaración de Ruiz adquiere una importancia crucial al ser ratificada bajo juramento en el estrado, lo que le confiere validez legal y procesal. Esta ratificación fortalece el caso de la fiscalía y podría tener implicaciones significativas para el desarrollo del juicio y el futuro de los acusados.
La acusación se basa en auditorías realizadas por la Contraloría General de la República, que revelan sobrecostos millonarios en ambos proyectos. En el caso de la preservación del Patrimonio Histórico del Casco Antiguo, la Contraloría determinó un sobrecosto de $51,496,740, lo que representa un incremento del 25.2% en el costo original de la obra, otorgada al consorcio integrado por Odebrecht y la española FCC. De manera similar, la ampliación de la vía Domingo Díaz también sufrió un sobrecosto estimado en $47,388,002.
Ante estas revelaciones, Rosendo Miranda, abogado de Federico Suárez, ha desestimado las declaraciones de Ruiz, calificando el episodio de la USB como un “bochinche” promovido por la fiscalía. Miranda argumenta que la entrega de un dispositivo de almacenamiento no constituye un delito, ya que la Ley 22 de 2006 de contrataciones públicas establece que el despacho superior debe verificar los pliegos antes de integrar las comisiones y tener referencia de los precios.
Sin embargo, la fiscalía sostiene que la entrega de la USB con los precios predefinidos constituye un acto de corrupción, ya que implica una ventaja indebida para Odebrecht y una violación de los principios de transparencia y competencia en la contratación pública.
Además, Miranda ha cuestionado la veracidad del informe elaborado por el economista Aristides Hernández, perito de la fiscalía, argumentando que fue realizado en solo 21 días y carece de documentación de soporte. El abogado ha calificado las afirmaciones de Hernández como “falaces” y ha insinuado que el testigo clave, Jorge Churro Ruiz, podría ser investigado por perjurio.
El juicio involucra a un total de nueve personas, incluyendo a Federico Suárez, María González, Gonzalo de la Rosa, León Halphen, Héctor Castillo, Juan Manuel Vásquez y Sergio Del Sour, a quienes se les atribuye la presunta comisión del delito contra la administración pública.
En la segunda jornada del juicio, el tribunal escuchó los testimonios de los auditores de la Contraloría, Ángel Susto y Virgilio Chacón, junto al economista Aristides Hernández. De los tres especialistas que originalmente confeccionaron las auditorías que sustentan la acusación, solo Susto y Chacón pudieron presentarse, ya que el tercer integrante del equipo falleció antes de que el proceso alcanzara la etapa de juicio.
También compareció Carlos Ho, exdirector de proyectos especiales del MOP, quien en 2019 alcanzó un acuerdo de pena de 72 meses de prisión por el caso Odebrecht. Ho trabajó en las administraciones de Martín Torrijos (2004-2009), Ricardo Martinelli (2009-2014) y parte de la de Juan Carlos Varela (2014-2019), lo que sugiere que la corrupción en el MOP se extendió a lo largo de varios gobiernos.
El juicio continúa generando gran expectación en Panamá, donde la opinión pública exige justicia y transparencia en los casos de corrupción relacionados con Odebrecht. La declaración de Jorge Churro Ruiz ha añadido un nuevo capítulo a esta saga, revelando detalles comprometedores que podrían conducir a la condena de los acusados y a la recuperación de los fondos públicos malversados. La conclusión del juicio y el veredicto final serán cruciales para restaurar la confianza en las instituciones y fortalecer el estado de derecho en Panamá.
