El gobierno de Estados Unidos y Anthropic, una de las empresas líderes en inteligencia artificial, se encuentran en medio de una profunda crisis tras la decisión de esta última de rechazar las exigencias del Pentágono sobre el uso militar incondicional de su tecnología. La disputa, que ha escalado rápidamente en las últimas semanas, ha generado un debate global sobre la ética, la seguridad y el control de la IA, y ha puesto en evidencia las tensiones entre el sector privado y el gobierno en el desarrollo de esta tecnología disruptiva.
La historia se remonta a un contrato de 200 millones de dólares firmado en julio pasado entre Anthropic y el Departamento de Defensa, cuyo objetivo era desarrollar capacidades de IA para reforzar la seguridad nacional. Inicialmente, el acuerdo fue visto como un hito en la colaboración entre la industria y el sector público, pero las diferencias comenzaron a surgir a principios de este año.
El punto de inflexión se produjo tras una operación militar encubierta llevada a cabo por fuerzas especiales estadounidenses en Venezuela en enero de 2026, en la que, según informes de ONGs y del gobierno venezolano, murieron entre 70 y 100 personas. The Wall Street Journal reveló que la tecnología de Anthropic había sido utilizada en la operación, lo que generó la preocupación de los empleados de la empresa, quienes expresaron su malestar al gobierno estadounidense.
El Pentágono, liderado por el secretario de Defensa Pete Hegseth, interpretó esta reacción como una resistencia de Anthropic a la implementación militar de su tecnología y respondió con una serie de amenazas. Se redactó un memorándum interno que proponía la creación de una "Junta de Eliminación de Barreras" con la autoridad para anular cualquier requisito no estatutario, permitiendo así el uso de la IA para "todos los propósitos legales".
Hegseth emitió un ultimátum a Anthropic, amenazando con cancelar el contrato de 200 millones de dólares y etiquetar a la empresa como un "riesgo en la cadena de suministro" si no cedía a las exigencias del gobierno. Esta etiqueta tendría consecuencias devastadoras para Anthropic, ya que cualquier empresa que trabaje con el ejército se vería obligada a cortar vínculos con ella.
Sin embargo, Dario Amodei, cofundador y CEO de Anthropic, se mantuvo firme en su postura. En una declaración pública, Amodei afirmó que la empresa "no puede en buena conciencia acceder a la solicitud del Pentágono", argumentando que el uso de la IA para la vigilancia masiva de ciudadanos y el desarrollo de armas totalmente autónomas va en contra de los valores fundamentales de la empresa y de los principios estadounidenses.
Amodei explicó que Anthropic había ofrecido colaborar con el Departamento de Defensa en investigación y desarrollo para mejorar la fiabilidad de los sistemas de IA, pero que su oferta había sido rechazada. Subrayó que la empresa no proporcionaría, "a sabiendas, un producto que ponga en riesgo a los combatientes y civiles estadounidenses".
La decisión de Anthropic provocó una reacción inmediata del presidente Donald Trump, quien ordenó a todos los organismos federales cesar de inmediato el uso de la tecnología de la empresa. En su red social Truth, Trump acusó a los "izquierdistas radicales en Anthropic" de cometer un "ERROR DESASTROSO" al intentar "DOMINAR" al Departamento de Guerra.
Ante la ruptura con Anthropic, OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, cerró un acuerdo con el Pentágono para reemplazar a su competidor. Sam Altman, CEO de OpenAI, aseguró que el acuerdo incluía principios como no usar la IA para vigilancia doméstica masiva y mantener la responsabilidad humana en el uso de la fuerza.
Sin embargo, este acuerdo desató una ola de críticas tanto de usuarios como de empleados de OpenAI. Una carta abierta titulada "We Will Not Be Divided" reunió casi 900 firmas, incluyendo cerca de 100 de empleados de OpenAI y casi 800 de Google, exigiendo que sus empleadores adoptaran las mismas "líneas rojas" que Anthropic. Jeff Dean, científico jefe de Google, expresó públicamente su simpatía con estas preocupaciones, afirmando que "la vigilancia masiva viola la Cuarta Enmienda".
Altman reconoció haber cometido un error al anunciar el acuerdo de forma apresurada y prometió una comunicación más clara en el futuro. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Las desinstalaciones de ChatGPT aumentaron un 295% en un solo día, mientras que Claude, de Anthropic, se convirtió en la aplicación más descargada en la App Store, lo que indica un cambio en la preferencia de los consumidores.
Anthropic, por su parte, lanzó una campaña para facilitar la migración de los usuarios de ChatGPT a su plataforma, ofreciendo la posibilidad de transferir la "memoria" de la IA de OpenAI a Claude. Esta iniciativa, junto con el apoyo de influencers y activistas, contribuyó a consolidar la posición de Anthropic como la empresa defensora de la ética y la seguridad en el desarrollo de la IA.
Mientras Anthropic se prepara para presentar una demanda contra el gobierno estadounidense, se ha revelado que el Departamento de Defensa utilizó Claude para el "procesamiento de objetivos" en el conflicto con Irán, lo que ha intensificado aún más la controversia.
La crisis entre Anthropic y el gobierno de Estados Unidos plantea interrogantes fundamentales sobre el futuro de la IA y su papel en la seguridad nacional. ¿Hasta qué punto deben las empresas de tecnología ceder a las demandas de los gobiernos en materia de seguridad? ¿Cómo se pueden garantizar los derechos y las libertades individuales en un mundo cada vez más dependiente de la IA? ¿Es posible conciliar el desarrollo de la IA con la ética y la responsabilidad social? Estas son algunas de las preguntas que deben responderse para evitar que la inteligencia artificial se convierta en una herramienta de opresión y control en lugar de un motor de progreso y bienestar.
