La Contraloría General de la República destapó un polémico caso de irregularidades en el uso de vehículos fiscales y omisiones en el registro de reuniones de lobby que involucran a la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, y a la exministra del Trabajo, Jeannette Jara, además de otras autoridades ministeriales. La investigación, que abarcó el periodo entre enero de 2023 y abril de 2024, fue iniciada a raíz de una denuncia presentada por los diputados UDI Felipe Donoso y Flor Weisse, y ha generado un fuerte debate sobre la ética y la transparencia en la administración pública.
El informe N°643 de la CGR, al que accedió Radio Bío Bío, detalla que la ministra Vallejo utilizó automóviles estatales para asistir a actividades partidistas, específicamente al aniversario número 111 del Partido Comunista y al aniversario número 91 del Partido Socialista de Chile, celebrados en el teatro Coliseo de Santiago. La Contraloría enfatiza que el uso de vehículos estatales para fines particulares o ajenos al servicio público está absolutamente prohibido, incluso en días inhábiles, y que los servidores públicos no pueden realizar actividades políticas contingentes utilizando bienes del Estado.
El diputado Felipe Donoso, quien impulsó la denuncia, expresó su satisfacción por los resultados de la fiscalización. “Hace meses le pedimos a la Contraloría que fiscalizara el uso de los vehículos fiscales, que contrastara las bitácoras de sus vehículos con las reuniones declaradas por los ministros. Y hoy día, a pocos días de terminar el gobierno, sabemos que la ministra Vallejo utilizó su vehículo para actividades partidistas; que la ministra Jara, en su momento, ocupó el vehículo para reuniones de lobby que no fueron registradas”, declaró a La Radio.
En cuanto a la exministra del Trabajo, Jeannette Jara, la investigación reveló que sostuvo al menos siete reuniones que no fueron registradas en la plataforma de la Ley del Lobby. Entre estas reuniones se encuentran encuentros con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), con la consultora política Marta Lagos, con Cristóbal Huneuss y con representantes de CUT, Equidad y Ramal. La Contraloría advirtió que esta omisión contraviene las instrucciones sobre la materia y los principios de probidad y transparencia establecidos en la ley N° 18.575.
Las irregularidades no se limitan a los ministerios de la Secretaría General de Gobierno y del Trabajo. La investigación también detectó trece reuniones no registradas en la plataforma Ley del Lobby en el Ministerio de Minería, realizadas por la entonces ministra Marcela Hernando, incluyendo encuentros con la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), el Consejo Minero y Codelco. Asimismo, la subsecretaria de esa cartera, Suina Chahuán, mantuvo tres actividades no inscritas en la plataforma durante el periodo analizado.
Además del uso de vehículos para fines partidistas, el informe de la Contraloría cuestiona los traslados de la ministra Vallejo a direcciones particulares. En dos ocasiones, el 3 de agosto y el 28 de diciembre de 2023, la autoridad se movilizó desde su domicilio hasta la calle Málaga N° 115, en la comuna de Las Condes. La Subsecretaría General de Gobierno justificó estos viajes como visitas médicas impostergables, pero la Contraloría observó que no se presentaron antecedentes que acreditaran el fin institucional de los trayectos.
Una situación similar afectó a la ex subsecretaria General de Gobierno, Nicole Cardoch, quien el 23 de agosto de 2023 se trasladó desde el Palacio de La Moneda a la misma dirección de Málaga N° 115. La Contraloría precisó que Cardoch renunció a su cargo el 30 de julio de 2025, por lo que su responsabilidad administrativa se encuentra extinguida, de acuerdo con el artículo 157 de la ley N° 18.834.
La investigación también reveló deficiencias generalizadas en el llenado de las bitácoras de los vehículos fiscales. En todas las subsecretarías analizadas —General de Gobierno, Minería, Trabajo, Previsión Social, Medio Ambiente y Agricultura— se constataron registros incompletos, ilegibles o con omisiones. Faltaban datos esenciales como la descripción del recorrido, la identificación del conductor o la persona trasladada, y en muchos casos solo se anotaban las comunas sin dirección exacta.
Además, se verificó que varios vehículos fueron estacionados en lugares distintos a los autorizados por las resoluciones exentas correspondientes. La Contraloría detectó que en algunas bitácoras no se indicaba el lugar de estacionamiento o se registraban direcciones no permitidas, lo que contraviene lo dispuesto en el decreto ley N° 799, de 1974, y en los oficios circulares que regulan la materia.
En el ámbito de la información de los vehículos, el informe también objetó la falta de información en las hojas de vida de los vehículos asignados a la ministra y a la subsecretaria de Minería. En esos documentos no se consignaban los costos de mantenciones y reparaciones, incumpliendo lo establecido en el oficio circular N° 35.593, de 1995, que exige anotar los desperfectos, su naturaleza y el valor de las reparaciones.
Respecto al registro de lobby, la Contraloría mantuvo varias observaciones. En el caso de la ministra Vallejo, se mantuvo la objeción por la reunión con la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) y por el encuentro de la subsecretaría con dirigentas vecinales de La Pintana. En tanto, para la ministra de Minería se mantuvieron las observaciones por reuniones con Sonami, el Consejo Minero, el gobernador de Antofagasta y la Asociación Minera de Taltal, entre otras.
La Contraloría recordó que los sujetos pasivos deben registrar siempre las audiencias o reuniones que concedan con personas que figuren en el registro público de lobbistas, ya sea que se realicen en oficinas públicas o en dependencias privadas, dentro o fuera de la jornada laboral. De acuerdo con la CGR, la falta de registro afecta los principios de probidad y transparencia que rigen la administración del Estado.
Finalmente, la Contraloría concluyó que no tiene competencia para perseguir eventuales responsabilidades de los ministros de Estado, por lo que remitió los antecedentes a la Cámara de Diputadas y Diputados para los fines pertinentes.
En paralelo, la CGR instruyó a las subsecretarías involucradas implementar medidas de control para que las bitácoras contengan información suficiente que permita verificar el uso institucional de los vehículos y para que todas las actividades de lobby sean registradas en la plataforma oficial. Este caso ha reabierto el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización en la administración pública, y sobre la importancia de garantizar la transparencia y la probidad en el ejercicio de las funciones públicas. La ciudadanía espera que se tomen medidas concretas para evitar que este tipo de situaciones se repitan en el futuro.
