La directora de la Oficina Anticorrupción de Navarra (OANA), Edurne Eguinoa, ha revelado este miércoles la recepción de dos nuevas denuncias anónimas relacionadas con la adjudicación de dos lotes de viviendas de protección oficial (VPO) en el barrio de Ripagaina, en Pamplona. Estas denuncias se suman a los expedientes ya analizados a raíz de la solicitud del Gobierno Foral, impulsada por el informe de la Unidad de Coordinación Operativa (UCO) de la Policía Nacional, que puso en tela de juicio la legalidad de diversos contratos públicos adjudicados a empresas vinculadas a investigaciones de corrupción.
Eguinoa compareció ante la Comisión de Investigación sobre licitación de obras públicas en el Parlamento de Navarra, donde detalló que las denuncias, presentadas por dos ciudadanos anónimos, se refieren a los contratos para la construcción de 62 y 46 VPO en Ripagaina, ambos promovidos por Nasuvinsa y adjudicados a la UTE formada por Acciona y Servinabar. La OANA ya había concluido previamente que el contrato para las 62 viviendas incurrió en “irregularidades graves” que lo hacen “nulo de pleno derecho”, mientras que en el caso de las 46 viviendas, se detectaron irregularidades que ponen en cuestión la legalidad del procedimiento.
Las nuevas denuncias, según Eguinoa, aún están pendientes de la resolución de inicio y de la designación de un instructor que se encargue de su investigación. La directora de la OANA insistió en que la actuación de su oficina se basa en la recepción de denuncias y en la realización de auditorías de cumplimiento normativo, no en investigaciones proactivas.
La solicitud de informes a la OANA por parte de la presidenta del Gobierno Foral, María Chivite, se produjo tras la difusión del informe de la UCO, que señalaba la “nulidad de pleno derecho” de la adjudicación de la duplicación de los túneles de Belate. La OANA, en su análisis, identificó fallos en la mesa de contratación de Belate, destacando la falta de una reunión presencial y la deficiente deliberación. Eguinoa enfatizó que la deliberación es un elemento clave en el proceso de adjudicación, más allá de la simple votación, y cuestionó la posición del presidente de la mesa, sugiriendo que no comprendió su papel adecuadamente. Asimismo, criticó la práctica de enviar las votaciones directamente al presidente, un técnico que también participa en la votación, proponiendo que se envíen al secretario para garantizar la transparencia y la constancia del proceso.
El Gobierno de Navarra presentó alegaciones al conocer el contenido de los informes de la OANA, lo que Eguinoa consideró inapropiado, ya que, según su criterio, no se trataba de un proceso de denuncia que permitiera la presentación de alegaciones previas a la emisión de una resolución. Explicó que, en un proceso de denuncia, se dispone de un plazo de dos meses para evaluar la existencia de indicios de ilegalidad, seguido de un periodo de seis meses para la investigación. Sin embargo, al no existir denuncias previas, este proceso no se aplicó en este caso.
Los portavoces de EH Bildu y Geroa Bai defendieron que los informes de la OANA eran de investigación y que, por lo tanto, el Gobierno tenía derecho a presentar alegaciones. Eguinoa rechazó esta argumentación, reiterando que su oficina se limita a analizar la legalidad de los contratos públicos a partir de las denuncias recibidas o de las auditorías de cumplimiento normativo solicitadas.
La directora de la OANA se ratificó en las conclusiones de los informes elaborados por su oficina, afirmando que sirvieron para “evitar que se siguiera con un procedimiento que era contrario a la ley”. En relación con la obra de los túneles de Belate, Eguinoa consideró que lo lógico es que la obra continúe en beneficio del interés general, a pesar de que la adjudicación no se realizó conforme a la ley. Advirtió que paralizar la obra sería un “desastre”.
Uno de los aspectos más controvertidos del caso ha sido el traslado del secretario de la mesa de contratación de Belate, Lorenzo Serena, a una nave de Landaben. Eguinoa calificó este traslado como una “represalia de manual” que está contemplada en la ley, y reconoció la “rápida actuación” del consejero Óscar Chivite, quien readmitió a Serena en su puesto en dos días. La directora de la OANA expresó su preocupación por el daño causado a Serena y advirtió sobre la importancia de no frivolizar con este tipo de situaciones.
La comparecencia de Eguinoa ante la Comisión de Investigación ha generado un intenso debate político en Navarra. La oposición ha criticado la gestión del Gobierno Foral en relación con los contratos públicos y ha exigido una mayor transparencia en los procesos de adjudicación. Por su parte, el Gobierno ha defendido la legalidad de sus actuaciones y ha acusado a la oposición de politizar el caso.
Las nuevas denuncias anónimas presentadas ante la OANA complican aún más la situación y podrían dar lugar a nuevas investigaciones y a la revisión de otros contratos públicos. El caso de Ripagaina y Belate ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar los mecanismos de control y transparencia en la contratación pública para evitar la corrupción y garantizar el buen uso de los fondos públicos. La ciudadanía navarra espera que se esclarezcan las responsabilidades y que se depuren las irregularidades detectadas.
