Desde que asumió la presidencia, Javier Milei ha mantenido un firme compromiso con la reducción del gasto público, una promesa central de su campaña electoral. Sin embargo, la magnitud de los recortes en el empleo público ha superado las expectativas iniciales, generando un debate sobre el impacto social y económico de estas medidas. Según el último informe de Dotación de Personal de la Administración Pública Nacional (APN), se han perdido 62.768 puestos de trabajo en el sector público desde diciembre de 2023 hasta enero de 2026.
El análisis de los datos revela una contracción sostenida del empleo estatal. A finales de 2023, el Estado contaba con 341.473 trabajadores, incluyendo tanto la administración central como las empresas y sociedades bajo su órbita. Dos años después, en enero de 2026, esta cifra se redujo a 278.705, lo que representa una disminución significativa. El ritmo de despidos se ha mantenido constante, con 1.415 trabajadores despedidos solo en enero de 2026, lo que equivale a una caída del 0,5% en comparación con diciembre de 2025. Lo más notable es que, durante los 26 meses de la actual gestión, no se ha registrado ningún aumento en la dotación de personal, confirmando una política de contracción continua.
La estructura del empleo público se divide principalmente en dos ramas: la Administración Pública Nacional (APN) y las “empresas y sociedades”. La mayor concentración de empleo se encuentra en la APN, y es precisamente en este segmento donde se han producido la mayor cantidad de despidos. La APN pasó de 231.305 empleados en diciembre de 2023 a 189.709 en enero de 2026, lo que representa una caída del 18% y la pérdida de 41.596 empleos.
Dentro de la APN, se distinguen cuatro grandes subdivisiones: administración centralizada, administración descentralizada, administración desconcentrada y “otros entes”. El recorte más significativo se ha producido en la administración descentralizada, que pasó de 136.529 trabajadores en 2023 a 114.725 en 2026, lo que implica una reducción de 21.804 puestos de trabajo. La administración centralizada también ha experimentado un deterioro importante, pasando de 54.791 trabajadores a 39.686, con una pérdida de 15.105 empleos. Los despidos en la administración desconcentrada y en “otros entes” han sido menores, con 3.264 y 1.423 bajas respectivamente.
En cuanto a las empresas y sociedades del Estado, la reducción ha sido igualmente drástica. La dotación de personal pasó de 110.168 trabajadores en diciembre de 2023 a 89.996 en enero de 2026, lo que representa una disminución de 21.172 trabajadores, equivalente al 19,2% del total.
El análisis de los despidos más recientes, correspondientes al mes de enero, revela que 1.227 bajas provinieron de la APN y 188 de las empresas y sociedades estatales. Dentro de la APN, la administración descentralizada fue la más afectada, con 1.497 bajas entre diciembre y enero. También se registraron caídas en la administración desconcentrada (-415) y en “otros entes” (-61).
Sin embargo, en medio de esta tendencia generalizada de despidos, se produjo una excepción en enero: la administración centralizada. En lugar de reducir su personal, esta área sumó 746 nuevos empleados, lo que representa un crecimiento del 1,9%. Estos nuevos trabajadores se distribuyeron entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Este incremento, aunque modesto, contrasta con la política general de reducción de personal y plantea interrogantes sobre las prioridades de la gestión.
Las implicaciones de estos recortes en el empleo público son múltiples y complejas. Por un lado, el gobierno argumenta que la reducción del tamaño del Estado es necesaria para mejorar la eficiencia, reducir el gasto público y fomentar la inversión privada. Se sostiene que un Estado más pequeño y ágil puede responder mejor a las necesidades de la sociedad y promover el crecimiento económico.
Por otro lado, los críticos advierten sobre los efectos negativos de los despidos en el empleo, el ingreso y el consumo. Se argumenta que la pérdida de empleos públicos puede generar un aumento del desempleo, una disminución del poder adquisitivo y una contracción de la demanda agregada. Además, se teme que los recortes en los servicios públicos puedan afectar la calidad de la educación, la salud y otros servicios esenciales.
El debate sobre el impacto de los recortes en el empleo público está lejos de estar resuelto. Los próximos meses serán cruciales para evaluar las consecuencias de estas medidas y determinar si la política de ajuste del gobierno está logrando sus objetivos sin generar costos sociales y económicos excesivos. La evolución del empleo público seguirá siendo un indicador clave para analizar la situación económica y social del país.
