La Comisión de Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) ha lanzado un llamado contundente a la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ley de Amnistía, exigiendo la publicación completa y detallada de los registros de todas las personas que han sido excarceladas o beneficiadas bajo esta normativa. La solicitud, hecha pública a través de la red social X, subraya la necesidad imperante de transparencia y rendición de cuentas en un proceso que busca, según sus promotores, contribuir a la reconciliación nacional y la superación de la profunda crisis política y social que atraviesa el país.
La JEP argumenta que cualquier intento de reconstrucción social o pacificación política está intrínsecamente ligado a la centralidad de las víctimas y al respeto irrestricto de su derecho a la verdad. Sin estos pilares fundamentales, cualquier medida, por bien intencionada que sea, corre el riesgo de perder legitimidad y erosionar la confianza pública, un activo crucial para la estabilidad y el progreso de la nación. La organización no gubernamental advierte que la difusión de simples balances numéricos, sin el respaldo de datos verificables y auditables, es insuficiente para comprender el alcance real de la ley de amnistía y limita la capacidad de la sociedad civil para ejercer un control ciudadano efectivo.
La preocupación de la JEP radica en la falta de identificación oficial de los excarcelados, lo que dificulta la trazabilidad del proceso y obstaculiza la posibilidad de realizar un contraste independiente de la información proporcionada por las autoridades. Esta opacidad, según la organización, coloca nuevamente a las víctimas y a sus familias en una situación de incertidumbre fáctica, al desconocer las razones detrás de las decisiones que impactan directamente sus vidas, su integridad y su situación jurídica.
“El país necesita datos verificables y auditables que permitan corroborar cada caso”, enfatiza la JEP en su pronunciamiento. “La ausencia de identificación oficial de los excarcelados desdibuja la trazabilidad del proceso, impide el control ciudadano y debilita la posibilidad de contraste independiente. Además, coloca nuevamente a las víctimas y a sus familias en una posición de incertidumbre fáctica respecto a decisiones que impactan directamente su vida, su integridad y su situación jurídica.”
La JEP ha solicitado específicamente la publicación de los registros completos de las más de 5.000 personas que, según los informes de la Comisión Especial, se han beneficiado de la ley de amnistía. Esta solicitud no se limita a los excarcelados, sino que abarca a todos aquellos que han recibido algún tipo de beneficio contemplado en la normativa, incluyendo indultos, reducciones de penas o la suspensión de procesos judiciales.
La organización subraya que la transparencia no es simplemente un requisito ético, sino una condición esencial para garantizar la legitimidad y la eficacia de cualquier iniciativa destinada a superar la crisis nacional. “Si el propósito de esta ley es contribuir a la superación de la crisis nacional, su aplicación debe estar acompañada de transparencia y rendición de cuentas”, afirma la JEP. “No puede haber reconciliación sin verdad comprobable.”
Este llamado a la transparencia se produce en un contexto de creciente debate público sobre la ley de amnistía y sus implicaciones para la justicia y la reconciliación. Sectores de la oposición y organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por la posibilidad de que la ley beneficie a personas responsables de graves violaciones de derechos humanos, impidiendo que sean llevadas ante la justicia y negando a las víctimas su derecho a la reparación.
La JEP, por su parte, se ha posicionado como un actor clave en la defensa de los derechos de las víctimas y en la promoción de la verdad y la justicia. La organización ha insistido en que la ley de amnistía debe ser aplicada de manera restrictiva y en consonancia con los estándares internacionales de derechos humanos, garantizando que no se impune a los responsables de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra.
La respuesta de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ley de Amnistía a este llamado de la JEP será crucial para determinar el rumbo de este proceso y para fortalecer la confianza pública en las instituciones. La publicación de los registros solicitados permitiría a la sociedad civil realizar una evaluación independiente del impacto de la ley de amnistía y contribuir a la construcción de una paz duradera y justa para todos los venezolanos.
La JEP ha reiterado su compromiso de seguir trabajando en la defensa de los derechos de las víctimas y en la promoción de la verdad y la justicia, y ha instado a todas las partes involucradas en este proceso a actuar con responsabilidad y transparencia. La organización ha advertido que la impunidad no es una opción y que la reconciliación nacional solo puede lograrse a través del reconocimiento de la verdad, la reparación de las víctimas y la garantía de no repetición. El futuro del país, según la JEP, depende de la capacidad de construir una sociedad basada en el respeto a los derechos humanos, la justicia y la verdad.
