La diputada Maite Orsini se encuentra en el centro de una controversia tras revelaciones sobre su relación con una adolescente protegida por Mejor Niñez. Un reportaje de T13 expuso serias irregularidades en su rol como “tercera significativa”, incluyendo la suspensión de visitas, el envío de su ex pareja, Jorge Valdivia, a buscar a la menor al colegio sin autorización y la presunta entrega de un vaper con marihuana. La situación ha generado un debate público sobre la ética, la transparencia y la protección de los derechos de los niños.
Según documentos a los que accedió T13, Orsini habría incurrido en múltiples incumplimientos durante el proceso de formación de vínculo con la adolescente. Uno de los puntos críticos es la falta de continuidad en las visitas programadas. Un correo electrónico interno de Mejor Niñez, fechado en febrero de 2023, detalla que la diputada se comprometió a visitar a la menor una vez por semana, con el objetivo de evaluar en marzo la posibilidad de aumentar la frecuencia y duración de las visitas. Sin embargo, la evaluación nunca se llevó a cabo debido a la ausencia de Orsini en febrero.
“Se acuerda con la adulta que durante el mes de febrero visitara una vez por semana a la adolescente, y en el mes de marzo se evaluaran dichas instancias con la intención de aumentar las horas y días de visita, sin embargo, dicha evaluación no se pudo llevar a cabo, debido a que en el mes de febrero doña Maite Orsini no se presenta”, señala el correo electrónico.
La situación se agrava con la denuncia de que Jorge Valdivia, ex pareja de la diputada, fue enviado a buscar a la adolescente al colegio sin la autorización correspondiente. Este hecho plantea interrogantes sobre la idoneidad de involucrar a terceros en un proceso sensible como este y la posible exposición de la menor a situaciones de riesgo.
Pero la acusación más grave es la presunta entrega de un vaper de marihuana a la adolescente. Según el reportaje, la menor fue sorprendida consumiendo THC (el principal componente psicoactivo de la marihuana) en la residencia de menores, y al ser interrogada, reveló que el dispositivo se lo había regalado “la tía Maite”.
“Son sorprendidas por la directora y el equipo de profesionales consumiendo THC (marihuana) mediante vaper, tras lo cual, funcionarios tratan de entablar un diálogo con ella, sin embargo, muestra una actitud desafiante, oposicionista y burlesca manteniendo el consumo de THC, verbalizando que nadie se lo puede requisar, ya que se lo habría regalado su “Tía Maite (Orsini)”, afirma un documento al que tuvo acceso T13.
Ante estas acusaciones, la diputada Orsini emitió un comunicado en el que niega haber postulado al programa de familias de acogida y se define como “tercera significativa”. Afirma haber mantenido un vínculo con la adolescente durante años, brindándole apoyo, cuidado y afecto, siempre priorizando su bienestar.
“Durante años he resguardado con absoluta reserva el vínculo que mantengo con ella por convicción ética y por mandato legal. La he acompañado, cuidado y querido como a una hija, priorizando siempre su tranquilidad, su desarrollo integral y su salud mental y emocional”, declara Orsini en su comunicado.
“Cabe aclarar que nunca he postulado al programa de familias de acogida, por lo que es incorrecto afirmar que una postulación haya sido rechazada. Soy y sigo siendo legalmente su tercera significativa”, agrega.
Sin embargo, la diputada también advierte que estudiará acciones legales contra quienes filtraron información privada, tanto de ella como de la menor involucrada. Argumenta que los antecedentes relacionados con medidas de protección son legalmente reservados y su divulgación constituye una violación de la normativa vigente.
“Los antecedentes asociados a medidas de protección tienen carácter legalmente reservado. Su filtración, tergiversación o difusión pública no solo es éticamente reprochable: contraviene la normativa vigente en materia de protección de la infancia”, señala Orsini.
“Se ejercerán todas las acciones legales correspondientes para establecer responsabilidades y resguardar plenamente los derechos de la adolescente bajo mi cuidado”, concluye.
La controversia ha desatado una ola de críticas y llamados a la investigación por parte de diversos sectores políticos y sociales. La oposición ha exigido una explicación clara y transparente por parte de la diputada Orsini, mientras que organizaciones defensoras de los derechos de los niños han manifestado su preocupación por el posible daño causado a la adolescente.
El caso también pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en los procesos de acogida familiar, así como la importancia de proteger la privacidad y confidencialidad de los menores involucrados. La filtración de información sensible ha generado un debate sobre la ética periodística y la responsabilidad de los medios de comunicación en la cobertura de casos relacionados con la infancia vulnerable.
Mejor Niñez, la institución encargada de la protección de la adolescente, aún no ha emitido una declaración oficial sobre el caso, más allá de confirmar los incumplimientos de visitas por parte de Orsini. Se espera que en los próximos días se realice una investigación exhaustiva para determinar la veracidad de las acusaciones y establecer las responsabilidades correspondientes.
La situación de la diputada Orsini es delicada y podría tener consecuencias políticas y legales significativas. La credibilidad de la legisladora está en juego, y su futuro en el Congreso podría verse comprometido si se confirman las acusaciones en su contra. El caso también plantea interrogantes sobre la compatibilidad entre el ejercicio de un cargo público y el desempeño de un rol de apoyo a un menor en situación de vulnerabilidad. La transparencia y la rendición de cuentas serán fundamentales para esclarecer los hechos y garantizar la protección de los derechos de la adolescente involucrada.
