Lima, 27 de febrero de 2024 – El exministro del Interior, Daniel Urresti, recuperó su libertad este martes tras ser excarcelado del penal Virgen de las Mercedes en Chorrillos. Su salida se produce a raíz de una controversial decisión del Tribunal Constitucional (TC) que declaró nula la sentencia de 12 años de prisión impuesta por el asesinato del periodista Hugo Bustíos y la tentativa de asesinato del reportero Eduardo Rojas, hechos ocurridos en 1988 en la provincia de Huanta, Ayacucho.
La liberación de Urresti ha desatado una ola de reacciones encontradas en el ámbito político y social peruano, reabriendo viejas heridas y cuestionando la efectividad del sistema de justicia en casos de violaciones a los derechos humanos cometidas durante los años de conflicto interno.
El TC fundamentó su decisión en la prescripción del delito, argumentando que los hechos ocurrieron en 1988 y, por lo tanto, ya habían caducado al momento de dictarse la sentencia en 2023. Además, el tribunal invocó la Ley 32107, que establece la imposibilidad de procesar, condenar o sancionar por delitos de lesa humanidad cometidos antes del 1 de julio de 2002.
Esta interpretación de la ley ha sido duramente criticada por organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas, quienes denuncian que la decisión del TC sienta un peligroso precedente que podría favorecer la impunidad de otros responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Argumentan que la prescripción de estos delitos es inaceptable, dado que las víctimas y sus familias han esperado décadas por justicia.
La salida de Urresti del penal fue rápida y discreta. El exministro evitó brindar declaraciones a la prensa apostada en los exteriores del centro penitenciario y se dirigió directamente a la sede del partido Podemos Perú, en el Paseo Colón, donde se espera ofrezca una conferencia de prensa en las próximas horas.
Su llegada a la sede partidaria fue recibida con entusiasmo por sus seguidores, incluyendo al candidato presidencial de Podemos Perú, José Luna Gálvez, quien publicó en sus redes sociales una fotografía junto a Urresti, acompañada del mensaje: “Ya estás con nosotros, Daniel Urresti. El Perú te necesita”. En la imagen también se observa a la esposa de Urresti y al hijo de Luna Gálvez, evidenciando el apoyo del partido a su excandidato presidencial.
El caso Urresti se remonta a 1988, cuando, en su calidad de oficial del ejército, Urresti fue acusado de ordenar el asesinato del periodista Hugo Bustíos, corresponsal de la revista Caretas, y de participar en la tentativa de asesinato del reportero Eduardo Rojas. Bustíos fue asesinado a balazos en Huanta, mientras que Rojas resultó gravemente herido.
En abril de 2023, la Tercera Sala Penal Transitoria del Poder Judicial halló a Urresti culpable del delito de homicidio en agravio de Bustíos y lo condenó a 12 años de prisión. Urresti apeló la sentencia, invocando la Ley 32107, pero el Poder Judicial desestimó su argumento y ratificó la condena en noviembre de 2023.
La decisión del Tribunal Constitucional revierte este proceso judicial y libera a Urresti, generando un profundo malestar entre los defensores de los derechos humanos y las víctimas del conflicto interno.
La controversia en torno a la Ley 32107, que ha sido objeto de debate desde su aprobación, radica en su interpretación y aplicación. Sus defensores argumentan que la ley busca evitar la persecución política de personas que actuaron en el contexto del conflicto interno, mientras que sus críticos sostienen que la norma protege a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos y obstaculiza el acceso a la justicia para las víctimas.
La liberación de Urresti ha reavivado el debate sobre la necesidad de reformar la legislación peruana en materia de delitos de lesa humanidad, con el objetivo de garantizar que los responsables de estas violaciones sean llevados ante la justicia y que las víctimas reciban una reparación integral.
Organizaciones como la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH) han emitido comunicados condenando la decisión del TC y exigiendo al Estado peruano que cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Asimismo, han anunciado que analizarán la posibilidad de presentar recursos legales para impugnar la decisión del tribunal.
El caso Urresti también plantea interrogantes sobre el papel del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional en la protección de los derechos humanos y en la garantía del acceso a la justicia para las víctimas. La decisión del TC ha generado dudas sobre la independencia y la imparcialidad de estas instituciones, y ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión del sistema de justicia.
La conferencia de prensa que ofrecerá Urresti en las próximas horas será crucial para conocer su versión de los hechos y para analizar las implicaciones políticas de su liberación. Se espera que el exministro aborde las acusaciones en su contra y que explique su postura sobre la Ley 32107 y el caso Bustíos.
La liberación de Daniel Urresti es un punto de inflexión en la historia reciente del Perú, y sus consecuencias se sentirán en el ámbito político, judicial y social durante mucho tiempo. El debate sobre la justicia, la impunidad y los derechos humanos seguirá abierto, y la sociedad peruana deberá reflexionar sobre el legado del conflicto interno y sobre la necesidad de construir un futuro basado en la verdad, la justicia y la reparación.
