El relator de la PEC (Propuesta de Enmienda Constitucional) de la Seguridad, el diputado federal Mendonça Filho (União-PE), ha anunciado la inclusión de medidas más severas en la progresión de pena para aquellos acusados de crímenes contra grupos vulnerables, incluyendo jóvenes, niños y mujeres. Esta decisión, que busca endurecer el sistema penal en casos específicos, se produce en un contexto de creciente preocupación por la seguridad pública y la impunidad en Brasil. La votación del proyecto está programada para el próximo miércoles (4) en la Cámara de Diputados, y posteriormente será remitido al Senado para su análisis y aprobación.
Mendonça Filho explicó que la modificación en su informe ya contemplaba restricciones a la progresión de pena para miembros de facciones criminales. Ahora, se extiende esta medida a delitos como feminicidio y violación de personas vulnerables. El diputado justificó su decisión citando casos recientes que han generado indignación pública, como la absolución inicial, posteriormente revertida, de un hombre de 35 años en Minas Gerais acusado de mantener relaciones con una niña de 12 años. Este caso, sumado al aumento alarmante de feminicidios en todo el país, lo impulsó a incluir estas nuevas disposiciones en el texto de la PEC.
"La previsión de vetar la progresión, o tornarla más restrictiva, ya existe en mi relatório no caso de membros de facções criminosas. Estou incluindo agora também para crimes como feminicídios e estupro de vulneráveis", declaró Mendonça Filho.
Además de estas medidas, el relator de la PEC mantiene su propuesta de realizar un plebiscito en 2028 sobre la reducción de la edad de responsabilidad penal de 18 a 16 años. Esta iniciativa, que ha generado un intenso debate en el país, enfrenta la oposición del gobierno del presidente Lula da Silva. Mendonça Filho argumenta que el tema es polémico, pero cuenta con un amplio apoyo popular. Señala que la utilización de menores de edad en actividades criminales, incluso en homicidios, es una realidad preocupante, y que la pena actual, una medida socioeducativa de tres años, es insuficiente para disuadir estos actos.
"O tema é muito polêmico, mas tem uma adesão extraordinária da população. Hoje se utiliza menores de 17 anos, 16 anos, para matar e a maior penalidade é um medida socioeducativa de três anos. Há uma banalização da morte e do assassinato", afirmó el diputado.
Mendonça Filho también destacó que la reducción de la edad de responsabilidad penal es una tendencia observada en varios países, como Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. Recientemente, Argentina redujo la edad a 14 años, lo que, según el diputado, refuerza el argumento a favor de esta medida. Sin embargo, aclaró que no pretende llegar a un nivel tan bajo como el argentino.
"O movimento na Argentina reforça o argumento do ponto de vista político, mas claro que não quero ousar para chegar aos 14 anos", puntualizó.
La inclusión de estas medidas en la PEC de la Seguridad ha generado reacciones encontradas en el ámbito político y jurídico. Algunos sectores aplauden la iniciativa como un paso necesario para fortalecer la lucha contra la criminalidad y proteger a los grupos más vulnerables. Otros, sin embargo, advierten sobre el riesgo de caer en un populismo punitivo que no aborda las causas profundas de la violencia y puede violar los derechos humanos.
La PEC de la Seguridad, en su conjunto, busca reformar el sistema de seguridad pública en Brasil, otorgando mayores poderes a las fuerzas policiales, endureciendo las penas para determinados delitos y ampliando el uso de tecnologías de vigilancia. El proyecto ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, que temen que pueda conducir a un aumento de la violencia policial y a la criminalización de la pobreza.
El debate sobre la PEC de la Seguridad se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la inseguridad en Brasil. Los índices de criminalidad, especialmente en las grandes ciudades, han aumentado en los últimos años, generando un clima de miedo e inseguridad entre la población. El gobierno del presidente Lula da Silva ha prometido implementar políticas más efectivas para combatir la criminalidad, pero hasta el momento no ha logrado revertir la tendencia al alza.
La votación de la PEC en la Cámara de Diputados será un momento crucial para el futuro de la seguridad pública en Brasil. El resultado de la votación dependerá de la capacidad de Mendonça Filho para convencer a sus colegas de la necesidad de endurecer el sistema penal y de la presión de los diferentes grupos de interés que se han manifestado a favor o en contra del proyecto.
La discusión sobre la reducción de la edad de responsabilidad penal, en particular, promete ser intensa y polarizada. Los defensores de la medida argumentan que es necesario responsabilizar a los jóvenes que cometen delitos graves y que la pena actual es insuficiente para disuadir la criminalidad. Los opositores, por su parte, sostienen que la reducción de la edad de responsabilidad penal no es una solución efectiva y que puede tener consecuencias negativas para los jóvenes, especialmente aquellos que provienen de entornos vulnerables.
En resumen, la PEC de la Seguridad es un proyecto complejo y controvertido que busca reformar el sistema de seguridad pública en Brasil. La inclusión de medidas más severas para crímenes contra grupos vulnerables y la propuesta de realizar un plebiscito sobre la reducción de la edad de responsabilidad penal son dos de los puntos más polémicos del proyecto, que seguramente generarán un intenso debate en el Congreso Nacional. El futuro de la seguridad pública en Brasil dependerá, en gran medida, del resultado de este debate.
