Diez años después del brutal asesinato de Berta Cáceres, la defensora de los derechos humanos e indígenas en Honduras, una investigación exhaustiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha destapado una red de financiamiento que vincula a poderosos bancos de desarrollo europeos y centroamericanos con los sicarios que cometieron el crimen. El caso, que resonó a nivel mundial, sigue sin resolverse completamente, y la impunidad persiste como un obstáculo para la justicia y la protección de los activistas ambientales en Honduras.
Berta Cáceres fue asesinada en la madrugada del 2 de marzo de 2016 en su casa de La Esperanza, en el suroeste de Honduras. Su oposición al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, una represa en el río Gualcarque, considerado sagrado y vital para las comunidades indígenas Lenca, le costó la vida. La represa, impulsada por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), generó conflictos con las comunidades locales debido a los impactos ambientales y sociales que amenazaban su forma de vida.
La investigación de la CIDH se centra en la familia Atala Zablah, uno de los clanes empresariales más ricos de Centroamérica, con importantes intereses en el sector bancario. Los investigadores han rastreado el flujo de dinero a través de cuentas de diversas empresas, revelando una compleja triangulación de fondos destinados a pagar a los sicarios. Si bien ya hay ocho personas condenadas por su participación en el asesinato, la investigación apunta a la necesidad de identificar y juzgar a los autores intelectuales, aquellos que ordenaron y financiaron el crimen.
Berta Zúñiga Cáceres, hija de la activista asesinada y actual coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), ha asumido el liderazgo en la búsqueda de justicia para su madre. En una entrevista exclusiva con RFI, Zúñiga Cáceres expresó su frustración por la lentitud del proceso judicial y la falta de voluntad política para atacar la impunidad en Honduras.
“Obviamente hemos dicho que de las personas que están encarceladas, muchas no lo hicieron por motus propio, por su voluntad, sino en respuesta a intereses o por una decisión de ciertos actores, de ciertos actores económicos a los que la lucha de mi mami, nuestra compañera Berta Cáceres, y la lucha del pueblo indígena de Río Blanco le estorbaba”, declaró Zúñiga Cáceres. “Entonces, pues siempre nos hemos tratado de enfocar en el tema de la autoría intelectual. Nunca en Honduras se ha llevado al banquillo a un autor intelectual, ni en casos como el de Jeannette Kawas, Carlos Escaleras o el crimen reciente horroroso de Juan López y nosotros creemos que este caso (Berta Cáceres) tiene la única posibilidad para lograr hacer eso. Pero eso es una cosa muy delicada, eso nunca ha pasado en Honduras, siempre hablamos de estas 10 familias más poderosas y ellos forman parte de esas familias.”
Zúñiga Cáceres también denunció la corrupción y la influencia del poder económico en el sistema judicial hondureño. Según sus declaraciones, fiscales y jueces han recibido ofertas de dinero para obstaculizar las investigaciones y proteger a los responsables. “He tenido acceso a autoridades de justicia con el cambio de gobierno, obviamente, que tuvimos en las elecciones anteriores (con la izquierdista Xiomara Castro). He hablado con distintos fiscales generales que han estado durante estos años con personas de las Cortes Supremas de Justicia y ahí lo dicen abiertamente: nosotros tenemos una presión y aquí vino fulano y fulano y ofrecieron dinero. Es una cosa impresionante. Son campañas en las que uno apoya a otro con dinero y luego cuando gana el cargo asegura no procesar al financiador”, afirmó.
La situación de los defensores ambientales en Honduras sigue siendo precaria. A pesar de la elección de Xiomara Castro como presidenta, las estructuras criminales vinculadas a las élites económicas permanecen intactas. Zúñiga Cáceres denunció una campaña de desprestigio contra COPINH, con más de 4,000 mensajes negativos publicados en redes sociales desde que se libró una orden de captura contra Daniel Atala, gerente financiero de DESA.
“Lo hacen porque están activos, nadie ha hecho acciones para quitarle los permisos a la empresa. Entonces, si no se atacan esas estructuras criminales que propician los asesinatos, las amenazas, el desprestigio que se quiere hacer contra las organizaciones, pues no hay mucho que se pueda hacer”, explicó Zúñiga Cáceres. Además, advirtió sobre los desalojos de comunidades indígenas y la ocupación de territorios ancestrales por parte de proyectos turísticos.
El asesinato de Berta Cáceres generó una mayor sensibilización sobre la situación de los defensores ambientales y los pueblos indígenas en Honduras. Sin embargo, la impunidad sigue siendo un problema estructural que afecta a otros casos de activistas asesinados, periodistas y víctimas de feminicidio. Zúñiga Cáceres lamentó la falta de cumplimiento de las medidas de protección para los defensores de derechos humanos, a pesar de la creación de un mecanismo nacional con el objetivo de garantizar su seguridad.
“Soy beneficiaria de unas medidas de protección que no se cumplen y reiteradamente denunciamos el incumplimiento. En Honduras se creó, con el asesinato de mi mami, un mecanismo nacional de protección a defensoras y defensores de derechos humanos, comunicadores sociales, pero que nunca se ha cumplido totalmente”, señaló.
Zúñiga Cáceres, quien vive bajo amenaza constante, ha asumido el compromiso de continuar la lucha de su madre y exigir justicia para su asesinato. A pesar del miedo y la angustia, se mantiene firme en su convicción de que la verdad y la justicia son fundamentales para la reparación del daño causado y la prevención de futuros crímenes.
“El miedo no es algo que esté en mi día a día. Yo creo que una persona que tenga miedo no puede hacer este trabajo y no puede vivir en este país”, afirmó Zúñiga Cáceres. “Yo a veces más he temido y he sufrido mucha angustia por otras de mis compañeras que han estado en situaciones demasiado delicadas y en las que uno a veces se siente impotente de qué es lo que se puede hacer.”
La reciente victoria del conservador Nasry Asfura en las elecciones hondureñas genera preocupación sobre el futuro de la justicia en el caso de Berta Cáceres y la protección de los defensores ambientales. La persistencia de la impunidad y la influencia del poder económico en el sistema judicial representan un desafío para la búsqueda de la verdad y la reparación del daño causado. La lucha por la justicia para Berta Cáceres continúa, y su legado sigue inspirando a activistas y defensores de derechos humanos en todo el mundo.
