La Asamblea Legislativa de Costa Rica ha dado un paso histórico en la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, aprobando en segundo debate el expediente 23.871. La iniciativa, impulsada por el diputado Fabricio Alvarado de Nueva República, reforma la Ley contra la Trata de Personas y el Código Penal, endureciendo significativamente las penas para quienes exploten a menores de edad. Con el respaldo unánime de los 43 diputados presentes, el proyecto ahora espera la firma del presidente para convertirse en ley.
La legislación actual establece penas de prisión de 8 a 16 años por el tráfico de menores, elevándose a 10 a 20 años si el autor es pariente hasta el tercer grado de consanguinidad. La reforma aprobada eleva estas penas a un rango de 15 a 25 años de prisión para aquellos que promuevan, faciliten o favorezcan la venta de un menor, recibiendo cualquier tipo de compensación económica o de otra índole. Quienes paguen, gratifiquen o recompensen con el fin de adquirir a un menor también enfrentarán las mismas sanciones.
La gravedad de la pena se incrementa aún más cuando el autor del delito es un ascendiente, pariente hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, o una persona encargada de la guarda, custodia o representación legal del menor. En estos casos, la pena de prisión ascenderá de 20 a 30 años. La ley también incluye una disposición específica para profesionales o funcionarios públicos que, abusando de su cargo o no, participen en la venta, promoción, facilitación o legitimación de la venta de un menor, imponiéndoles la misma pena de 20 a 30 años de prisión.
Esta reforma legislativa llega en un momento crítico, dado el aumento de casos de explotación sexual de menores en el país. Recientemente, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ha estado investigando una red de explotación sexual liderada por ciudadanos chinos, donde adolescentes de 13, 15 y 17 años reclutaban a otras menores a través de plataformas como Instagram y TikTok. La investigación busca a 22 personas involucradas en esta red criminal.
Más allá del endurecimiento de las penas, el proyecto de ley contempla la creación de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (Conatt). Esta coalición, un organismo interinstitucional, estará integrada por representantes de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), la Dirección General de Migración y Extranjería, la Fiscalía General de la República, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), la Agencia de Alfabetización Adulta (IAFA), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud y la Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
La Conatt tendrá la responsabilidad de coordinar esfuerzos y acciones entre las diferentes instituciones para prevenir, combatir y erradicar el tráfico de migrantes y la trata de personas. Las funciones específicas de cada institución se definirán en el reglamento de la ley, respetando el ámbito de sus competencias. Los representantes de cada institución serán designados por un período de cuatro años, sin posibilidad de reelección consecutiva.
Una vez constituida, la Conatt establecerá un registro donde se inscribirán las organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajen en la defensa de los derechos humanos o que tengan una actividad específica en la lucha contra el tráfico de migrantes y la trata de personas. Para ser incluidas en el registro, las ONG deberán acreditar su personería jurídica vigente y demostrar una trayectoria de al menos tres años de actividad.
La iniciativa también incluye una cláusula de no retroactividad, lo que significa que los cambios en las penas no se aplicarán a casos cometidos antes de la entrada en vigor de la nueva ley. Esto implica que los expresidentes de la República continuarán manteniendo sus pensiones actuales, ya que este es considerado un derecho adquirido.
La aprobación de este proyecto de ley representa un avance significativo en la protección de los derechos de los menores y en la lucha contra las redes criminales que se dedican al tráfico de personas. La creación de la Conatt permitirá una mayor coordinación entre las instituciones del Estado y las organizaciones de la sociedad civil, fortaleciendo la capacidad del país para prevenir, investigar y sancionar estos delitos.
El diputado Alvarado expresó su satisfacción por la aprobación del proyecto, destacando que "esta ley envía un mensaje claro a los criminales: Costa Rica no tolerará la explotación de nuestros niños y niñas. Estamos comprometidos con la protección de los más vulnerables y con la construcción de una sociedad más justa y segura".
La expectativa ahora se centra en la pronta firma del proyecto por parte del presidente de la República, para que la nueva ley entre en vigor y se puedan implementar las medidas necesarias para combatir eficazmente el tráfico de migrantes y la trata de personas en Costa Rica. La sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos han acogido con beneplácito esta iniciativa, considerándola un paso fundamental para proteger a las víctimas y desmantelar las redes criminales que se lucran de la miseria y la vulnerabilidad de las personas.
