El Gobierno de Mendoza inició una nueva ronda de paritarias con los gremios estatales ATE y UPCN este miércoles, en el marco de las negociaciones salariales para 2026. La propuesta oficial, sin embargo, ya genera fuertes tensiones, al replicar el esquema ofrecido a otros sectores: un aumento del 7% dividido en dos tramos, no acumulativos y calculados sobre los salarios de diciembre de 2025. Esta oferta se presenta como significativamente inferior a las expectativas de ATE, que había anticipado la semana pasada su intención de buscar un salario inicial de $1.800.000 para los trabajadores estatales.
Las negociaciones, que se llevaron a cabo en la Subsecretaría de Trabajo y Empleo, alcanzaron a personal de diversos regímenes, incluyendo el Régimen 5 de Administración Central, Régimen 13 de Parques y Ecoparque, Guardaparques, personal del Régimen 35 de la Subsecretaría de Ambiente, e incluso un primer encuentro con empleados judiciales. El Ejecutivo propuso un incremento del 5% en marzo y otro 2% en mayo, ambos sobre la base salarial de diciembre pasado. Tras el encuentro, las partes acordaron un cuarto intermedio hasta la próxima semana para continuar la negociación.
Desde el Gobierno se informó que se recibieron los planteos gremiales, tanto salariales como sectoriales, y que se analizará su viabilidad económica y legal antes de la próxima reunión. Sin embargo, la distancia entre la oferta y el reclamo de ATE es considerable. El secretario general de ATE, Roberto Macho, había advertido previamente que el gremio presentaría un planteo más amplio que el puramente salarial, con el objetivo central de asegurar que ningún trabajador estatal cobre menos de $1.800.000. Esta cifra, según el sindicato, es la necesaria para cubrir las necesidades básicas de una familia.
La pretensión de ATE supera ampliamente la canasta básica actual, estimada en alrededor de $1.360.000, y evidencia la profunda brecha entre las expectativas salariales del gremio y la oferta del Gobierno provincial. Además de la cuestión salarial general, ATE también planteará reclamos específicos por sectores, con especial énfasis en la situación del Régimen 15 de Salud, donde los salarios iniciales para trabajadores no profesionales rondan entre $650.000 y $700.000 por jornadas de 40 horas semanales.
El gremio también solicitará la implementación de fondos estímulo por metas institucionales para organismos como el Iscamen (Instituto de Seguridad de Caza y Pesca) y la Orquesta Sinfónica, así como otros planteos relacionados con adicionales y condiciones laborales. El calendario paritario de ATE se extenderá hasta este jueves, aunque desde el sindicato se ha informado que evitarán realizar declaraciones oficiales hasta que concluyan todas las reuniones.
La posible negativa a la propuesta del Gobierno se sumaría a las críticas ya expresadas por el SUTE (Sindicato Único de Trabajadores de la Educación) y AMPROS (Asociación de Médicos Provinciales), quienes también consideraron insuficiente el mismo esquema salarial ofrecido por el Ejecutivo en sus respectivas negociaciones. Esta situación podría desencadenar un conflicto salarial más amplio en el sector público provincial.
La próxima semana se presenta como crucial para determinar si el Gobierno provincial está dispuesto a mejorar su oferta o si el conflicto salarial se extenderá a otros sectores del Estado. La postura del Ejecutivo será determinante para evitar una escalada de tensiones y asegurar la estabilidad laboral en la administración pública mendocina. La insistencia de ATE en un salario mínimo de $1.800.000, justificada por el aumento del costo de vida y la necesidad de garantizar un nivel de vida digno para los trabajadores estatales, pone en evidencia la complejidad de las negociaciones y la necesidad de encontrar un punto de equilibrio que satisfaga las demandas de los gremios y las posibilidades económicas del Gobierno.
La falta de acuerdo podría derivar en medidas de protesta por parte de ATE, incluyendo movilizaciones, paros y otras formas de presión sindical. El impacto de estas medidas en la prestación de servicios públicos esenciales podría ser significativo, generando inconvenientes para la ciudadanía y complicando la gestión gubernamental. Por ello, se espera que el Gobierno provincial evalúe cuidadosamente la situación y considere la posibilidad de realizar una oferta más sustanciosa para evitar un conflicto prolongado y costoso.
La negociación salarial en Mendoza se enmarca en un contexto nacional de creciente inflación y deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores. La presión por obtener aumentos salariales que permitan mantener el nivel de vida se intensifica en todos los sectores, y los gobiernos provinciales se enfrentan al desafío de equilibrar las demandas de los gremios con las restricciones presupuestarias. La resolución de las paritarias en Mendoza podría sentar un precedente para otras provincias y tener un impacto significativo en la política salarial a nivel nacional.
