La desarticulada organización criminal, vinculada al tráfico ilegal de migrantes y conocida extraoficialmente como “los Talibanes”, operó en Los Chiles de Alajuela con una logística inusual que incluía el alquiler de botas de hule a las víctimas para facilitar su paso por terrenos pantanosos. La investigación, liderada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía Adjunta Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (FACTRA), reveló una red compleja que no solo se dedicaba al tráfico de personas, sino también a robos agravados, venta de drogas e incluso homicidios, generando ganancias superiores a los ¢70 millones mensuales.
La operación, que se extendió desde 2021, se caracterizó por una estructura “horizontal”, según el director interino del OIJ, Michel Soto, carente de líderes definidos y funcionando más como una “economía criminal”. Esta estructura se dividía en roles específicos: informantes o vigilantes (“campanas”), encargados de monitorear la actividad policial y alertar a los transportistas; transportistas, responsables de trasladar a los migrantes y, en ocasiones, de despojarlos de sus pertenencias; y una red de colaboradores que incluía a funcionarios de Fuerza Pública y Migración.
La peculiar práctica del alquiler de calzado, específicamente botas de hule, surgió como un detalle clave en la investigación. La Fiscalía ordenó la recopilación de evidencia de este tipo de calzado, ya que facilitaba el desplazamiento de los migrantes a través de las zonas pantanosas de la frontera norte. Este detalle, aunque aparentemente menor, ilustra la meticulosidad y la adaptación de la organización a las condiciones del terreno y las necesidades de sus víctimas.
La red movilizaba entre 150 y 200 personas diariamente, lo que equivale a entre 4.500 y 6.000 migrantes al mes. Los informantes, entre ellos una mujer identificada con los apellidos Mondragón Mondragón, desempeñaban un papel crucial en la comunicación y el flujo de información en tiempo real, alertando sobre la presencia policial y coordinando los traslados. Los 29 transportistas identificados no solo se encargaban de llevar a los migrantes, sino que también los asaltaban, intimidándolos y robándoles dinero y teléfonos celulares.
La colaboración de funcionarios públicos fue un factor determinante en el éxito de la operación. Cuatro oficiales de Fuerza Pública –Jarquín Jiménez, Rocha Fletes, Molina Jiménez y Sandoval Torrentes– y un policía de Migración –Morales Solano– son acusados de facilitar el tráfico ilícito, ya sea obviando los controles migratorios o alertando a la organización sobre la presencia policial a cambio de pagos de ¢10.000 por alerta. La investigación determinará si se aplicará una medida cautelar o la prisión preventiva a estos funcionarios.
La FACTRA también documentó la escalada de violencia de la banda, culminando en el homicidio de Nelson García Duarte el 13 de junio de 2025. Según el expediente judicial, García Duarte fue golpeado con tubos mientras era transportado en un vehículo Toyota por Rojas Ruiz, Espinoza Reyes (quien conducía el vehículo) y Rodríguez. La investigación apunta a que los agresores fueron quienes perpetraron el ataque fatal.
Actualmente, la Fiscalía está tomando declaraciones indagatorias a las 50 personas detenidas y evaluando las solicitudes de medidas cautelares. Debido al gran número de imputados, la audiencia podría extenderse por varios días. El fiscal general Carlo Díaz anunció que se solicitará prisión preventiva para varios de los presuntos implicados, dependiendo de su grado de participación en la estructura delictiva y los peligros procesales que se determinen.
Este caso pone de manifiesto la complejidad del tráfico ilegal de migrantes y la necesidad de una respuesta integral que involucre a las fuerzas de seguridad, el sistema judicial y las autoridades migratorias. La colaboración de funcionarios públicos en la red criminal plantea serias interrogantes sobre la integridad de las instituciones y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión. La investigación continúa en curso para identificar a otros posibles implicados y desmantelar por completo la organización criminal. La FACTRA ha reiterado su compromiso con la persecución de estas redes y la protección de los derechos de los migrantes, quienes son las víctimas más vulnerables de esta actividad ilícita. El caso de “los Talibanes” sirve como un recordatorio de la brutal realidad que enfrentan miles de personas que buscan una vida mejor, y la importancia de combatir el crimen organizado que se aprovecha de su desesperación.
