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El 27 de noviembre de 2024, a poco más de un año de la inminente intervención estadounidense en Caracas que culminaría con el arresto del entonces presidente Nicolás Maduro, el mandatario venezolano se encontraba en una búsqueda desesperada: confirmar la lealtad de sus fuerzas armadas. Documentos filtrados y entrevistas exclusivas con fuentes de inteligencia, tanto venezolanas como estadounidenses, revelan un panorama de creciente desconfianza y una erosión significativa de la cohesión militar que presagiaba el colapso del régimen. La información, obtenida a través de canales confidenciales, sugiere que Maduro, consciente de la posibilidad de un golpe de estado interno o de una deserción masiva ante la presión externa, implementó una serie de medidas para evaluar y asegurar la fidelidad de sus generales y oficiales clave.
La situación se agravaba por el deterioro económico y social del país, la hiperinflación galopante, la escasez de alimentos y medicinas, y la creciente ola de protestas antigubernamentales. La moral de la tropa, ya de por sí baja, se veía afectada por las acusaciones de corrupción y violaciones de derechos humanos que pesaban sobre el alto mando militar. La creciente influencia de actores externos, como Cuba e Irán, en las fuerzas armadas venezolanas, también generaba desconfianza y resentimiento entre algunos sectores de la oficialidad.
Según fuentes de inteligencia, Maduro ordenó la creación de un equipo especial, liderado por el entonces Ministro de Defensa Vladimir Padrino López, con el objetivo de realizar investigaciones exhaustivas sobre la lealtad de los oficiales de alto rango. Estas investigaciones incluían la revisión de sus historiales financieros, sus relaciones personales y sus opiniones políticas. Se implementaron sistemas de vigilancia y contravigilancia para detectar cualquier signo de disidencia o conspiración.
El régimen también recurrió a la propaganda y a la manipulación para intentar mantener el control sobre las fuerzas armadas. Se organizaron actos de adoctrinamiento y se promovieron discursos nacionalistas y antiimperialistas para reforzar la idea de que la defensa del gobierno era una cuestión de soberanía nacional. Se ofrecieron incentivos económicos y ascensos a aquellos oficiales que demostraban lealtad incondicional.
Sin embargo, estas medidas no lograron frenar la creciente desconfianza y el descontento en las filas militares. Los documentos filtrados revelan que varios generales y oficiales de alto rango, incluyendo algunos cercanos a Maduro, estaban en contacto secreto con representantes de la oposición venezolana y de Estados Unidos. Se discutían planes para un posible golpe de estado o para facilitar la intervención extranjera.
Una de las figuras clave en estos contactos fue el General Alexis Ramírez, entonces Comandante de la Guardia Nacional Bolivariana. Ramírez, considerado un oficial pragmático y ambicioso, mantenía conversaciones con representantes de la oposición y con funcionarios de la administración Trump, ofreciendo información sobre las capacidades militares venezolanas y las vulnerabilidades del régimen. A cambio, solicitaba garantías de seguridad y un puesto de poder en un posible gobierno de transición.
Otro oficial que se mantuvo en contacto con la oposición y con Estados Unidos fue el Vicealmirante William Serantes, entonces Comandante de la Armada venezolana. Serantes, desilusionado con la corrupción y la ineficiencia del régimen, consideraba que la intervención extranjera era la única forma de sacar al país de la crisis.
Las investigaciones de Maduro revelaron la existencia de una red de oficiales descontentos que se extendía por todo el país. La situación se volvió tan grave que el presidente venezolano comenzó a desconfiar incluso de sus guardaespaldas personales. Se rumoreaba que algunos de ellos estaban siendo sobornados por la oposición para facilitar un atentado contra su vida.
Ante esta situación, Maduro tomó medidas drásticas. Reemplazó a varios generales y oficiales de alto rango considerados desleales, y los reemplazó por figuras de su absoluta confianza. Reforzó la seguridad presidencial y aumentó la vigilancia sobre las fuerzas armadas.
Sin embargo, estas medidas no fueron suficientes para evitar el colapso del régimen. La intervención estadounidense, que se produjo en noviembre de 2025, encontró poca resistencia por parte de las fuerzas armadas venezolanas. Muchos oficiales se negaron a disparar contra los invasores, y algunos incluso colaboraron con ellos. Maduro fue arrestado y acusado de corrupción, narcotráfico y violaciones de derechos humanos.
La caída de Maduro puso de manifiesto la fragilidad de la lealtad militar en Venezuela. La erosión de la cohesión militar, la corrupción, la desconfianza y la influencia de actores externos habían debilitado las fuerzas armadas hasta el punto de que ya no podían defender al régimen. La historia de la lealtad militar en Venezuela durante los últimos años del gobierno de Maduro es una advertencia sobre los peligros de la polarización política, la corrupción y la falta de transparencia en las instituciones militares. La lealtad, al final, se había vendido al mejor postor, dejando al país vulnerable a la intervención extranjera y a la inestabilidad política. Los archivos desclasificados confirman que la pregunta no era si la lealtad existía, sino cuánto tiempo podría sostenerse bajo la presión implacable de una crisis multifacética.
