El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, regresará este domingo a su país después de permanecer cuatro años en Estados Unidos. El exmandatario fue extraditado a territorio estadounidense, donde fue condenado a prisión y posteriormente indultado, permitiendo así su retorno al país centroamericano. A su llegada, Hernández espera retomar su vida personal y hacer frente a un proceso penal que aún tiene pendiente en Honduras por cargos de fraude y lavado de activos, imputaciones de las cuales se ha declarado inocente.
Los últimos ocho meses han sido determinantes para el exgobernante de 57 años, cuyas noticias han captado la atención de la región. A finales de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su intención de otorgar un indulto al exmandatario, quien en 2024 había sido sentenciado a 45 años de prisión por cargos relacionados con el narcotráfico. La liberación se concretó a principios de diciembre, coincidiendo con el periodo electoral en Honduras, donde Nasry “Tito” Asfura, candidato del conservador Partido Nacional —partido que también postuló a Hernández en su momento—, resultó ganador de la presidencia con el respaldo expresado por Donald Trump.
En declaraciones brindadas a CNN en el mes de junio, Hernández mantuvo su postura de inocencia y afirmó que el indulto otorgado por Trump se debió a que el mandatario estadounidense reconoció que se había cometido una “injusticia” en su contra. Asimismo, el exmandatario descartó cualquier intención de regresar a la actividad política, asegurando que se limitará a expresar sus opiniones como ciudadano cuando lo considere pertinente. Según indicó, su prioridad inmediata es recuperar el tiempo perdido junto a su familia.
Sobre su retorno, Hernández adelantó que buscaría enfrentar las acusaciones pendientes en Honduras, las cuales describió como un “montaje político” dejado por el partido Libre, la fuerza política rival del Partido Nacional. En una entrevista reciente con la agencia EFE, señaló su esperanza de llevar el proceso judicial en libertad y solicitó que las autoridades garanticen su seguridad personal basándose en su condición de exmandatario. Argumentó que el Estado de Honduras tiene la obligación legal de proteger a sus ciudadanos, especialmente en su caso particular.
El camino legal que llevó a Hernández a Estados Unidos comenzó tras la conclusión de su segundo mandato presidencial. Bajo la administración de Joe Biden, el gobierno estadounidense solicitó su extradición. El proceso formal inició en febrero de 2022, cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras remitió la solicitud a la Corte Suprema, la cual nombró a un juez natural que libró la orden de detención contra el expresidente en Tegucigalpa.
Hernández se entregó voluntariamente a las autoridades de la Secretaría de Seguridad, quienes habían desplegado un operativo de seguridad alrededor de su residencia. Tras ser trasladado al Comando de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, conocido como “Cobras”, permaneció bajo arresto hasta que el 28 de marzo de 2022 el juez ratificó su entrega. Finalmente, el 21 de abril fue trasladado a agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA).
En aquel momento, el Departamento de Justicia de Estados Unidos sostuvo que Hernández se había asociado con narcotraficantes prominentes para construir un imperio corrupto y violento. El comunicado oficial señaló que el exmandatario protegió a grandes traficantes, incluyendo a su hermano, Juan Antonio Hernández Alvarado, alias “Tony Hernández”, quien fue condenado en marzo de 2021 a cadena perpetua más 30 años por tráfico de drogas a gran escala.
A pesar de las condenas y las acusaciones, Hernández siempre negó los cargos. En febrero de 2022, a través de una carta abierta en Twitter, lamentó que Estados Unidos lo declarara “inelegible” para obtener una visa, asegurando que las acusaciones provenían de narcotraficantes y asesinos confesos que habían sido extraditados por su propio Gobierno.
El impacto legal en Honduras también fue severo; además de la pérdida de su libertad, se le confiscaron activos financieros y bienes inmuebles. La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado solicitó el aseguramiento de 33 bienes inmuebles, ocho sociedades mercantiles, 16 vehículos y diversos productos financieros. El juicio en Estados Unidos fue conducido por el juez Kevin Castel, el mismo encargado de sentenciar a su hermano Tony.
En cuanto a su trayectoria, Juan Orlando Hernández nació el 28 de octubre de 1968. Tiene formación como subteniente de reserva en armas de infantería y estudió en el Liceo Militar del Norte. Es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y posee una maestría en Administración Pública de la Universidad Estatal de Nueva York en Albany.
Su carrera pública inició como asistente del primer secretario del Congreso de Honduras y posteriormente fue electo diputado por el departamento de Lempira para el periodo 1998-2002, siendo reelecto por tres periodos más. En 2002 asumió como primer secretario del Congreso y en 2010 llegó a la presidencia de dicha institución. Desde allí lanzó su campaña presidencial, ganando las elecciones de 2013 frente a Xiomara Castro.
Hernández gobernó Honduras en dos periodos consecutivos: de 2014 a 2018 y de 2018 a 2022. Su reelección fue polémica y cuestionada por diversos sectores, luego de que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declarara inaplicable la prohibición constitucional de reelección en marzo de 2015. Tras un proceso electoral disputado, fue declarado ganador el 17 de diciembre de 2017, venciendo a Salvador Nasralla. Finalmente, traspasó el mando a Xiomara Castro en enero de 2022. En el ámbito personal, Hernández está casado con la abogada Ana Rosalinda García Carias, con quien tiene cuatro hijos.
