El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, regresará este domingo a su país tras haber permanecido cuatro años en Estados Unidos. El exmandatario fue extraditado a territorio estadounidense, donde fue condenado a prisión y, posteriormente, recibió un indulto que permitió su liberación. A su regreso, Hernández espera retomar su vida personal y enfrentar un proceso penal que aún tiene pendiente en Honduras por cargos de fraude y lavado de activos, delitos de los cuales se ha declarado inocente.
A sus 57 años, Hernández ha atravesado ocho meses de intensas noticias que han captado la atención de la región. El giro determinante en su situación legal ocurrió a finales de noviembre, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su intención de indultar al exgobernante. Previamente, en el año 2024, Hernández había sido condenado a una pena de 45 años de prisión por cargos relacionados con el narcotráfico.
La liberación se hizo efectiva a principios de diciembre, coincidiendo con el periodo electoral en Honduras. En dichos comicios, resultó ganador Nasry “Tito” Asfura, candidato del Partido Nacional, fuerza política que en su momento también postuló a Hernández y que cuenta con el respaldo expreso de Donald Trump.
En declaraciones brindadas a CNN en junio, el exmandatario defendió su inocencia y sostuvo que el indulto de Trump se debió a que el presidente estadounidense reconoció que se había cometido una “injusticia” en su contra. Asimismo, Hernández descartó cualquier intención de regresar a la actividad política, asegurando que se limitará a expresar sus opiniones como ciudadano cuando lo considere oportuno. El exgobernante enfatizó que su prioridad actual es recuperar el tiempo perdido junto a su familia.
Respecto a su situación jurídica en Honduras, Hernández adelantó que buscaría regresar para enfrentar las acusaciones pendientes, las cuales describió como un “montaje político” dejado por el partido Libre, rival político del Partido Nacional. En una entrevista reciente con la agencia EFE, el exmandatario señaló que espera llevar este proceso en libertad y solicitó que las autoridades garanticen su seguridad, argumentando que el Estado de Honduras tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos y, específicamente, a su persona en calidad de exmandatario.
El camino hacia su detención comenzó al finalizar su segundo mandato presidencial. Juan Orlando Hernández gobernó Honduras en dos periodos consecutivos: de 2014 a 2018 y de 2018 a 2022. El proceso judicial se activó cuando el Gobierno de Joe Biden solicitó su extradición. En febrero de 2022, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras remitió la solicitud a la Corte Suprema, la cual nombró a un juez natural que libró la orden de detención mientras el expresidente se encontraba en Tegucigalpa.
Hernández se entregó voluntariamente a las autoridades de la Secretaría de Seguridad en un operativo desplegado alrededor de su residencia. Posteriormente, fue trasladado al Comando de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, conocidos como “Cobras”, donde permaneció bajo arresto hasta que el 28 de marzo de 2022 un juez ratificó su entrega a la justicia estadounidense. Finalmente, el 21 de abril de 2022, fue entregado a agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA).
El Departamento de Justicia de EE.UU. señaló en su momento que Hernández supuestamente se asoció con narcotraficantes prolíficos para construir un imperio corrupto y violento. Según el organismo, el exmandatario protegió a grandes narcotraficantes, incluido su hermano, Juan Antonio Hernández Alvarado, alias “Tony Hernández”, quien fue condenado en marzo de 2021 a cadena perpetua más 30 años por tráfico de drogas a gran escala.
A pesar de las sentencias, Juan Orlando Hernández mantuvo su postura de inocencia. En febrero de 2022, mediante una carta abierta en Twitter, lamentó que Estados Unidos lo declarara “inelegible” para obtener una visa, basándose en testimonios de narcotraficantes y asesinos confesos que, según él, habían sido extraditados o perseguidos por las acciones contra el tráfico de drogas de su propio Gobierno.
Las repercusiones legales también afectaron su patrimonio en Honduras. La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado solicitó el 1 de abril de 2022 el aseguramiento e incautación de 33 bienes inmuebles, ocho sociedades mercantiles, 16 vehículos y diversos productos financieros del exmandatario. El juicio en Estados Unidos estuvo a cargo del juez Kevin Castel, quien también sentenció a su hermano Tony Hernández.
En cuanto a su trayectoria, Juan Orlando Hernández nació el 28 de octubre de 1968. Se formó como subteniente de reserva en armas de infantería y estudió en el Liceo Militar del Norte. Es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y posee una maestría en Administración Pública de la Universidad Estatal de Nueva York en Albany.
Su carrera pública inició como asistente del primer secretario del Congreso. Fue diputado por Lempira entre 1998 y 2002, siendo reelecto por tres periodos más. Para 2002 fue nombrado primer secretario del Congreso y en 2010 asumió la presidencia de dicha institución, desde donde lanzó su candidatura presidencial. Ganó las elecciones de 2013 frente a Xiomara Castro.
Su permanencia en el poder se extendió gracias a un fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en marzo de 2015, que declaró inaplicable la prohibición constitucional de la reelección. Tras unas elecciones cuestionadas, fue declarado ganador el 17 de diciembre de 2017, venciendo a Salvador Nasralla. Gobernó hasta enero de 2022, cuando traspasó el mando a Xiomara Castro. En el ámbito personal, Hernández está casado con la abogada Ana Rosalinda García Carias y tiene cuatro hijos.
