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El gobierno colombiano ha desatado una tormenta de controversia con la publicación de un proyecto de decreto que ordena la transferencia de más de 25 billones de pesos desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a Colpensiones. La medida, que impacta directamente a los más de 118 mil afiliados que optaron por la “ventana de oportunidad” de traslado contemplada en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, ha generado fuertes críticas y acusaciones de un posible despojo de los ahorros de los trabajadores.
El proyecto exige a Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia realizar la transferencia en un plazo de 15 días tras la expedición del decreto. Sin embargo, la controversia radica en que esta acción contradice lo establecido en la ley, la cual dicta que los recursos deben permanecer bajo la administración de las AFP hasta el momento de la consolidación de la pensión de vejez, para luego pasar al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo. La propuesta gubernamental, en cambio, permitiría a Colpensiones administrar estos fondos de manera anticipada, un punto central del debate.
El nuevo Fondo de Ahorro, creado como parte de la reforma pensional, estaría bajo la administración del Banco de la República y su propósito exclusivo sería financiar pensiones bajo el nuevo esquema de pilares. No obstante, el artículo 24 de la ley especifica que los recursos provenientes de los traslados deben destinarse al componente de prima media, prohibiendo su uso para el pago de prestaciones de transición o mesadas ya reconocidas por Colpensiones.
Andrés Velasco, presidente de Asofondos, ha sido uno de los voceros más críticos, afirmando que “el decreto pretende que las AFP giren a Colpensiones más de 25 billones de pesos, para usarlos de manera contraria a lo que ordena la Ley”. Velasco advierte que esta medida podría liberar recursos del presupuesto nacional a corto plazo, pero a costa de comprometer la sostenibilidad futura del sistema pensional y el ahorro protegido en la reforma.
La polémica se ha extendido al ámbito político, con la candidata presidencial Vicky Dávila alzando la voz en redes sociales. En un video publicado en X, Dávila acusó al presidente Gustavo Petro de intentar “robar el ahorro de los trabajadores colombianos”, advirtiendo que la decisión pondría en riesgo la estabilidad de las pensiones. Dávila argumenta que el gobierno busca transferir los recursos acumulados por millones de afiliados en fondos privados a Colpensiones, lo que, según ella, resultaría en pensiones más bajas.
La candidata también alertó sobre la posible repatriación de los recursos invertidos en el extranjero, argumentando que la rentabilidad de estos fondos suele ser superior a la obtenida en el sistema local. Según Dávila, esta repatriación disminuiría el crecimiento del ahorro pensional y afectaría el capital disponible para cada jubilado, traduciéndose en pensiones más bajas. “Petro quiere que las pensiones sean más pequeñas”, afirmó, instando a la ciudadanía a movilizarse para defender su patrimonio.
Dávila incluso cuestionó la figura de Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, sugiriendo que grupos interesados podrían beneficiarse de la reforma. “Despierten, Petro quiere comprar la presidencia para Cepeda con el ahorro de los trabajadores. No lo vamos a permitir”, aseveró.
La preocupación central reside en el destino que se le dará a estos fondos una vez transferidos a Colpensiones. Si bien la ley establece que deben destinarse al componente de prima media, existe el temor de que puedan ser utilizados para cubrir otros gastos o financiar el nuevo sistema pensional de manera que comprometa la rentabilidad y la seguridad de los ahorros individuales.
Las AFP argumentan que la inversión en el extranjero ha sido clave para generar mayores rendimientos y asegurar pensiones dignas para los afiliados. La repatriación de estos fondos y su administración por parte de Colpensiones, según ellas, podría reducir la rentabilidad y poner en riesgo el futuro de las pensiones.
El debate ha reabierto la discusión sobre la reforma pensional y la sostenibilidad del sistema. Mientras el gobierno defiende la medida como una forma de fortalecer Colpensiones y garantizar el acceso a una pensión digna para todos los colombianos, los opositores advierten sobre los riesgos de un posible despojo de los ahorros individuales y la incertidumbre que genera la administración de los fondos por parte de una entidad estatal.
La situación se complica aún más por la reciente aprobación de la reforma pensional, que ha generado divisiones y controversias en la sociedad. La implementación de la reforma y la transferencia de los fondos a Colpensiones podrían tener un impacto significativo en el futuro de las pensiones en Colombia, y es crucial que se realice de manera transparente y responsable, garantizando la protección de los ahorros de los trabajadores.
El gobierno deberá responder a las críticas y aclarar sus intenciones con respecto a la administración de los fondos transferidos a Colpensiones. La transparencia y el diálogo con todos los actores involucrados son fundamentales para evitar mayores tensiones y garantizar la sostenibilidad del sistema pensional en Colombia. La incertidumbre actual genera preocupación entre los afiliados, quienes temen por el futuro de sus ahorros y la posibilidad de recibir pensiones más bajas de lo esperado. La resolución de este conflicto será clave para determinar el rumbo del sistema pensional colombiano en los próximos años.
